La democracia, como casi todo lo humano, nunca está terminada. Siempre puede mejorarse, corregirse o deteriorarse. La cuestión importante es entender por qué se desgasta, qué aspectos necesitan ser corregidos y de qué manera puede fortalecerse.
Sabemos que no existe como un mecanismo cerrado o definitivo. Depende de una construcción continua: del intercambio de ideas, de discusiones reales y de la posibilidad de que los argumentos todavía tengan valor. Para que eso ocurra, la verdad debe importar y el razonamiento conjunto tiene que servir para algo más que producir ruido.
Sin embargo, esas condiciones vienen debilitándose desde hace tiempo, y lo peor es que no parece un fenómeno casual. Hay una lógica detrás de ese deterioro y Arthur Schopenhauer la describía con el concepto de erística: el arte de imponerse en una discusión aun sin tener razón. El término proviene de Eris, diosa griega de la discordia, y expresa exactamente esa idea de debatir no para acercarse a la verdad, sino para derrotar al otro a cualquier precio. Hoy esa práctica dejó de ser solamente una habilidad individual y pasó a convertirse en una herramienta utilizada sobre millones de personas al mismo tiempo.
Los mecanismos son bastante visibles. Se lanzan afirmaciones sin tiempo suficiente para verificarlas, y así una mentira puede producirse en segundos, mientras desmentirla exige mucho más esfuerzo. Cuando un dato empieza a incomodar, rápidamente aparece otro tema. Muchas veces se exagera una postura hasta volverla absurda para discutir la caricatura y no el argumento real. Y si todo eso ya no alcanza, viene el ataque personal, el escándalo o la creación del caos. Así, la discusión pública deja de favorecer a quien argumenta mejor y empieza a beneficiar a quien logra impedir que el otro desarrolle su razonamiento.
La erística también influye sobre qué hechos se amplifican y cuáles se silencian. Algunas noticias dominan la conversación pública durante horas y luego son reemplazadas por otras antes de dejar consecuencias reales. La saturación consiste en difundir falsedades y en producir un volumen tal de información que incluso los hechos verdaderos terminan invisibilizados.
Uruguay no queda afuera. Los cambios de fiscales en causas sensibles, como las vinculadas a Cardama o Marset, afectan la percepción de justicia y generan descreimiento. Primero se erosiona la confianza en la igualdad ante la ley y luego empieza a resentirse la confianza en la propia democracia. Además, la repetición permanente de escándalos termina produciendo cansancio. La ciudadanía deja de esperar explicaciones y lentamente se acostumbra. Ese agotamiento favorece precisamente a quienes prefieren actuar sin controles ni vigilancia pública. Entonces, la democracia conserva sus formas, pero pierde contenido.
Poco a poco la conversación pública deja de funcionar como intercambio de razones y se convierte en una dinámica de desgaste. El debate racional se vacía lentamente y, cuando pierde credibilidad suficiente, aparece alguien dispuesto a ocupar ese espacio.
Cuando la discusión pierde legitimidad, empieza a notarse el vacío y allí emerge el cesarismo. No necesariamente mediante un golpe o una crisis institucional, sino a través de figuras que se presentan como árbitros situados por encima de partidos e instituciones, intérpretes del “verdadero pueblo”, de “la gente”. Para consolidarse necesitan una sociedad cansada de deliberar y convencida de que discutir ya no sirve para nada. La fatiga argumental se instala y parece que la única salida es alguien que decida, que corte el bacalao.
Para consolidarse necesitan una sociedad cansada de deliberar y convencida de que discutir ya no sirve para nada. La fatiga argumental se instala y parece que la única salida es alguien que decida, que corte el bacalao.
En ese punto, erística, cesarismo y lawfare dejan de ser fenómenos separados para integrarse en un mismo proceso de degradación. La primera deja sin sentido el debate público; el segundo, ocupa el vacío político que queda apoyándose en la lógica de “yo fui votado, yo hablo por todos”, y el tercero utiliza mecanismos judiciales para darles apariencia de legalidad a disputas que en el fondo son políticas.
Uno de los ejemplos más visibles de esa lógica son las filtraciones conocidas como Hondurasgate, que desnudan mecanismos de coordinación entre actores estatales y paraestatales orientados a intervenir en la vida política regional mediante operaciones de desinformación, presión militar e interferencia en la soberanía de distintos países.
