En los últimos días, una serie de amenazas de tiroteos en centros educativos, mensajes que circulan por redes y episodios que se replican entre rumores, capturas y comentarios volvieron a instalar una preocupación que no puede ser leída como un hecho aislado. Más allá de que algunas de estas situaciones puedan inscribirse en lógicas de imitación, viralización o incluso banalización, lo cierto es que producen efectos concretos sobre la vida cotidiana de los centros. Y esos efectos no son menores.
Entre quienes minimizan lo ocurrido y quienes reaccionan desde una alarma comprensible, queda expuesta una zona mucho más difícil de abordar: la fragilidad de las respuestas institucionales frente a situaciones que, aun cuando no se concreten, alteran de forma directa las condiciones en que se enseña, se aprende y se trabaja. Porque cuando una amenaza irrumpe, aunque sea ambigua, imprecisa o incluso falsa, lo que se pone en juego no es solamente la posibilidad de un hecho extremo, sino también la consistencia del marco institucional que debería poder contenerlo.
Desde hace tiempo se sostiene, casi como una evidencia, que los centros educativos son espacios seguros. Sin embargo, esa afirmación empieza a mostrar sus límites cuando aparecen situaciones para las cuales no existen respuestas claras, homogéneas y suficientemente conocidas. La seguridad no puede descansar solamente en la idea de que ciertas cosas “acá no pasan” ni en la confianza difusa de que, llegado el caso, alguien sabrá qué hacer. Cuando las decisiones quedan libradas a la interpretación de cada equipo de dirección, a la disponibilidad circunstancial de apoyos externos o a la capacidad de reacción de quienes están en el lugar, lo que aparece es otra cosa: no una política de cuidado consolidada, sino un conjunto de resoluciones parciales frente a escenarios que el sistema todavía no termina de asumir.
Eso tiene consecuencias. Las tiene para los estudiantes, que reciben señales contradictorias entre la aparente normalidad y el temor que circula. Las tiene para las familias, que depositan en los centros una expectativa básica de resguardo. Y las tiene también para docentes y funcionarios, que muchas veces quedamos ubicados en un lugar de responsabilidad para el cual no contamos ni con respaldo suficiente ni con criterios de actuación claramente establecidos. Pero no se trata de problemas separados: cuando quienes sostenemos cotidianamente la tarea educativa quedamos expuestos y sin apoyos claros, también se debilitan las condiciones de cuidado que los centros deberían ofrecer a los jóvenes.
No se trata, por supuesto, de responder a este tipo de situaciones mediante la importación acrítica de dispositivos de vigilancia ni de transformar los centros educativos en espacios regidos por una lógica de sospecha permanente. La salida no puede ser ni la negación ni una lógica de control excesivo. Pero justamente entre esos dos extremos se abre hoy un vacío que resulta cada vez más difícil de sostener. Porque si frente a la falta de previsibilidad la única salida es reaccionar en exceso, el problema sigue ahí.
Lo que estas situaciones dejan en evidencia es que la circulación contemporánea de la violencia no siempre adopta formas directas, lineales o fácilmente clasificables. A veces aparece como amenaza, como inscripción, como mensaje replicado, como gesto imitativo o como puesta en escena. Pero incluso en esos casos sus efectos son materiales: desorganizan la vida institucional, deterioran la confianza, producen miedo, alteran vínculos y obligan a reconfigurar, aunque sea provisoriamente, el sentido mismo de la convivencia educativa.
Por eso, no alcanza con explicar estos episodios como una “moda” o como una deriva propia de las redes sociales, ya que reducir el problema a esa dimensión implica desconocer que el sistema educativo tiene la obligación de construir respuestas frente a los efectos reales que esas amenazas generan. No para amplificar el miedo, sino para evitar que la incertidumbre termine convirtiéndose en la única forma disponible de gestión.
Lo que está en discusión es si el sistema educativo está en condiciones de ofrecer un marco de cuidado acorde al tipo de conflictos, lenguajes y formas de circulación de la violencia que atraviesan el presente.
La pregunta, entonces, no es solo qué tan verosímil resulta cada amenaza, sino qué capacidad institucional existe para actuar frente a ellas. Quién define la suspensión de actividades o la continuidad de las clases, con qué criterios se evalúa el riesgo, qué se comunica y cómo a las familias, qué respaldo reciben los equipos de dirección, qué orientaciones existen y hasta qué punto son conocidas por quienes deben aplicarlas. También, en un plano más amplio, qué estrategias de prevención y de construcción de convivencia se están pensando para escenarios que ya no pueden considerarse excepcionales simplemente porque incomodan.
Los centros educativos necesitan poder constituirse como espacios de confianza, de encuentro y de trabajo compartido. Pero esa confianza no puede sostenerse sobre una ficción. Requiere condiciones institucionales, criterios comunes y formas de cuidado que no dependan de la voluntad aislada de quienes, todos los días, hacen funcionar el sistema en medio de carencias cada vez más naturalizadas. Y requiere, además, asumir que proteger a quienes hoy transitan los centros –y en particular a los jóvenes, que son parte central del futuro del país– no puede quedar librado a respuestas fragmentarias o tardías.
Tal vez una de las dificultades más evidentes sea justamente esa: durante mucho tiempo, ciertas fragilidades del sistema se volvieron paisaje. Y cuando eso ocurre, también se vuelve más difícil reconocer el momento en que dejan de ser una precariedad conocida para convertirse en un problema que exige otro tipo de respuesta.
En este punto, lo que está en discusión no es solo cómo reaccionar ante una amenaza puntual. Lo que está en discusión es algo más complejo: si el sistema educativo está en condiciones de ofrecer, de manera consistente, un marco de cuidado acorde al tipo de conflictos, lenguajes y formas de circulación de la violencia que atraviesan el presente.
Lo que está en juego no se resuelve ni mirando para otro lado ni reaccionando solo cuando la amenaza ya circuló. Se resuelve, en todo caso, construyendo condiciones institucionales más firmes: previsibilidad, respaldo, criterios comunes y un trabajo real de prevención que no quede reducido a la urgencia del momento. Porque cuidar la vida cotidiana en los centros educativos no es solamente una obligación hacia quienes trabajan en ellos o hacia quienes asisten todos los días; es también una responsabilidad pública más amplia. Si la seguridad ha de ser parte de la vida educativa, no puede seguir funcionando como una promesa implícita, sino como una responsabilidad asumida.
Estefanía Ganduglia es profesora de inglés en educación secundaria y maestranda en Ciencias Humanas por la Udelar.