Gran parte de los datos que alimentan la conversación política nos llegan sin contexto, simplificados para provocar reacciones emocionales que son tan fugaces como su estímulo. A esos datos les siguen muchos otros con las mismas características, hora tras hora y día tras día. Cada uno compite con los anteriores por una breve atención, sin darnos tiempo para pensar en causas, relaciones y procesos.
Así, todo parece fresco aunque sea rancio, y todo se olvida pronto. El consumo de esta droga, estimulante y adictiva, distorsiona o anula nuestra percepción de la historia y nuestra capacidad de distinguir lo central y lo accesorio, los viejos conflictos y las iniciativas novedosas. Para peor, abunda en los actores políticos una forma inversa de encarar los debates, que todo lo remite a diferencias de fondo y a luchas permanentes. Esto contribuye, paradójicamente, a las mismas confusiones. Veamos algunos ejemplos.
Sofismas
Empecemos por la propuesta de crear un Ministerio de Justicia, planteada en la última campaña electoral por oficialistas y opositores. Cabe discutir muchos aspectos teóricos y prácticos de la idea, pero sus impulsores descartan expresamente que esa nueva institución tenga alguna de las competencias asignadas por la Constitución al Poder Judicial. Sin embargo, se insiste en recordar que hubo un ministerio con ese nombre en la última dictadura, utilizado para violentar la separación de poderes, como si tal antecedente bastara para rechazar de antemano cualquier proyecto.
Esto implica un intento de clausurar la discusión antes de comenzarla, presentando la cuestión como si implicara elegir entre un régimen republicano y uno totalitario. A la vez, y en el otro extremo, hay una oposición a la iniciativa que se apoya solo en lo inmediato, sin considerar otra cosa que la posibilidad de que Jorge Díaz sea ministro.
Otro ejemplo tiene que ver con la atribución a las consultas populares de una especie de potestad metafísica, que dicta sentencias eternas. Es razonable que pase cierto tiempo antes de replantear el tema de un referéndum o un plebiscito, y si bien es difícil establecer con precisión cuánto tiempo es poco, la tesis de que el asunto “queda laudado” para siempre no tiene sustento jurídico ni político.
Los mandatos presidenciales surgen de la voluntad ciudadana, pero en los países democráticos se acepta pacíficamente que después de algunos años hay que realizar nuevas elecciones. Cuando el sistema es parlamentarista, las jefaturas de gobierno pueden durar mucho menos que un mandato presidencial. Hasta las constituciones, que están por encima de todas las leyes, pueden ser reformadas a menudo, pero hay quienes sostienen que el resultado de una consulta popular queda grabado en piedra... cuando ese resultado es el que deseaban.
Tal posición se ha defendido desde posiciones ideológicas muy diversas. La hemos escuchado desde hace décadas para defender la impunidad del terrorismo de Estado, y últimamente para pretender que sean irrevocables los 135 artículos de la ley de urgente consideración de 2020 que fueron sometidos a referéndum, pero también para interpretar que el pueblo uruguayo decidió, en el plebiscito sobre la ley de empresas públicas realizado en 1992, que jamás se podrá privatizar, total o parcialmente, ninguna de las muchísimas actividades estatales.
Banalizaciones
El tremendismo reapareció esta semana después de que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, opinó el lunes en la diaria Radio, hablando de las estafas con fondos ganaderos, que es preciso crear más opciones para que quienes disponen de ahorros los inviertan, y manifestó su apoyo a la idea de que las empresas públicas puedan tener una minoría de accionistas privados.
Se puede –y se debería– discutir con tranquilidad si esto es conveniente, y si es mejor vender acciones, emitir obligaciones negociables o apelar a algún otro procedimiento. En todo caso, cualquier iniciativa quedaría enmarcada en lo que dispone el artículo 188 de la Constitución, que requiere el apoyo de tres quintos de los componentes de cada cámara para que una ley admita capitales privados minoritarios “en la constitución o ampliación del patrimonio de los entes autónomos o de los servicios descentralizados”, con su correspondiente representación en los organismos de dirección. Por lo pronto, nada de lo que dijo Sánchez se puede interpretar como una objeción a la vigencia de esa norma constitucional.
Lo que no tiene mucho sentido es alegar que no hay opciones entre el control estatal absoluto y “la privatización” en general, o que esa disyuntiva no debe replantearse porque ya fue resuelta hace 34 años, en el referéndum de 1992 (que, además, anuló solo determinadas posibilidades de privatizar algunos organismos).
Si todo se lleva al terreno de los principios, puede suceder que los principios se devalúen. Otra posibilidad es que nada pueda cambiar y se devalúe la política. Ninguna de las dos cosas es positiva para el país.