Sobre la controversia del uso de glifosato en la agricultura y sus consecuencias

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Mi formación en Manejo y Conservación de Suelos y su aplicación en mis trabajos de investigación, docencia y extensión universitarios, así como en mi pasaje por la Dirección Nacional de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se centraron, principalmente, en el control y mitigación de la erosión, que es la principal amenaza para los suelos del mundo. No voy a extenderme en la importancia de conservar recursos naturales finitos y no renovables en tiempo humano, de los que depende la producción de alrededor del 95% de los alimentos y que cumplen funciones ecosistémicas de regulación de los ciclos del agua, los nutrientes y el carbono (los suelos del mundo tienen tres veces más carbono que toda la vegetación terrestre más la atmósfera sumados), y alojan el 25% de la biodiversidad del planeta.

Viví, entre mis comienzos académicos en los 70 del siglo XX y mi retiro por los 20 de este siglo, una de las mayores transformaciones tecnológicas de la agricultura, que fue la posibilidad y concreción del abandono del laboreo convencional (LC) para pasar a la agricultura sin laboreo o Siembra Directa (SD). La única razón científicamente demostrada del LC es eliminar la vegetación existente para plantar cultivos sin competencia (por luz, agua y nutrientes) y sus efectos son muy difíciles de controlar en cuanto a generación de erosión y reducción del contenido de carbono orgánico de los suelos (o sea, en degradación de suelos). Al aparecer herbicidas totales en base a glifosato, capaces de realizar la misma función, y máquinas de siembra capaces de colocar las semillas dentro del suelo a la profundidad de siembra, estando el suelo cubierto por los residuos muertos del cultivo o vegetación anterior y sin haber sido aflojado por el laboreo mecánico, se abrió la posibilidad del cambio tecnológico que posibilitaría una muy importante mitigación de los efectos negativos del laboreo. Además, ello fue facilitado porque también genera una importante reducción de los costos de producción (menos tractores y más pequeños, eliminación de arados, rastras, etc., y mucho menor consumo de combustibles fósiles). La diferencia en los requerimientos energéticos involucrados en el comienzo de la transición, en 1980, se estimó en Estados Unidos en alrededor de un 50%.

El mal necesario para la realización de cultivos es tener que eliminar la vegetación residente, que en campos nuevos es la natural. Ello se hacía históricamente con laboreo mecánico y pasó a ser sustituido por el uso de los herbicidas. En términos de conservación de suelos, al tenerlos siempre cubiertos por vegetación viva o muerta al usar SD, se obtuvieron resultados impactantes. Nuestra investigación de largo plazo en parcelas de “escurrimiento” bajo lluvia natural (tres suelos en tres sitios experimentales diferentes, 17 sistemas de uso y manejo, 370 tormentas erosivas registradas en alrededor de 15 años) nos mostró que los sistemas de cultivos continuos (CC) con SD tuvieron 85% menos erosión que con laboreo convencional, en coincidencia con los resultados en la bibliografía internacional de suelos, clima y sistemas agrícolas semejantes a los nuestros y con las Directrices Voluntarias para la Gestión Sostenible de los Suelos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Pero, además, nosotros teníamos como sistema predominante la rotación mitad de tiempo bajo cultivos y mitad de tiempo bajo pasturas (RCP). En esos experimentos, el nivel de conservación de RCP con siembra directa fue aún mejor (más del 90% de reducción de erosión comparado con el sistema de cultivo continuo con laboreo convencional) y no significativamente diferente al de las parcelas bajo campo natural, lo que significó casi el logro de una utopía de conservación de suelos.

Se comprenderá entonces que, teniendo presente que el uso del glifosato es el “nuevo mal necesario”, fuimos y somos conscientes de que se lo debe usar con la mayor precaución, empezando por evitar usar más del necesario. Pero, a fines del siglo pasado, apareció la innovación, patentada por Monsanto, de las variedades de soja (el cultivo más demandado y de mayor precio internacional) con resistencia a glifosato por transgenia. Las ventajas, en costo y en simplificación del control de malezas de un cultivo en hileras hasta su cierre por el crecimiento de su parte aérea, eliminando el uso de otros herbicidas adicionales al de la preparación para la siembra (se utiliza el mismo), determinaron que la nueva tecnología se impusiera. Pero ello abrió el camino al cultivo continuo con siembra directa, casi exclusivamente de soja como monocultivo, reduciendo significativamente la superficie de las rotaciones de cultivos y pasturas con siembra directa. Este proceso y sus consecuencias para los suelos se sintetizaron en dos publicaciones en las que participé.¹.

