Joaquín Pérez tiene 2 años y unos meses. Como tiene “menos de 1.000 días” le dijeron a su madre que tenía que llevarlo a experiencias oportunas en el CAIF de su barrio. Su mamá lo lleva, pero hace varios días que se lo ve decaído y con sueño; no parece responder a los estímulos y en el equipo no saben qué ocurre. Su madre no se ve mucho mejor; parece cansada y desanimada, siempre va sola, ella y Joaquín.
Alejo Gutiérrez es un niño de 7 años. De mañana va a la escuela y de tarde al club de niños. Así se asegura el almuerzo y la merienda, lo apoyan con los deberes y achica la tarde jugando y aprendiendo con otros niños y educadores, con los que en general se lleva bien. Desde hace unos meses, la psicóloga del club de niños lo observa distante, algo que es raro en él. No conocen a nadie de su familia; llega solo y se va solo, o con algunos amigos, porque dice que su mamá “trabaja todo el día” y a su padre no lo conoce. El otro día llegó bastante lastimado y dijo que se había caído.
Andrea Gutiérrez es una niña de 10 años que va a la escuela; es hermana de Alejo. Ella no va al club de niños, tampoco a otras actividades extracurriculares. De tarde tiene que cuidar a sus hermanos y ayudar en casa; su madre trabaja hasta la noche y ella sostiene lo que se precisa: cocina, limpieza o lo que sea. Cuando le queda un rato, casi siempre al final del día, medio cansada y bien rápido porque se apaga la luz, hace los deberes como puede.
En la escuela no saben mucho de ella. La maestra dice que “es buenísima, no molesta para nada, siempre calladita y vergonzosa”. Pero Andrea lo siente distinto: se siente sola, no la integran porque dicen que anda siempre desprolija y malhumorada, no la invitan a jugar ni va a los cumpleaños de las niñas y niños de la clase. Necesita lentes, pero la maestra no sabe a quién decirle, hasta ahora no han logrado dar con nadie de su familia. Hace unos días “le vino” por primera vez; escondió su ropa y tiene miedo de quedar embarazada como una compañera de su escuela. Le gustaría ir a la policlínica del barrio para preguntarle a alguien, pero siente vergüenza y no sabe a quién pedirle.
Lucas López tiene 15 años, está cursando primero de liceo y está anotado en un centro juvenil que funciona en la parroquia del barrio. Los educadores lo apoyan con las materias y a pensar qué quiere hacer de grande; él es activo, pero asegura que quiere dejar de estudiar y eso les preocupa. Quiere trabajar porque en su casa siempre falta la plata y ya tiene sus gastos, y no le puede pedir a su madre, que trabaja de sol a sol. Quería ser mecánico, pero hasta ahora no ha tenido ninguna materia que le enseñe a ser mecánico, y parece que tiene que esperar como tres o cuatro años más para tocar un motor. Le gustan los números y le va bien, pero ya es la tercera vez que cursa primero porque pierde siempre con letras, los idiomas y gimnasia, porque se duerme. Se aburre mucho y le da un poco de vergüenza estar con gente cada vez más chica, que al poco tiempo pasa de año y lo miran como “el abuelo” de la clase. Hace unas semanas que nadie sabe nada de él. Los tres números de teléfono que tienen en el centro juvenil están fuera de servicio, y en el liceo no saben si dejó o no, pero por lo pronto todo está más tranquilo sin él.
Silvana Rodríguez tiene 27 años. Fue madre de Lucas López Gutiérrez a los 12 años; nadie sabe si por abuso o qué. Lo que sí se sabe es que la corrieron de su casa y se armó una pieza con su pareja, que al poco tiempo se fue y “mejor que ni aparezca”, dice. Ella empezó a trabajar enseguida de tener a Lucas, y ahí conoció al papá de Andrea Gutiérrez Rodríguez y Alejo Gutiérrez Rodríguez. Él no la dejaba trabajar para que cuidara a los niños y la casa; durante un tiempo pareció funcionar, pero poco después él también se fue. Hace unos años, empezó a salir con el papá de Joaquín Pérez Rodríguez, pero las discusiones están cada vez peor y hace unos días le intentó pegar. Una vecina le recomendó ir a la Comuna Mujer, pero ya había hecho denuncias antes y no la escuchan; además, en la comisaría le dijeron que “no había tobilleras”. Tiene miedo de que no le crean de nuevo, o le vuelvan a decir que la culpa es de ella, como hicieron todos cuando quedó embarazada a los 11 años.
