Cuando el trabajo enferma: la crisis silenciosa de la salud mental en Uruguay

En Uruguay, enfermarse dejó de ser únicamente una cuestión biológica para convertirse, cada vez más, en un síntoma del tiempo que vivimos. Mientras las certificaciones médicas crecen sostenidamente desde hace más de una década, hay un dato que interpela con fuerza: los trastornos de salud mental no solo aumentan, sino que lo hacen de manera persistente y acelerada, pasando de representar menos del 9% en 2014 a más del 20% en 2025. Detrás de esa curva no hay solo números, hay una transformación silenciosa del mundo del trabajo, de nuestras formas de vida y de los límites –cada vez más difusos– entre lo personal y lo laboral. El problema ya no puede leerse como una suma de casos individuales: es, ante todo, una señal colectiva de que algo en la organización del trabajo y en la forma en que gestionamos el bienestar está dejando de funcionar.

La certificación médica es una constancia emitida por un médico sobre el estado de salud de un paciente y, tratándose de un trabajador, permite justificar su ausencia cuando dicho estado de salud le impide cumplir con su prestación laboral. En estos casos, la relación de trabajo queda en suspenso y el trabajador tiene derecho a percibir, a partir del cuarto día de ausencia, un subsidio equivalente al 70% de su sueldo o jornal básico o habitual, servido por el Banco de Previsión Social (BPS), sin perjuicio de los supuestos en que corresponda el pago desde el primer día, ya sea por aplicación de convenios colectivos o por acuerdos de otro tipo, o por tratarse de un caso de internación. La cobertura puede extenderse hasta un año consecutivo, con posibilidad de una prórroga de hasta un año adicional. Cuando se trata de enfermedades profesionales, el trabajador tiene derecho a percibir una prestación del Banco de Seguros del Estado desde el día siguiente al abandono de sus tareas, y su monto se calcula sobre la base de la totalidad del sueldo o jornal mensual que percibía al momento en que se diagnostica la enfermedad.

El problema del aumento de las certificaciones por trastornos mentales

En nuestro país las certificaciones a trabajadores han venido creciendo desde 2014, como se puede ver en la tabla 1. Es relevante tener en cuenta que, entre 2020 y 2022 –período de la pandemia de covid-19– crecieron de forma particular las certificaciones por problemas respiratorios y esto aumentó de forma significativa la cantidad total de certificaciones.

Otra constante a lo largo de los años han sido las certificaciones por enfermedades osteomusculares, que a la fecha son las que conllevan mayores certificaciones, aunque ahora ya cerca de las originadas por trastornos mentales. Estas últimas han sido las únicas que han crecido de forma sostenida, en un volumen absoluto de 229%, entre 2014 (39.028) y 2025 (128.406). Mientras que las demás patologías que generan certificaciones laborales se mantienen en general estables, los trastornos mentales han ido creciendo, pasando de ser 8,8% a 20,3% del total y a escalar del cuarto al segundo lugar.

(*) Los datos que sustentan el presente informe fueron obtenidos a partir de información solicitada al BPS al amparo del derecho de acceso a la información pública. Las gestiones se realizaron con el objeto de acceder a información estadística que posee el área de Asesoría General en Seguridad Social del BPS sobre certificaciones médicas correspondientes al sector privado que dan lugar al otorgamiento de subsidios por enfermedad correspondientes al período 2014-2025.

Según los datos brindados por el BPS, el 92% de las certificaciones por trastornos mentales se concentra en dos grandes categorías diagnósticas. La primera es la de los trastornos del humor (afectivos), que agrupa el 48,2% del total y está dominada por los episodios y trastornos depresivos. La segunda es la de los denominados “trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos”,¹ que representa el 44,1% de los casos; los trastornos de ansiedad no especificados y el trastorno de pánico son los problemas más frecuentes dentro de esta categoría.

En términos de duración, las certificaciones vinculadas a trastornos de salud mental son significativamente más extensas que las originadas por otras causas: presentan una duración promedio de 54,6 días, frente a los 26,3 días que registra el conjunto de las demás patologías. Esto es un problema tanto para las personas como para las empresas, ya que es frecuente que las certificaciones vinculadas con trastornos mentales sean recurrentes en una misma persona.

Se observa, asimismo, una marcada diferencia por sexo: el 70% de las certificaciones por trastornos mentales corresponde a mujeres. La excepción a este patrón la constituyen los trastornos por consumo de sustancias, en los que la proporción se invierte, pues el 71% de los casos corresponde a hombres.

El abordaje de los trastornos mentales en Uruguay

El abordaje de estos problemas no es una tarea sencilla, aunque Uruguay no enfrenta este problema en soledad. El incremento en la prevalencia de los trastornos de salud mental se ha agudizado en todo el mundo tras la pandemia de covid-19, en un escenario configurado por la acumulación de cambios abruptos que operan como estresores colectivos –guerras, crisis económicas, cambio climático, flujos migratorios– y por una transformación acelerada de las formas de organización del trabajo, que no siempre encuentra respuestas de gestión adecuadas.

En el caso de Uruguay, uno de los principales desafíos consiste en adecuar el marco normativo de modo de situar la salud mental ocupacional como una prioridad real e incorporar esta cuestión de manera sostenida, tanto en la agenda de salud pública como en los procesos de decisión de las empresas y organizaciones.

En Uruguay, el marco normativo vigente no reconoce de forma expresa los trastornos mentales como enfermedades profesionales: la Ley 16.074 los limita a causas físicas, químicas o biológicas, y el listado del Decreto 210/011 tampoco los incluye. Aunque en 2010 la Organización Internacional del Trabajo incorporó los trastornos mentales y del comportamiento –como el estrés postraumático laboral– en su lista actualizada, Uruguay decidió excluirlos por considerar insuficiente la evidencia para establecer su vínculo causal con el trabajo. Sin embargo, más de 15 años después, los avances en salud ocupacional y psicología del trabajo han desarrollado metodologías sólidas para medir esa relación, dejando obsoleto el argumento técnico que justificó su exclusión y evidenciando una brecha normativa frente a la realidad actual.

Los riesgos psicosociales –derivados de la organización del trabajo y capaces de generar estrés sostenido y trastornos mentales– han comenzado a ser incorporados de forma obligatoria en los sistemas de prevención en varios países de la región, integrándose junto a riesgos tradicionales como los físicos o los químicos. Uruguay ha dado un paso inicial con el Decreto 86/022, que exige su evaluación en el teletrabajo, pero aún mantiene un enfoque parcial que no alcanza al conjunto de las actividades laborales, pese a que estos factores atraviesan todos los sectores. Avanzar hacia una regulación integral que obligue a medir y gestionar estos riesgos no solo alinearía al país con estándares internacionales, sino que permitiría intervenir de forma preventiva en uno de los principales determinantes de la salud mental. Porque, en definitiva, si el trabajo puede enfermar, también debe ser el primer lugar desde donde empecemos a cuidar.

Mario Garmendia es decano de la Facultad de Derecho de Universidad CLAEH. Guido Berro es decano de la Facultad de Medicina de Universidad CLAEH. Javier Labarthe es docente de la Facultad de Psicología de Universidad CLAEH.