Desde el Partido Nacional (PN) se afirma, en tono indignado, que el actual oficialismo intenta “desmantelar” y “destruir” la obra del gobierno que presidió Luis Lacalle Pou. Esta línea de argumentación se reafirmó ayer, en una conferencia de prensa del Directorio nacionalista tras su reunión habitual de los lunes, que trató la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre el acuerdo con Katoen Natie por la terminal de contenedores y algunos cambios de políticas públicas para jóvenes fuera de Montevideo.
En otras ocasiones, la lista de presuntas iniciativas “refundacionales” que se le cuestionan a este gobierno ha incluido el diálogo sobre seguridad social, la sustitución del proyecto Neptuno/Arazatí por la construcción de una represa en Casupá y otras obras, las modificaciones de la regla fiscal implantada por la ley de urgente consideración (LUC) aprobada en 2020, y las vinculadas con la gobernanza y la “transformación curricular” de la educación pública.
Lo llamativo es que, en relación con los asuntos mencionados y con otros, a veces la argumentación no se centra en una defensa de lo que hizo el anterior gobierno nacional, una crítica de lo que hace el actual o una combinación de ambas cosas, sino que le atribuye a la continuidad de las políticas un valor por sí misma, y alega incluso que interrumpirla es un grave perjuicio para la imagen internacional de Uruguay. Esto merece algunas reflexiones.
Vaivenes y expectativas
En primer lugar, es preciso diferenciar estas demandas de continuidad y la idea de construir políticas de Estado a partir de acuerdos amplios. El Frente Amplio (FA) está revirtiendo o modificando en forma parcial algunas decisiones a las que se opuso abiertamente, y que la Coalición Republicana impuso con sus mayorías parlamentarias propias. Después de haberse negado al diálogo y a la negociación, no vale exigir que lo hecho sea intocable.
En segundo lugar, el gobierno de Lacalle Pou dejó sin efecto algunas políticas aplicadas antes por el FA y frenó o retrocedió en otras. Ahora el gobierno del FA hace lo mismo con algunas de las políticas aplicadas por Lacalle Pou. Esto no solo es legítimo; se podría decir que es obligatorio. Hace décadas que la actividad política uruguaya consolida dos grandes bloques, y cada uno de ellos se autodefine en buena medida por su enfrentamiento con el bloque adversario. En ese marco, si las decisiones electorales no tuvieran ninguna consecuencia, se debilitaría mucho la credibilidad de todo el sistema de partidos y la de la propia política.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta cuál es la opinión predominante en la ciudadanía sobre esta cuestión. Según todas las encuestas conocidas, los intentos de fomentar la polarización no han tenido mucho éxito. La mayoría de las personas consultadas no se identifican netamente con la izquierda ni con la derecha, y creen tan posible como deseable la cooperación entre los dos grandes bloques, reconociendo valores en ambos.
Esto último es consistente con otros datos de la realidad, ya no provenientes de encuestas, sino surgidos de las urnas. El resultado del referéndum sobre 135 artículos de la LUC fue muy parejo. En las internas partidarias de 2024, tanto los votantes frenteamplistas como los nacionalistas se inclinaron por las candidaturas que presentaban un perfil más conciliador con el bloque adversario. En la campaña para el balotaje de ese año, tanto Yamandú Orsi como su contrincante Álvaro Delgado prometieron dialogar y buscar acuerdos si llegaban a la presidencia, y es muy verosímil que el triunfo del primero se haya debido en gran parte a que resultó más creíble.
Tibiezas y calenturas
En líneas generales, la alternancia en los últimos períodos de gobierno ha mostrado, para bien o para mal, más continuidades que las que los partidos de un lado y otro reconocen, pero hay quienes opinan que las consecuencias de esa alternancia deberían ser mayores. Una fracción de la izquierda acusa en la actualidad de tibieza al presidente Orsi y a su entorno, y alienta esperanzas de un “giro a la izquierda”. En forma simétrica, una fracción de la derecha sostiene que Lacalle Pou fue tibio y pregona que si vuelve a ser presidente tiene que llegar mucho más lejos.
A la luz de las encuestas mencionadas, estas posiciones son minoritarias, y nada indica que haya un porcentaje importante de personas escandalizadas por las decisiones gubernamentales que el PN denuncia. Además, parece claro que varias de ellas ni siquiera están entre los temas que más le interesan a la población.
Sería quizá más pertinente, y sin duda más estimulante, que los debates entre opositores y oficialistas giraran en torno a otros ejes. Por ejemplo, el de las medidas necesarias para aumentar el crecimiento económico, mejorar la calidad del empleo y fortalecer las políticas públicas en estos tiempos difíciles. Valdría la pena intentarlo, para que lo desmantelado y destruido no sea el país.