Las cosas en casa de Silvana vienen complicadas y ella ya ni sabe cómo sostenerse para ir a trabajar. Se siente sola, cansada y triste, no puede dormir y la ansiedad se asemeja al pánico. En la policlínica le dieron unas pastillas para tomar cuando “no da más” y necesita “bajar un poco”. Pero ella siempre se siente así, entonces las toma casi a diario. Le indicaron que vea a un psiquiatra, pidió número para consulta, pero le dieron para dentro de cinco meses y ya le cancelaron la cita una vez. La va llevando con esas pastillas, que compra como puede, cuando puede y donde encuentra. No ha podido ver a ningún psiquiatra que le extienda receta verde u otra alternativa. Ella necesita levantarse y trabajar, no puede ir ni a la escuela ni al liceo, aunque ya la han llamado mil veces. Últimamente, aunque ya no tiene más ataques de pánico, se siente como si viviera abajo del agua.
Detrás de los Rodríguez y tantos apellidos más
Estos cinco perfiles son ficticios, aunque validados por informantes calificados. Podrían ser cualquiera de los miles de niñas, niños y adolescentes de los hogares más vulnerables del Uruguay que asisten al sistema educativo público o a alguna institución estatal. La nueva medición del Instituto Nacional de Estadística refiere a un 32% de niñas y niños menores de 6 años que viven por debajo de la línea de pobreza para 2025. Este dato es alarmante, considerando además que un 17,3% de la población en general también está en esta condición, que abarca adolescentes y adultos, seguramente con infancias a cargo. Pero estas dinámicas familiares no son menos ciertas por encima de esta línea: las familias, en su diversidad de formas y dinámicas, encarnan a diario varios de estos problemas, cuyo impacto se agrava cuanto mayor sea la precariedad en sus condiciones de vida.
Lo que nos sorprende (o ya no tanto) de estas cinco historias, es la aparición del Estado uruguayo en una o más instituciones en diferentes momentos de la vida de los distintos integrantes de la misma familia: la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio del Interior, la Intendencia, el Poder Judicial, por nombrar algunas de las mencionadas en el periplo de esta familia hipotética. Sin embargo, las instituciones no estaban al tanto de lo que ocurría a nivel general: cada una abordó parcialmente la historia de los Rodríguez, pese a que el conjunto de instituciones –en teoría– tiene el mismo objetivo: mejorar las condiciones de vida de las familias.
Es verdad que a lo largo de los años han aparecido y desaparecido diferentes espacios de coordinación territorial: redes interinstitucionales de infancias y adolescencias, mesas de políticas sociales, rondas de salud... cientos de referentes sentados en múltiples mesas intentando mitigar desde el trabajo técnico las dificultades del Estado por intervenir en problemas sociales integralmente. Por el contrario, encarnando la obligación institucional de coordinar sus intervenciones desde sus prácticas, lo más parecido a ir a la guerra con un tenedor. Pero evidentemente, esto muestra ser insuficiente, y la coordinación les agrega una tarea: la de tejer, con creatividad profesional, desde dispositivos con siglas rimbombantes, marcos rígidos y presupuestos magros, la historia de personas que viven, comen y duermen juntas, y que en los expedientes parecen desconocidos. Al final del día termina siendo imposible saber que Joaquín, Andrea, Alejo y Lucas son hijos de Silvana, mucho más difícil poder diseñar cómo trabajar desde tantos planes y programas, fragmentados desde el vamos, las complejas aristas de su cotidiano.
Todas las instituciones que intervienen –o podrían intervenir– en el relato están más o menos al tanto de que algo está pasando en la vida de Joaquín, Andrea, Alejo, Lucas y Silvana. Sin embargo, como quien trata de armar una manta de parches sin zurcir sus partes, es imposible comprender –y en consecuencia actuar– con algún grado medianamente significativo de incidencia, sin agotarse o fracasar en el intento, de uno u otro lado del mostrador.
No se puede entender a los Rodríguez sin unir a los Pérez, Gutiérrez, López, menos exigiendo a cada uno de ellos que sea una y otra vez el hilo relator de sus problemas. No se puede planificar acciones ni diseñar políticas conociendo aspectos tan parciales de una trama común, compleja y profunda.
Quizás sea hora de integrar los viejos, pero aún sólidos cimientos de la matriz de bienestar social, donde el sistema educativo es una piedra angular clave, con las nuevas formas de la política social, su gerenciamiento y recursos.
