El gobierno presentó la Rendición de Cuentas de 2025. En este marco, Uruguay se encuentra en buena posición para avanzar en la agenda de protección social que se trazó al inicio del período y que establecía las prioridades en la primera infancia a través de la mejora de las transferencias y las políticas de atención a personas vulnerables y en situación de calle.
Poco se ha dicho, sin embargo, de la necesidad de fortalecer la inversión en vivienda y en infraestructura barrial, así como aumentar las opciones de viviendas disponibles, como la experiencia de viviendas con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social. Los proyectos Más Barrio y Entre Todos son dos iniciativas que buscan fortalecer la inversión en territorios y en zonas precarias y sin servicios, lo que puede mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, además de dinamizar la economía local. De igual forma, la exoneración del IVA a la compra de materiales para la construcción de vivienda a cooperativas complementa la exoneración realizada a la vivienda de interés social llevada adelante por la Agencia Nacional de Vivienda y también representa un logro.
Estoy convencido de que una marca de distinción de este período debería reflejarse en la inversión realizada en el interior del país, ya sea en infraestructura como para dinamizar territorios que requieren mejoras del comercio y los servicios. En algunos lugares del interior del país es evidente el nivel de deterioro del territorio, el escaso flujo de comercio, servicios y empresas.
El sector privado de Uruguay está compuesto en su gran mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 99,5% de las unidades productivas y emplean el 63% del total de personal ocupado del país. Para 2026 la cantidad de empresas asciende a 202.494, según datos del monitor de la Agencia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el volumen de ventas representa solo el 22% del total. Dentro del núcleo de empresas exportadoras de bienes de Uruguay para 2023, el 83% fueron mipymes pero representaron solo el 6% del valor exportado. Por otra parte, estas empresas generaron el 20% de los puestos de trabajo del núcleo exportador y fueron las que incluyeron mayor diversificación de bienes.
Mejorar las condiciones de una buena parte de la población dependerá de la inversión social que se haga, pero en estrecha articulación con el sector productivo, abriendo nuevas oportunidades comerciales que permitan trascender las políticas de asistencia social para convertirlas en políticas de promoción social. La educación dual, las experiencias de trabajo protegido e instrumentos como la Ley de Empleo Integral son algunos ejemplos de instrumentos que requieren dinamismo y apoyo, además de inversión.
Mejorar las condiciones de una buena parte de la población dependerá de la inversión social que se haga, pero en estrecha articulación con el sector productivo.
Este entramado requiere coordinación y articulación, en épocas en las que el trabajo, como parte esencial de las políticas sociales, se encuentra en transformación y en riesgo de ser sustituido por el proceso de automatización. Compatibilizar los desafíos tecnológicos con la demanda laboral será uno de los temas prioritarios de la agenda de los próximos años.
Recientemente ha ingresado al Parlamento la Ley de Competitividad, que reconoce la necesidad de realizar reformas a nivel burocrático y de gestión. Además, incluye una exoneración progresiva para las micro y pequeñas empresas comprendidas en el literal E. Sin embargo, esa iniciativa presenta algunas alertas. Por un lado, elimina la necesidad de traducción al español de los documentos comerciales que se utilizan en transacciones, generando barreras idiomáticas para quienes deben gestionar dichas transacciones. La digitalización de muchos trámites y su simplificación no debería ir en detrimento de un respaldo físico para las transacciones.
Finalmente, es posible pensar que Uruguay disponga de herramientas estratégicas que están en su control y de las cuales hemos hecho una gestión sostenida y sostenible en el tiempo, como ser recursos estratégicos como la energía o las telecomunicaciones. El cambio de matriz energética no solo le ha dado al país soberanía en cuanto al suministro, sino que también le ha permitido generar un bien de exportación al tiempo que ensayar un cambio tecnológico. Uruguay podría generar una bonificación tarifaria a nivel comercial y doméstico por un período de tiempo como forma de bajar los costos operativos de un sector del comercio que requiere apoyo en momentos de transición como los que nos encontramos. Trascender los incentivos tributarios, para pasar a incidir en los costos operativos de la matriz productiva, podría ser otra herramienta disponible; sin embargo, no se ha hecho mención dentro de los instrumentos.
Esta Rendición de Cuentas podría reflejar los esfuerzos distributivos y de protección social que Uruguay se ha marcado para este período en un contexto internacional de enorme volatilidad e incertidumbre.
Gustavo Robaina es licenciado en Trabajo Social y activista en política de drogas.
