Los gobiernos departamentales y locales importan. Eso es así en Uruguay, en la región y en el mundo. Este mes de mayo ya se cumple un año de los últimos comicios que legitimaron en las urnas a los nuevos elencos de gestión en intendencias y municipios (19 y 136 estructuras de gobierno, respectivamente). En medio de ese tránsito pasaron discursos, gestos, señales y algunas definiciones. Ya no debería ser objeto de mayor discusión el hecho de que para un país como Uruguay, cargado de desigualdades y disparidades territoriales, es vital mejorar la calidad de las políticas con enfoque territorial. En esa perspectiva es clave dar impulso a procesos institucionales sostenidos, decisiones, recursos, capacidades y, por supuesto, calibrar los efectos e impactos concretos de lo que se va implementando.
Este artículo se propone dar una rápida revisión a lo sucedido en los primeros meses de gestión subnacional y también realiza un repaso de los énfasis realizados en los discursos de asunción de las jerarquías departamentales elegidas. Uruguay es el último país de la región en integrar gobiernos locales electivos y se ha acostumbrado a hablar de descentralización, aunque, en los hechos, hace más de una década que no ajusta su marco legislativo y parece avanzar muy lentamente en la profundización de prácticas políticas territoriales y participativas.
Guiños, señales y luces
Un primer gesto político bien importante fue el registrado en julio de 2025, momento en el que el presidente Yamandú Orsi –en muchos casos personalmente y en otros enviando figuras de primer nivel del Poder Ejecutivo– marcó participación en todas las asunciones de los jerarcas departamentales. Otra inequívoca señal relevante fue la generada a partir de la discusión presupuestal que involucró los fondos de origen nacional con destino a los territorios. En una negociación en la que Orsi tuvo participación directa hubo acuerdo con el Congreso de Intendentes en relación con las partidas a incluir en el presupuesto quinquenal para el período 2026-2030.
Ya a finales de julio de 2025 quedó ratificado el habitual 3,33% del presupuesto para el financiamiento subnacional (de acuerdo a lo establecido constitucionalmente), pero con un acuerdo adicional que propició la creación de un fondo de inversiones estratégicas por un monto de 80.000.000 de dólares. Ese fondo se discrimina con 45.000.000 de dólares para Montevideo y Canelones y distribuye los otros 35.000.000 entre los demás departamentos. Por cierto, las obras que de allí se desprendan deben contar con la aprobación de la Comisión Sectorial de Descentralización, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Otro aspecto clave para el gran acuerdo político entre intendentes y Poder Ejecutivo fue la modificación de la distribución del porcentaje asignado al Fondo de Desarrollo del Interior, por el que las intendencias accedieron a un incremento de 40 millones de dólares en este quinquenio con manejo específico desde los departamentos. En términos de recursos, entonces, la cifra ascenderá a un máximo que puede ser definido como “histórico”, superando los 4.000 millones de dólares en el total del período quinquenal. El porcentaje del incremento de las partidas en este período será similar al registrado en el quinquenio 2015-2010.
Una gran parte del asunto es que, más allá de una concreción importante en lo que involucra asignación de recursos como punto de partida decisivo, los énfasis y retos fundamentales deben estar centrados en las capacidades y articulaciones virtuosas para generar verdaderos efectos e impactos en la gestión territorial. Un país como Uruguay, de enorme tradición centralista, debe propiciar esquemas diferentes de financiamiento, pero también de construcción y consolidación de políticas entre todos los actores públicos y entre los tres niveles gubernamentales. También debe generar procesos de participación comunitaria efectiva sostenida con agendas que deben centrarse en las prioridades territoriales y no caer en sesgos sectoriales.
Los énfasis discursivos de jerarcas departamentales
Los 18 intendentes y la intendenta Ana Bentaberri, de San José, asumieron funciones de gobierno entre el jueves 10 y el viernes 11 de julio de 2025. Todos realizaron discursos públicos al momento de asumir, por lo que este apartado del artículo se propone ordenar, clasificar y discriminar algunos de esos énfasis discursivos sobre la base de cinco dimensiones que en buena medida orientan el accionar subnacional: ABC (contenidos centrados en servicios y prestaciones básicas, obras, caminería, alumbrado, limpieza, maquinaria, entre otros); desarrollo territorial multidimensional (énfasis sociocultural, político, ambiental, económico, considerando temas en materia de empleo, inversión, educación, cultura, ambiente, turismo, juventudes, políticas sociales); relaciones intergubernamentales (privilegiando las coordinaciones, en particular con el Poder Ejecutivo, y subrayando lo multinivel); descentralización y gobiernos locales (reconocimiento explícito a la necesidad de profundizar la descentralización y el trabajo con municipios); y participación ciudadana (énfasis en procesos participativos, política de cercanía y presencia territorial).