No se puede tener un sistema de protección social ciego, sordo y mudo entre sus diferentes agentes de bienestar. Y no se puede iniciar ningún diálogo social sin la presencia del sistema educativo, si queremos efectivamente atacar el 32% de infancias en la pobreza y evitar que quienes están magramente por encima caigan, incrementando el guarismo. ¿Por qué? Porque es el único y más grande agente de bienestar, distribuido en el 100% del territorio nacional. Es el único agente estatal por el que, en algún momento de su vida, va a pasar el 100% de los uruguayos. No todos nacen o mueren en un hospital. No todos acceden al sistema de salud. No todos trabajan alguna vez en su vida. Sin embargo, en Uruguay el 100% de las personas pasa en algún momento por una institución educativa. No aprovechar esa ventana de oportunidad... qué loco, ¿no?
Caminos asintóticos y oportunidades perdidas
Con respecto a la realidad retratada con estos cinco perfiles, hubo avances en las últimas décadas en favor de su abordaje; es mejor intentar trabajar con las partes, aunque aisladas, que siquiera conocerlas. Y destacamos dos de los principales elementos de los últimos tres años. Por un lado, la Ley Lustemberg, que alinea un montón de política pública al inicio del ciclo vital de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por otro, el cambio de la gobernanza de la ANEP, de consejos desconcentrados a direcciones integradas al Codicen. En ambos casos, la política parece pensada desde una perspectiva bottom-up, o de abajo –la ciudadanía– hacia arriba –la alta política–.
Estos impulsos operan tratando de simplificar las instituciones, la burocracia y la gobernanza que le hemos dado a cada órgano del Estado, pensando fundamentalmente en la vida de las personas que necesitan de esas instituciones y en minimizar su revictimización en contextos de sobreintervención. Sin embargo, aún parecen correr por carriles separados que intentan, al final del tramo, juntarse, pero permanecen asintóticamente distantes. Política social, por un lado, y política educativa, por otro; un divorcio histórico.
A los Rodríguez no les sirve que exista en un mismo territorio una escuela, una UTU, un liceo, una policlínica, una Comuna Mujer o una Comisaría Especializada en Violencia de Género si ninguna habla con la otra. No les sirve que no compartan sus bases de datos ni que solo cuando un juez lo pida entablen diálogo. Quizás, si vieran coincidir ambos apellidos, si leyeran unos y otros informes, si pudieran pensar juntos cómo actuar, si pudieran unificar recursos para cubrir sus necesidades más básicas, ahí quizás pueda ser más efectivo y menos invasivo. Pero cada minuto de políticas distantes es una oportunidad perdida y un nuevo daño invisible generado.
¿Qué esperamos para poner en el centro la vida de la gente y no el éxito aparente de los planes? ¡Este es el momento! El tiempo no espera y las infancias crecen en contextos frágiles, las mujeres maternan responsabilizadas por su historia de victimización, y los equipos técnicos se agotan de operar con manos atadas y presupuestos irrisorios. El sistema educativo ofrece una oportunidad para poner en diálogo esta imprescindible integración.
Las infancias y juventudes circulan (o deberían hacerlo) por las instituciones educativas diariamente, y sus familias están presentes en tanto sus condiciones lo permiten. Es la institucionalidad la que debe acercarse a ellos y entre sí, y no al revés. Si desestimamos esta oportunidad, los volvemos a captar cuando tributen a la seguridad social, cuando reciban un plan por hogar vulnerable, cuando hagan una denuncia por violencia, o en alguna otra situación para la que el Estado estaría llegando, de nuevo, tarde y fragmentado. No les sirve a los Rodríguez que Primaria tenga una política de construcción de centros sin dialogar con los planes de Secundaria y UTU. No les sirve a los Rodríguez que en la escuela y el liceo no haya psicólogos, porque, aunque hay tres psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y otros profesionales en el CAIF, en el club de niños y en el centro juvenil del barrio, Silvana no puede pedirles que coordinen con la escuela y el liceo de sus hijos. Tampoco pueden los equipos técnicos, atendiendo a setenta y pico de familias cada uno, ver en los ámbitos de coordinación, una vez al mes, la posibilidad de crear soluciones casi artesanales para problemas tan profundos. Ni educadores ni maestros y profesores, que pese a compartir gran parte del día con los hijos de Silvana, deben cumplir con programas educativos centralizados, densos y obligaciones administrativas desacopladas de las necesidades de la educación.