A mi entender, la imposición de las variedades de soja transgénica determinó el comienzo de la batalla en contra de los transgénicos liderada desde Europa, ya que o se ofrecía semilla con dicha tecnología o se perdía el mercado y, para hacerlo, había que pagar los derechos de patente a Monsanto (empresa estadounidense).

La preponderancia del uso de variedades transgénicas en el cultivo líder de nuestra agricultura desde comienzos del siglo XXI aumentó significativamente el uso de glifosato, ya no solamente para hacer siembra directa, sino también para realizar todo el control de malezas durante todo el ciclo del cultivo. Y ello, en un sistema que, además, abandonó la rotación con pasturas, que mientras están presentes no se usan agroquímicos ni combustibles. Esto aceleró la aparición de variantes de malezas resistentes al glifosato y ha debilitado a la tecnología, pero no la ha invalidado ni excluido.

Esa batalla, a mi entender, culminó cuando la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, a pedido de su gobierno, analizó toda la evidencia científica sobre las consecuencias en la salud humana de los productos transgénicos. El informe se conoció en 2015 y concluyó que no se habían encontrado evidencias científicas publicadas de efectos negativos. Entonces, aplicando aquello de que “si no puedes con el enemigo, únete a él”, Bayer compró Monsanto en ese mismo año.

La batalla continuó, principalmente a cargo de los movimientos y partidos políticos ambientalistas europeos, cargando el ataque sobre el glifosato, ya que, si se lo prohibiera, igualmente se lograría vencer la tecnología de las variedades resistentes al mismo por transgenia. Y se hizo mucho énfasis en que, también en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, parte de la OMS) clasificó el glifosato como “probablemente carcinógeno para los seres humanos” (Grupo 2A); consideró limitada la evidencia de cáncer en humanos, principalmente respecto del linfoma no Hodgkin; y suficiente la evidencia en animales de experimentación.² “Probablemente carcinógeno” no significa que esté probado que cause cáncer en las personas expuestas, ni indica cuán grande sería el riesgo con una exposición concreta.

Consulté sobre esto a la inteligencia artificial (IA) de Google, que me contestó que la conclusión de la IARC generó un gran debate científico y que difiere de la postura de otros organismos internacionales que evalúan el riesgo por exposición:

• Organización Mundial de la Salud (OMS) / FAO (JMPR): Un año después, un panel conjunto de la FAO y la OMS concluyó que era poco probable que el glifosato representara un riesgo cancerígeno para los seres humanos a través de la dieta.
• EPA (Estados Unidos): la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos sostiene que el glifosato no es un carcinógeno humano cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
• EFSA (Unión Europea): la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria determinó que las pruebas disponibles no demuestran que el glifosato cause cáncer en seres humanos.

En 2017, al vencer el permiso para el uso del glifosato en la Unión Europea, en votación dividida se lo renovó por cinco años (la mitad del plazo máximo posible), condicionando su uso solamente para fines agrícolas.

En 2022, el comité científico de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas concluyó que el glifosato no cumplía los criterios para clasificarse como carcinógeno bajo las normas europeas.

En 2023, la EFSA no identificó áreas de preocupación críticas que impidieran renovar la aprobación, aunque señaló lagunas de datos y cuestiones que no pudo concluir plenamente. La nueva autorización, también en votación dividida, fue por diez años, hasta 2033.

Entonces, entre otras razones por lo relatado en los párrafos anteriores, queda claro que hay que usar el glifosato en la agricultura con el criterio de que es un mal necesario y, por lo tanto, que hay que aplicar lo menos posible. Y ello coincide, entre otras virtudes, con retornar a que las rotaciones de cultivos y pasturas vuelvan a ser predominantes en Uruguay. Esto permitiría reducir a la mitad el tiempo y el espacio dedicados a los sistemas productivos que requieren el uso de agroquímicos, en particular glifosato. En el futuro, lo mismo se aplicará a los productos que lo sustituyan, porque, como con cualquier otro agroquímico, esto va a ocurrir.

Ello es una meta en el decreto vigente desde 2019, del Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible, en el que se describe a la rotación cultivos/pasturas con siembra directa como el sistema que cumple con la mayoría de los elementos de la “agroecología”.³ Si se optara por eliminar el uso del herbicida y, por lo tanto, de la siembra directa o el Laboreo reducido, habría que volver al uso de laboreo mecánico en la agricultura extensiva; entiendo que ello sería, para el manejo y la conservación de los suelos, algo así como retroceder a la época de las cavernas.