A partir de una codificación simple de los discursos se arribó a tres categorías para cada una de las cinco dimensiones propuestas: alta, media y baja mención.
Del análisis discursivo se identifica que 12 de 19 jerarcas destacan explícitamente la descentralización como herramienta o refieren a la importancia de los gobiernos locales en los procesos de gestión política. Los discursos departamentales que mayormente enfatizaron este tema fueron Artigas, Paysandú, Río Negro, Colonia, San José, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Montevideo, Canelones y Soriano en menor medida. A su vez, 10 de esos 12 hacen mención a este tema como un eje claramente jerarquizado.
La descentralización no es algo unánime en los ejes discursivos sistematizados, es notoriamente menos relevante en los planteos iniciales realizados en Salto, Rivera, Durazno, Rocha, Maldonado, Florida y Flores.
En otras posibles lecturas de los énfasis discursivos según las cinco dimensiones propuestas podrían subrayarse:
Rivera, Soriano, Treinta y Tres y Cerro Largo destacan la dimensión “ABC municipal” como dominante en sus discursos de asunción.
Para Paysandú, Río Negro, Colonia, San José, Lavalleja, Montevideo y Canelones se identifican fuertes énfasis en la dimensión del desarrollo territorial multidimensional.
Paysandú, Canelones y Lavalleja se suman a Rivera, Durazno y Florida, subrayando la relevancia del relacionamiento intergubernamental y con el Poder Ejecutivo.
La cercanía y la participación aparecen fuertemente jerarquizados en los discursos iniciales de Paysandú, Río Negro, San José, Montevideo y Canelones.
En términos partidarios todos los gobiernos departamentales del Frente Amplio le otorgan alta prioridad discursiva al tema descentralización y los gobiernos locales. La única intendencia colorada (Rivera), asigna prioridad discursiva al ABC y al relacionamiento intergubernamental. Mientras tanto, entre las 14 intendencias nacionalistas el panorama es muy heterogéneo.
¿Seguiremos territorializando servicios públicos y desconcentrando oficinas sectoriales o se abrirá la oportunidad de modificar la matriz que define políticas desde la centralidad para construirlas desde la escala territorial?
El análisis comparado de los discursos de asunción podrá ser letra muerta en el plano de la gestión concreta, pero también puede orientar esfuerzos y prioridades. Un elemento fundamental al que habrá que estar atento es la puesta en marcha de los presupuestos quinquenales departamentales y la materialización específica en términos de proyectos y procesos.
El ABC municipal continúa siendo un componente central de reconocimiento y legitimación de la gestión subnacional en general y departamental en particular. Pero hay una mayoría nada despreciable de jerarcas que incorporan de forma explícita referencias a la descentralización, los gobiernos locales y la proximidad con la ciudadanía. No obstante, el análisis debe discriminar también qué entiende cada jerarca por cercanía, proximidad o participación. El propio concepto de descentralización no es para todos lo mismo, ya que los énfasis no se distribuyen homogéneamente. Hay departamentos que conciben la descentralización como un eje estructurante de la acción política y el desarrollo territorial, en otros casos aparece subordinada a una perspectiva predominantemente administrativa o de articulación intergubernamental.
Conclusiones y algunas pistas
No hay blancos y negros en estas discusiones que, además, encierran procesos de mediano y largo aliento. Puede ser muy válida y defendible la importante asignación presupuestal anunciada, pero será clave ver su materialización efectiva en términos de capacidades y políticas con impacto territorial. Tampoco debieran existir graves discrepancias en relación con la imperiosa necesidad de fortalecer los instrumentos y procedimientos que aseguren transparencia y eficiencia en la administración y gestión de los mencionados recursos públicos en la escala subnacional.
Sigue siendo vigente la pregunta: ¿qué tan dispuestas estarán las intendencias a cambiar prácticas de gestión, en muchos casos deficitarias o poco transparentes? No es menos legítima otra pregunta: ¿qué tan dispuesto estará este Poder Ejecutivo de analizar con evidencia una modificación sustantiva que marque un mayor compromiso con la profundización de la descentralización y la participación ciudadana? Eso no solo encierra recursos, sino márgenes decisionales. ¿Seguiremos territorializando servicios públicos y desconcentrando oficinas sectoriales, o se abrirá la oportunidad de modificar la matriz que define políticas desde la centralidad para construirlas desde la escala territorial?
Queda mucha tela por cortar. Por lo pronto, es importante lo que la OPP defina en términos de criterios de asignación en función de características sociodemográficas y otras variables siempre relevantes. También es imperioso avanzar en la transformación de los actuales escenarios de fiscalización subnacional, incrementando los controles y atacando ineficiencias estructurales que existen en varios casos.
Martín Pardo es politólogo, magíster en Desarrollo Local y Regional, doctorando en Estudios Territoriales.