Pero quizá el aspecto más significativo no sea que esto ocurra, porque la injerencia externa tiene larga historia en América Latina. El escándalo es el silencio; la omisión sistemática de buena parte de los grandes medios hace que hechos de semejante magnitud no generen debates profundos, mostrando hasta qué punto los mecanismos necesarios para producir discusión pública ya se encuentran debilitados.
Ese tipo de operaciones no se limita a la comunicación. También alcanza a instituciones que deberían funcionar como garantía de imparcialidad, como el Poder Judicial.
El lawfare funciona de manera similar. Mantiene las formas institucionales (jueces, expedientes, procesos), pero el objetivo real deja de ser la búsqueda de verdad y pasa a ser el desgaste político. Cuando la ciudadanía deja de distinguir entre imputado y culpable, el objetivo del lawfare ya está cumplido. No necesita condena pues le alcanza con instalar la duda.
La novedad no está tanto en las prácticas como en las herramientas disponibles para desarrollarlas (inteligencia artificial). La manipulación política existió siempre; hace siglos, señalaba Maquiavelo, para el poder muchas veces resulta más importante parecer justo que serlo. Lo que cambia hoy es la escala y la precisión técnica. La inteligencia artificial permite perfeccionar la construcción de apariencias.
Durante gran parte del siglo XX, influir masivamente sobre la opinión pública requería estructuras enormes: medios de comunicación concentrados, aparatos partidarios y recursos económicos muy importantes. Los regímenes totalitarios lo hicieron de manera brutal, mientras que las democracias construyeron prensa independiente, pluralismo e instituciones capaces de evitar monopolios del relato.
Las redes sociales empezaron a alterar ese equilibrio y la inteligencia artificial está profundizando el fenómeno. No porque haya inventado nuevos objetivos políticos (la democracia siempre fue un blanco sobre el cual disparar), sino porque democratizó (en el peor sentido) los instrumentos de manipulación, pues hoy actores con recursos relativamente pequeños pueden producir efectos que antes requerían grandes estructuras organizadas y cuantiosos recursos.
Ahí aparece uno de los problemas centrales: la manipulación a través de la IA permite influir sobre elecciones sin necesidad de romper formalmente ninguna regla democrática. No hacen falta golpes de Estado ni fraude electoral tradicional. El ciudadano sigue entrando libremente al cuarto de votación (paradojalmente llamado “oscuro”), pero muchas veces llega allí después de años en que su percepción de la realidad fue manipulada sistemáticamente. El voto sigue siendo libre, pero cómo se forma y se decide, no tanto.
Los mecanismos son diversos. Pueden crearse identidades inexistentes que aparentan representar espontáneamente el descontento social y acumulan seguidores reales. Los mismos sistemas son capaces de identificar perfiles psicológicos y adaptar mensajes específicos para cada persona. La propaganda, la campaña política, deja entonces de ser masiva y se vuelve individualizada. Y cuando convencer resulta difícil, también puede buscarse otra cosa: cansar, producir ruido permanente y empujar a las personas hacia posiciones previas o emociones básicas y a la apatía.
El resultado es una forma de acceso al poder que mantiene intacto el procedimiento democrático: hay campañas, debates, elecciones y autoridades electas. Pero el espacio donde se forma la voluntad colectiva puede haber sido condicionado durante años antes de la votación. Es la captura del proceso desde adentro utilizando las propias herramientas de la libertad democrática.
Por eso vale volver al título. Una democracia perfectible supone que existe un mecanismo de corrección por excelencia: la deliberación abierta y la posibilidad de que el error sea enmendado. Pero si ese mecanismo está siendo desmontado (la credibilidad del argumento y la de la persona que lo sostiene, la atención pública y ahora la percepción de que la realidad se construye a medida en una “fábrica de realidades”, o más bien de ilusiones creíbles), entonces perfectible ya no puede ser una promesa sino una exigencia de nuestro tiempo.
Cuando el debate pierde capacidad de producir acuerdos o verdad, no aparece el silencio, simplemente más ruido. Y en ese bochinche encuentran espacio quienes prometen orden (sin deliberación) o incluso plataformas tecnológicas que terminan condicionando emociones, gustos y decisiones políticas. Una especie de cesarismo tecnológico: no ya un líder que decide por todos, sino algoritmos que eligen por nosotros.
Así planteado, puede haber quien cuestione si la democracia es perfectible y, peor aún, si quedan condiciones para intentarlo. Hay millones que igual caminan hacia el horizonte de la utopía.
Pablo Tailanian es integrante del Movimiento Socialista Frugoni.