Aquí llegamos a lo acontecido en los días recientes, con el conocimiento de que un artículo publicado en la revista argentina Salud Colectiva, de autoría de Ramírez y Martínez, debió ser reescrito porque se detectó que tenía gruesos errores sobre el hallazgo de una importante presencia de glifosato en varios alimentos incluidos en una canasta que repartía la Intendencia de Maldonado.

El MGAP sacó un comunicado diciendo que su Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), autoridad nacional en el control de agroquímicos, había realizado un muestreo de dichos alimentos en comercios de plaza y que, usando la metodología adecuada, no había encontrado en ellos el herbicida.

Posteriormente, a nivel periodístico, se manifestó que algo del herbicida se había encontrado en esos alimentos en los que no debía haberlo, lo que contradecía el comunicado de la DGSA/MGAP como autoridad nacional en la materia. En la misma manifestación periodística también se expresó que había un estudio reciente que encontró grandes cantidades de glifosato en las aguas del río San Salvador, cuya cuenca tiene mucha agricultura.

Esto fue motivo de intercambios en el grupo de ingenieros agrónomos del Frente Amplio, del que formo parte, ya que el asunto no solo es de interés local, sino que impacta también sobre la imagen exterior de un país exportador de alimentos. Entonces, con la ayuda del ChatGPT, hice una revisión de los datos e informes de los monitoreos de calidad de aguas que realiza la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente, que es la autoridad en la materia.

La primera problemática abordada fue si en todos los datos de monitoreo de calidad de aguas en todo el país publicados por la Dinacea se encontraron valores de concentración de glifosato que superaran lo establecido en la normativa. La conclusión fue: “En los monitoreos oficiales revisados no se ha encontrado ninguna muestra que supere ni el anterior valor guía de 65 µg/L para glifosato ni el actual valor normativo de 86,7 µg/L para glifosato y AMPA” (producto de descomposición del glifosato).

La siguiente cuestión fue comprobar si los datos corroboran mi impresión general (salvo casos particulares) de que la mayoría de las muestras de agua analizadas en los monitoreos no dieron resultados de presencia detectable de glifosato ni AMPA por la metodología utilizada. La conclusión fue: la evidencia de los monitoreos oficiales es consistente con que, para la mayoría de las muestras analizadas, el glifosato y/o el AMPA estuvieron por debajo del límite de detección de la metodología empleada. En una fracción adicional fueron detectables, pero no cuantificables, y solo una minoría presentó concentraciones cuantificables. Los valores máximos de glifosato encontrados son del orden de 50 µg/L, y son excepcionales.

Finalmente, sobre el río San Salvador, el análisis indicó que entre 2014 y 2019 el glifosato fue detectado en 63% de las muestras y AMPA en 72%, pero las concentraciones máximas fueron solo 15,2 µg/L para glifosato y, en el caso de AMPA, los valores fueron mucho menores. En el programa posterior de monitoreo de plaguicidas, el máximo de AMPA fue 2,8 µg/L y el de glifosato 0,51 µg/L, con los mayores valores en la parte alta de la cuenca. O sea, en este caso sí hubo un importante porcentaje de análisis que detectaron el herbicida y su producto de descomposición, pero a concentraciones muy por debajo de la establecida en la normativa.

Desde luego, lo que transcribí es lo que entiendo más relevante, para no extenderme demasiado. Por ejemplo, no transcribo la lista con los valores máximos encontrados en todos los cursos y cuerpos de agua monitoreados ni los detalles de los porcentajes de muestras en las que glifosato y AMPA no fueron detectables, fueron detectables pero no cuantificables o fueron cuantificables.

Mi opinión sobre las controversias planteadas es creer en lo que surge de las autoridades nacionales en las materias involucradas (la DGSA/MGAP en el caso del contralor de agroquímicos y la Dinacea/MA en lo referente a calidad de aguas), hasta que se demuestre científicamente lo contrario.

Fernando García Préchac es profesor titular (G5) libre del Departamento de Suelos y Agua de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Fue decano de la Facultad de Agronomía y titular de la Dirección de Recursos Naturales del MGAP (2018-2020). Este análisis fue realizado a consulta del Instituto Juan Pablo Terra.