El sistema educativo como una oportunidad para la sinergia
Sería buenísimo para Andrea Gutiérrez Rodríguez que la escuela, el CAIF, el club de niños, el centro juvenil, el liceo, la UTU y la policlínica quedaran en un mismo terreno de su barrio, conformando un campus integrado. Donde se sienta cuidada porque se va a su casa junto con sus hermanos, y como las doctoras y las enfermeras caminan por los pasillos, le parece más fácil hacerles preguntas, o conseguir lentes. Silvana puede trabajar, sabe dónde están sus hijos al menos ocho horas, recibiendo varias comidas, con atención de profesionales y apoyo escolar. Incluso Andrea no tiene que cuidar a Joaquín, va al club de niños y tiene amigas con las que también asiste a la escuela. Sería bueno que Secundaria y la UTU lograran mejor navegabilidad horizontal, así Lucas no tiene que esperar tanto para ser mecánico, o incluso puede tener algo más de tiempo y apoyos para proyectar su futuro vocacional. Sería bueno para Joaquín tener la policlínica coordinada con el CAIF, y que haya en territorio un psicopedagogo para una atención más personalizada. Sería bueno para todos los profesionales que están contratados como unipersonales por el INAU, ASSE y la ANEP, precarizando su función en esta tercerización que hemos hecho de la matriz de bienestar y, en particular, de la función de cuidado de la infancia y de la adolescencia. Ya existen las llaves presupuestales y el presupuesto que actualmente está financiando todo esto; es avanzar en tener una menor redundancia en el gasto y evitar atomizar los esfuerzos en compartimentos estancos.
Habría sido bueno para la adolescente que murió en Rivera, que estaba en situación de explotación sexual, lo que fue detectado por la ANEP en la forma de Verano Solidario; sin embargo, el teléfono descompuesto falló. ¿Qué podría salir mal? Son crónicas de una gobernanza fragmentada anunciada, y sus efectos. Quizás sea hora de integrar los viejos, pero aún sólidos cimientos de la matriz de bienestar social, donde el sistema educativo es una piedra angular clave, con las nuevas formas de la política social, su gerenciamiento y recursos. Parece inminente no dejar pasar una nueva oportunidad para articular sistemas de protección de las infancias, adolescencias y familias.
Poco sabemos sobre cambios en mejora de la matriz de bienestar luego de los hoy herrumbrados años dorados del progresismo. Un nuevo quinquenio con giro a la izquierda representa una nueva oportunidad para revisar las lecciones aprendidas e impulsar cambios en consecuencia. Sobre la gobernanza de la política social, las autoridades ministeriales aún no dieron anuncios significativos; aguardemos en el mejor de los casos un incremento de recursos, la restitución de espacios de articulación y la tecnificación profesional de sus implementadores. La descentralización y cercanía a medias tintas en la política social mostró que la sola presencia en los territorios no es condición necesaria ni suficiente para mejorar la calidad de vida de las personas ni de quienes trabajan en ella. Mucho menos para garantizar mejoras sostenibles en donde aterrizan (hablamos aquí de zonas urbanas, pues en la ruralidad la deuda es mayor y admite otro capítulo).
Una de las pocas cosas que hemos escuchado en educación es volver atrás las direcciones de la ANEP a consejos desconcentrados. Eso es un cambio institucional que impulsa una política top-down, o de arriba –la alta política– hacia abajo –el pueblo–. Una vez más, se pone la toma de decisiones y los intereses corporativos en el gobierno de la educación por sobre las necesidades de los beneficiarios del sistema educativo: niñas, niños, adolescentes y sus familias. No necesitamos que las distintas partes del sistema educativo formal obligatorio sean más autónomas entre sí; necesitamos lo que ya pedía Julio Castro en 1949: que los diferentes ciclos desde inicial a bachillerato dialoguen, se coordinen sobre la base de las necesidades de los estudiantes, y no viceversa. Pero no pueden solos, deben hacerlo integrando una política social más amplia. Y ojo: no creemos que las direcciones unipersonales sean una causa suficiente para lograr armonía en el diseño institucional del sistema educativo, mucho menos de la matriz de bienestar general. Pero evidentemente apuntan en la dirección correcta: no atomizar, acortar los puentes y tender nuevas rutas para diálogos fluidos. Es imprescindible construir sinergias comunes para tramas comunes. Porque así no se puede entender, ni atender, la vida de los Rodríguez ni la de nadie.
(*) En estos días falleció Jonathan por abuso familiar, un adolescente de 15 años, cuya UTU había detectado y denunciado los problemas de violencia. Esta nota que habíamos comenzado hace un año fluyó sola estos días, entre el enojo ahogado en los miles de diagnósticos técnicos que resumen la esencia de lo que les falló a Jonathan y a tantos otros.
Pablo Menese es candidato a doctor en Ciencias Sociales, Verónica Núñez es candidata a magíster en Historia Económica, ambos profesores del Cenur Noreste de la Universidad de la República. Matías Brum es doctor en Economía y profesor de la Universidad ORT.