La democracia necesita oposición y necesita debate. Lo que no puede permitirse es que la búsqueda del descrédito termine debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y en las políticas públicas.
Hay pocas cosas que movilicen tanto como la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos o de quienes queremos. Cuando aparece la posibilidad de una enfermedad grave, las familias buscan respuestas, certezas y protección. Precisamente por eso, la salud pública exige un cuidado especial no solo en las decisiones que se adoptan, sino también en la forma en que esas decisiones se comunican y se debaten.
La reciente discusión sobre la incorporación de la vacuna contra el meningococo al esquema nacional de vacunación invita a una reflexión que trasciende ampliamente esta medida. Antes incluso de escuchar las explicaciones de las autoridades sanitarias o de conocer los fundamentos epidemiológicos de la estrategia, comenzaron a instalarse acusaciones y sospechas. La lógica pareció ser la de siempre: primero desacreditar; después, si queda tiempo, debatir.
No se trata de sostener que las políticas públicas no deban ser cuestionadas. Todo lo contrario. En una democracia madura, la oposición tiene el deber de controlar al gobierno, preguntar, exigir explicaciones y proponer alternativas. Ese equilibrio fortalece las instituciones. Lo que las debilita es reemplazar la evidencia por el prejuicio y el análisis por la sospecha permanente.
En este caso, muchos de los cuestionamientos dejaron de lado precisamente aquello que debería haber sido el punto de partida de cualquier discusión seria: las razones sanitarias de la estrategia. La incorporación de la vacuna para los recién nacidos responde a la necesidad de proteger a uno de los grupos más vulnerables frente a la enfermedad meningocócica invasiva. Al mismo tiempo, la vacunación de adolescentes de 11 y 12 años tiene un fundamento científico bien conocido: constituyen el principal reservorio del meningococo en la comunidad y, al inmunizarlos, se contribuye a disminuir la circulación de la bacteria y a proteger indirectamente a quienes presentan mayor riesgo.
A eso se suma el seguimiento epidemiológico que detectó un aumento inusual de casos asociados al meningococo C, lo que llevó a priorizar las franjas etarias en las que la vacunación puede producir un mayor impacto sanitario. Es legítimo discutir si en el futuro la cobertura debería ampliarse. Lo que no parece razonable es ignorar los fundamentos técnicos para instalar la idea de que la decisión responde únicamente a la voluntad política.
Incorporar una vacuna de estas características supone, además, una inversión pública muy importante. No se trata solamente de comprar dosis; se trata de garantizar que el acceso deje de depender de la capacidad económica de cada familia y pase a ser un derecho sustentado en criterios de equidad, prevención y protección colectiva.
Por eso también corresponde recordar que durante el período de gobierno anterior la vacuna contra el meningococo no fue incorporada al esquema nacional. Quienes deseaban acceder a ella debían hacerlo en el ámbito privado, afrontando un costo muy elevado. Ese antecedente no impide que hoy se reclame una política más amplia, pero sí invita a ejercer la crítica con memoria y con la misma exigencia que se reclama a los demás.
Hay otro aspecto que merece especial atención. Cuando el debate público se construye sobre mensajes incompletos o descontextualizados, las consecuencias trascienden el intercambio político. La ciudadanía, naturalmente, se preocupa. Padres y madres sienten angustia por la salud de sus hijos; aparecen campañas y recolecciones de firmas reclamando respuestas inmediatas. Esa preocupación nace de un deseo legítimo de proteger a quienes más queremos.
Lo preocupante es cuando esa inquietud colectiva comienza a alimentarse más de la confrontación política que de la información científica. La sociedad merece respuestas, no alarmas infundadas; merece evidencia, no consignas. Las decisiones sanitarias siempre implican prioridades, recursos limitados y evaluaciones técnicas complejas. Precisamente por eso existen equipos científicos y autoridades cuya responsabilidad es fundamentarlas y explicarlas públicamente.
La sociedad merece respuestas, no alarmas infundadas; merece evidencia, no consignas. Las decisiones sanitarias siempre implican prioridades, recursos limitados y evaluaciones técnicas complejas.
Cada vez con mayor frecuencia asistimos a una dinámica preocupante: cualquier política pública parece convertirse automáticamente en un escenario de confrontación. Ocurre con la educación, con la seguridad, con la economía y también con la salud. Esa lógica puede generar beneficios políticos de corto plazo, pero tiene un costo enorme para la democracia: erosiona la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para conducir políticas públicas basadas en evidencia.
Uruguay ha construido durante décadas un prestigio sanitario reconocido dentro y fuera de sus fronteras. Ese patrimonio no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Pertenece a toda la sociedad. Por eso debería ser cuidado por oficialismo y oposición con la misma responsabilidad con la que se protegen otros bienes públicos esenciales.
La oposición es imprescindible en una democracia. Su tarea es controlar, cuestionar y proponer. Pero existe una diferencia entre controlar y sembrar desconfianza; entre cuestionar y desacreditar; entre debatir y alimentar el miedo. La ciudadanía tiene derecho a exigir mejores políticas. También tiene derecho a esperar que quienes participan en el debate público actúen con la misma responsabilidad que reclaman a los demás. Porque cuando se habla de la salud de niñas, niños y adolescentes, la primera obligación ética debería ser contribuir a informar mejor, no a preocupar más.
Una democracia puede convivir con el disenso. Lo que difícilmente resista es que el descrédito importe más que la verdad.
Fernanda Blanco es diplomada en Educación y en Educación en Derechos Humanos. Fue edila de Montevideo por el Frente Amplio.
