La formación de comisiones investigadoras parlamentarias se reitera en una forma que le quita relevancia al uso de esa herramienta y puede, lamentablemente, aumentar el desinterés o el descontento de la ciudadanía hacia el sistema partidario. El episodio más reciente tiene que ver con sendas comisiones impulsadas en la Cámara de Representantes, desde el oficialismo y la oposición, para investigar actuaciones de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Durante el período de gobierno pasado, desde el Frente Amplio (FA) se cuestionó a menudo la compra de servicios por parte de las autoridades de ASSE, encabezadas por el nacionalista Leonardo Cipriani. Entre las contrataciones más criticadas estuvieron las realizadas al Casmu y al Círculo Católico, que aumentaron mucho, y –para traslados– a la empresa ITHG, registrada como proveedora de servicios marítimos.
En el caso del Círculo Católico, se agregó la priorización de los pagos a esa mutualista, de la que Cipriani había sido director técnico antes de ser designado como presidente del directorio de ASSE y a la que retornó, como coordinador de asistencia, después de desempeñarse en ese organismo público.
El actual directorio de ASSE, presidido por Álvaro Danza, dispuso investigaciones internas sobre las mencionadas actuaciones en el período anterior de gobierno y, tras recibir los informes correspondientes, anunció, a fines del mes pasado, que presentaría una denuncia penal, cosa que hizo ayer.
Durante el mes transcurrido entre el anuncio y la denuncia, el FA dio a conocer que se proponía impulsar una investigadora sobre el mismo asunto y el Partido Nacional (PN) se adelantó a proponer otra que abarcara las gestiones en ASSE desde 2015 hasta la actualidad. Se negoció la posibilidad de fusionar ambas comisiones, y finalmente la bancada nacionalista anunció que abandonaba el intento de llegar a un acuerdo con el oficialismo.
El desacuerdo no resuelto es que el PN quiere incluir en la investigación el período en que Danza, después de asumir la presidencia de ASSE, mantuvo actividades remuneradas en otras instituciones del sistema de salud. El FA no acepta esto, alegando que el tema ya fue discutido en una interpelación, antes de la cual Danza había renunciado a esos empleos.
Una vez presentada la denuncia sobre el período anterior, el sistema judicial va a considerarla y a tomar decisiones. Una comisión parlamentaria solo puede agregar la amplificación del debate político sobre el asunto, con declaraciones sin consecuencias jurídicas. A su vez, el PN tiene la posibilidad de denunciar, si le parece necesario, la conducta que le reprocha a Danza. Los hechos están a la vista, y para determinar si se violó alguna norma no parece necesario que un grupo de diputados dedique su valioso tiempo a investigar.
Es legítimo y necesario que los partidos compitan entre sí, pero cuando su contienda deriva en señalarse unos a otros como organizaciones delictivas, el resultado no ayuda a fortalecer la confianza ciudadana en la Fiscalía, el Poder Judicial, el oficialismo, la oposición o la democracia.
