La semana pasada, el senador Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para ampliar las posibilidades de inversión fuera de Uruguay de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). En la actualidad, solo pueden comprar emisiones de deuda con renta fija de organismos financieros multilaterales y de gobiernos con buena nota de las calificadoras de riesgo, destinando a ello un bajo porcentaje de los fondos que manejan.
La propuesta recoge una demanda de las tres AFAP privadas y merece una reflexión, que conviene referir a un planteamiento general realizado por Bordaberry para defenderla. Según el legislador colorado, “se trata de asegurar que el sistema previsional continúe cumpliendo su finalidad esencial: proteger el ahorro de los trabajadores y garantizarles una vejez más segura y digna”.
Es verdad que el sistema debería “garantizar una vejez más segura y digna”, pero unir esa idea a la de “proteger el ahorro de los trabajadores” es un injerto ideológico del senador, que no tiene sustento en las normas vigentes y solo es viable en una proporción muy menor de los casos.
Malentendidos
Las jubilaciones y pensiones no son el resultado del ahorro, y mucho menos de cuentas de ahorro individual como las que administran las AFAP, que cobran comisiones por ello. Según el artículo 67 de la Constitución, aprobado mediante plebiscito en 1989 con una abrumadora mayoría de casi 82%, esas prestaciones se financian con “contribuciones obreras y patronales”, otros “tributos establecidos por ley” y “la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuere necesario”.
El sistema no se basa en la capitalización personalizada, sino en criterios redistributivos y de solidaridad entre generaciones. El cálculo de las prestaciones tiene en cuenta, entre otros factores, los aportes realizados durante la vida activa, pero el dinero que reciben las personas no es el que acumularon en ahorros propios.
Contra la creencia generalizada, lo que la gran mayoría de las personas cobran es menos que lo que aportaron y, aunque dista mucho de “garantizar una vejez segura y digna”, requiere la asistencia estatal antedicha. Teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y la extensión de las relaciones laborales precarias, es evidente que los aportes de quienes venden su fuerza de trabajo y de quienes la compran serán cada vez más insuficientes.
La población trabajadora ya contribuye con una parte considerable de sus remuneraciones, las patronales rechazan con fuerza que se aumenten sus aportes (pese a la existencia de muchas exenciones, a menudo poco justificadas y más favorables para las grandes empresas que para las medianas y pequeñas) y raras veces los gobiernos han deseado aumentar el desembolso estatal en este rubro. La reforma jubilatoria de 2023 buscó mejorar la situación financiera del sistema sin aumentar sus ingresos; la de 1996, aparte de incrementar los años de trabajo necesarios para el retiro y reducir las asignaciones, introdujo las AFAP, con funciones bastante distintas de las pregonadas.
Despropósitos
Es llamativo que el Estado imponga la obligación de ahorrar en instituciones privadas, y más aún que esa intervención en las decisiones personales haya sido aprobada por fuerzas políticas que se decían liberales, pero la ley de 1996 tiene otra peculiaridad. Al regular las inversiones de las AFAP, canalizó un fuerte flujo de dinero desde la población activa hacia emisiones estatales, intermediada con comisión por el sector privado.
De todos modos, es muy claro que los fondos administrados por las AFAP (más de 27.800 millones de dólares en la actualidad) solo pueden lograr una mejora significativa del retiro para la minoría con mayores ingresos. Esta retiene para beneficio propio parte de sus aportes, en vez de volcarlos al sistema de redistribución y solidaridad, para terminar recibiendo sumas por encima del tope del sistema estatal.
Las escasas empresas del sector cuentan desde el comienzo con una población obligada a entregarles dinero todos los meses y la reforma de 2023 extendió esa base cautiva a la totalidad del trabajo formal. El interés económico de las AFAP es incrementar el ahorro voluntario de las personas con más recursos y en ese terreno compiten con otras instituciones que manejan inversiones. Esto explica la demanda de menores garantías de seguridad para su colocación del dinero ajeno (no en proyectos productivos para Uruguay, sino en el extranjero), a fin de ofrecer la posibilidad de mejores rendimientos. Además, proponen esto como alternativa a una reducción de sus actuales comisiones, cuyo monto, por el contrario, aumentaría si captan más inversores.
El conjunto de la población trabajadora uruguaya no va a convertirse en una multitud de inversionistas de riesgo, especialmente porque lo que arriesgaría, en la mayoría de los casos, es su única y magra fuente de ingresos para el retiro y la vejez. Presentar la propuesta como una solución de alcance colectivo es publicidad engañosa.