El primer año de cualquier gobierno es, en parte, un ejercicio de herencia. Se recibe lo que hay, se decide qué hacer con eso y se empieza a construir lo propio. El gobierno del Frente Amplio recibió un déficit fiscal superior al 4% del PIB, el más alto en décadas, deudas no informadas durante la transición y servicios públicos deteriorados. Lo que decidió hacer con eso define, en buena medida, el perfil de esta administración.
Sin declaraciones estridentes, el gobierno resolvió problemas concretos: regularizó el abastecimiento de casi 100 medicamentos que faltaban en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), otorgó un aumento especial a las jubilaciones mínimas y descartó el proyecto Neptuno, reemplazándolo por una alternativa con mayor viabilidad económica y ambiental. También revisó contratos heredados que requerían análisis técnico y jurídico. Ordenar las cuentas públicas no fue un fin en sí mismo, sino la condición para sostener lo que vendría después.
Los datos del mercado de trabajo son los más sólidos del gobierno en términos comunicacionales. Se crearon 26.000 nuevos empleos y Uruguay alcanzó 1.755.000 personas ocupadas. La tasa de empleo femenino llegó a su máximo histórico, con 19.000 nuevos empleos generados para mujeres. La inflación cerró en su nivel más bajo en 25 años. Y el salario real creció en un año lo mismo que en todo el período de gobierno anterior, resultado directo de una ronda de negociación colectiva que fue la más amplia de la historia: 248 mesas, más de 990.000 cotizantes, más del 90% de acuerdos cerrados y el 83% por consenso, con pautas especiales orientadas a los salarios más bajos.
En paralelo, el gobierno avanzó en justicia fiscal. Las grandes multinacionales que operan en Uruguay comenzaron a tributar aquí a través del impuesto mínimo global, con una recaudación proyectada de 360 millones de dólares para 2027. Las rentas del capital en el exterior también quedaron alcanzadas. Más del 60% del incremento de gasto previsto en el presupuesto se destinará a políticas sociales. La plata de los que más tienen para los que más necesitan.
La apuesta más explícita del gobierno en términos presupuestales fue la primera infancia. El presupuesto aprobado es el mayor de la historia en esa área, con becas ampliadas, bonos reforzados para hogares en situación de vulnerabilidad y extensión del tiempo pedagógico. Se reglamentó la Ley de Garantías para la Primera Infancia y se puso en marcha el programa Crece desde el Pie, para acompañar a las familias desde el nacimiento articulando salud, vivienda y desarrollo infantil.
Este año arrancaron además los comedores en educación media: más de 50 comedores para que 40.000 estudiantes puedan almorzar en el liceo o en la UTU. Una medida que tiene una dimensión política educativa, pero que antes que nada es una decisión ética. Ningún gurí debería tener que elegir entre comer y aprender.
La dirección está marcada. Más del 80% de los compromisos asumidos están en marcha. Un Uruguay para la gente no se construye en un discurso, se construye gobernando. Y eso es lo que estamos haciendo.
En seguridad, el gobierno evitó la lógica del eslogan para apostar a resultados verificables. Se instalaron más de 20.000 dispositivos de videovigilancia, entre cámaras, pórticos, lectores de matrículas, drones y radares móviles. Se incorporaron 1.700 nuevos funcionarios policiales y se creó el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, que por primera vez coordina bajo un mismo marco a Presidencia, Interior, Defensa, Economía, Cancillería e Inteligencia. Los resultados incluyen la captura de líderes de bandas vinculadas al narcotráfico, el desmantelamiento de redes de microtráfico con ramificaciones carcelarias e internacionales y extradiciones de figuras clave vinculadas al tráfico de cocaína con destino a Europa.
Para salir del ciclo de políticas que duran un período, se convocó a un diálogo interpartidario con el objetivo de construir una política de Estado en la materia. La seguridad no se resuelve cada cinco años. Necesita mirada larga.
En salud, además de regularizarse el abastecimiento de casi 100 medicamentos faltantes, se redujeron 55% las listas de espera en cirugías oftalmológicas infantiles y se incorporó la vacuna contra el meningococo al calendario sin costo para las familias. Se construyó además la Estrategia Nacional de Salud Mental, con planes departamentales en todo el territorio, presupuesto asignado y dispositivos concretos que comenzarán a funcionar durante 2026: hospitales de día, casas de medio camino, equipos comunitarios y nuevos recursos humanos dedicados específicamente al área.
En vivienda, el horizonte del quinquenio contempla 69.334 soluciones habitacionales, con 175 cooperativas en obra y más de 5.400 viviendas en desarrollo en Montevideo y el interior. El programa Primera Vivienda apunta a facilitar el acceso a la casa propia para familias de ingresos medios que hoy quedan fuera del sistema, combinando subsidios a capital y a la cuota. Y el programa Crece desde el Pie acompaña a las familias desde el nacimiento con un objetivo concreto: que ningún niño dé sus primeros pasos en una casa con piso de tierra.
Queda mucho. El propio gobierno lo reconoce sin eufemismos, y sería un error no hacerlo. El récord histórico de personas en situación de calle sigue siendo un problema sin resolver. La transformación del sistema penitenciario está en sus primeras etapas. La agenda de cuidados, el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables y la reducción de la violencia en los barrios más castigados son desafíos que van a requerir más que un año de gestión.
Pero la dirección está marcada. Más del 80% de los compromisos asumidos están en marcha. Un Uruguay para la gente no se construye en un discurso, se construye gobernando. Y eso es lo que estamos haciendo.
Sol Maneiro es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.