Se ha vuelto frecuente que decisiones adoptadas en Estados Unidos causen alarma por sus consecuencias para el resto del mundo, pero hoy queremos destacar una que no se refiere a bombardeos, aranceles o intervenciones en la política interna de otros países y que abre perspectivas internacionales acotadas pero alentadoras.
En 2023 comenzó una oleada de demandas en ese país norteamericano contra grandes empresas tecnológicas, acusadas de diseñar deliberadamente sus plataformas de redes sociales para generar adicción a ellas, causando así daños a la salud mental de la población usuaria infantil y adolescente. La mayoría de las causas se unificó estratégicamente en un tribunal de Oakland, California, por iniciativa de una coalición de fiscales que abarcó casi todo el territorio estadounidense, mientras algunos procesos seguían su curso en otras sedes judiciales.
A fines de marzo de este año hubo fallos condenatorios en Nuevo México y Los Ángeles, basados en documentos internos y testimonios de empleados y exempleados: el primer fallo fue contra Meta como responsable de Facebook e Instagram; y el segundo contra esa empresa y Google como responsable de Youtube. A fines del mes pasado, probablemente para evitar otra condena, Meta hizo un acuerdo extrajudicial que desactivó el proceso contra ella en Oakland. La firma fundada por Mark Zuckerberg pagará hasta 18.000 millones de dólares durante diez años y, si bien no admitió formalmente su responsabilidad en el diseño adictivo, quedó obligada a implementar una serie de modificaciones, cuyo cumplimiento será controlado por una auditoría externa e independiente.
Los cambios dispuestos por la jueza Yvonne González Rogers incluyen procedimientos rigurosos para impedir el ingreso de menores de 13 años e identificar a menores de 18, y para estos últimos la limitación de funciones que estimulan el uso de las plataformas, un máximo de dos horas diarias para acceder a ellas y bloqueos en horario de clase y de la medianoche a las 6.00, solo desactivables por padres o tutores.
El resultado no es totalmente satisfactorio. El diseño adictivo afecta también a las personas adultas y será limitado pero no eliminado para menores de 18 años. La verificación de edades le proporcionará a Meta aún más datos personales sobre la totalidad de sus clientes, lo que afecta el derecho a la privacidad y aumenta los riesgos de manipulación a partir de esos datos.
De todos modos, tiene una enorme importancia que el centro de la cuestión haya sido la conducta adoptada por las empresas y no un debate acerca de los contenidos que parte de las personas usuarias divulgan, como si todo se redujera a determinar un equilibrio entre la protección social contra delitos y la libertad de expresión.
Captar la atención de los seres humanos se ha vuelto un activo de gran valor económico. Es crucial la prevención de prácticas maliciosas y fraudulentas para alcanzar ese objetivo, así como el aumento de la conciencia social sobre el problema. En este sentido, la humanidad ha dado un pequeño pero promisorio paso adelante.