A comienzos del mes pasado, cuando legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente anunciaron que no iban a votar el proyecto de Rendición de Cuentas recién enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, varios de ellos intentaron justificar esa decisión alegando que la aprobación de la iniciativa no corría peligro, porque seguramente iba a contar con el respaldo de Cabildo Abierto (CA) en la Cámara de Representantes, donde comenzó su trámite, y luego pasaría al Senado, en el que hay mayoría oficialista.
Por lo tanto, dijeron, el rechazo anticipado era solo un gesto político para expresar desaprobación al desempeño gubernamental, sin bloquear la discusión en particular ni la aprobación de los cambios planteados por el Ejecutivo. Entre ellos, el aumento del desembolso estatal propuesto para reducir la pobreza en hogares con población infantil y reforzar las áreas de seguridad pública, educación y asistencia a personas en situación de calle.
Un mes después, es incierta la aprobación del proyecto. El presidente de la Junta Nacional cabildante, Guido Manini Ríos, se reunió el jueves con el presidente Yamandú Orsi para transmitirle qué cambios del articulado desea, y dijo que quedaba a la espera de una contestación. Está por verse en qué medida serán aceptadas esas propuestas, hay dudas sobre la viabilidad de algunas de ellas y, por último, pero con gran importancia, ni siquiera está claro que quienes representan a CA en Diputados hayan participado en su elaboración y vayan a votar en función de lo que Manini decida.
Con este panorama, continúa en pie la posibilidad de que los cambios planteados por el Ejecutivo para el año próximo no se puedan llevar a cabo y todo quede como está en el Presupuesto que se aprobó en 2025.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 217 de la Constitución, la Cámara de Representantes debe pronunciarse sobre el proyecto de Rendición de Cuentas en un plazo de 45 días, que se cumplirá dentro de dos semanas. Queda poco tiempo, y si no se forma mayoría para la aprobación en general, el trámite parlamentario terminará en forma prematura.
Los partidos que adelantaron su voto negativo sumaron el apoyo de casi 45% de quienes votaron en la primera vuelta de las últimas elecciones nacionales. A nadie se le puede ocurrir que esa muy importante proporción de la ciudadanía quiera evitar que se asignen más recursos para disminuir la pobreza infantil o las redistribuciones del gasto público propuestas para las otras prioridades definidas por el Ejecutivo.
Cuando se tiene la obligación de representar a un porcentaje tan significativo de la población, hay que asumir la responsabilidad de que se aprueben o queden descartados cambios tan relevantes. No corresponde transferírsela a CA, un partido apoyado por menos del 2,5% de quienes votaron en octubre del año pasado.
Esos partidos cuestionan la forma en que el oficialismo gestiona los recursos públicos. Si en vez de defender las alternativas que consideran mejores insisten en impedir el debate, les darán la espalda a las demandas sociales de construir un país mejor hoy, sin esperar a las próximas elecciones.