Muchas veces, cuando hablamos de situación de calle, aparece una idea casi automática: primero la persona tiene que “demostrar” determinadas cosas para recién ahí acceder a una vivienda.
Durante décadas, la mayoría de las políticas dirigidas a personas en situación de calle se estructuraron bajo el denominado modelo escalera (Staircase model o Continuum of care). Este enfoque parte de la idea de que la inclusión residencial debe alcanzarse de manera progresiva: primero la atención de la emergencia, luego el alojamiento transitorio, posteriormente dispositivos con mayores niveles de autonomía y, finalmente, el acceso a una vivienda permanente.
Cada etapa supone el cumplimiento de determinados requisitos -adherencia a tratamientos, abstinencia, estabilidad emocional, inserción laboral o capacidad para la convivencia- que habilitan el pasaje al siguiente escalón. De esta forma, la vivienda deja de ser un derecho garantizado desde el inicio para convertirse en la meta final de un recorrido que las personas deben demostrar estar preparadas para transitar.
Dejar consumos, sostener tratamientos, conseguir trabajo, cumplir procesos, mostrar “voluntad”. Como si el derecho a habitar un lugar seguro fuera una recompensa al final del camino y no una condición básica para poder empezarlo.
En la práctica, la lógica suele ser inversa. Es muy difícil sostener un tratamiento durmiendo en la calle. Es difícil conseguir trabajo sin descanso, higiene o estabilidad. Es difícil pensar un proyecto de vida cuando cada día está atravesado por la incertidumbre más elemental: dónde dormir, dónde cargar un celular, dónde guardar una mochila, cómo pasar la noche sin violencia. A veces se le exige a quien está en situación de calle una capacidad de organización emocional y personal que ni siquiera muchas personas con vivienda estable podrían sostener.
En distintos países comenzaron a desarrollarse modelos como Housing First, que parten de una idea simple pero profundamente transformadora: la vivienda no debe ser el premio al “buen comportamiento”, sino el punto de partida desde donde reconstruir otros aspectos de la vida. Primero garantizar un lugar estable y digno; después acompañar procesos de salud, trabajo, vínculos y autonomía. Eso no significa negar las dificultades ni romantizar situaciones complejas. Significa entender que nadie construye estabilidad desde la intemperie permanente.
Esta discusión tampoco es ajena a Uruguay. Desde 2013 el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a intercambiar experiencias y desarrollar líneas de trabajo inspiradas en los enfoques Housing First y Housing Led, promoviendo una mirada que coloca a la vivienda en el centro de la intervención. Entre 2018 y 2019 se impulsaron experiencias pioneras como Alzáibar e Incubar, cuyos resultados contribuyeron posteriormente a la creación del programa Viviendas con Apoyo en 2021.
Es difícil pensar un proyecto de vida cuando cada día está atravesado por la incertidumbre más elemental: dónde dormir, dónde cargar un celular, dónde guardar una mochila, cómo pasar la noche sin violencia. A veces se le exige a quien está en situación de calle una capacidad de organización emocional y personal que ni siquiera muchas personas con vivienda estable podrían sostener.
La lógica detrás de estas iniciativas es sencilla pero potente: la estabilidad habitacional no es el resultado final de la inclusión social, sino una condición que la hace posible. Contar con una vivienda facilita el acceso a otros derechos, mejora las condiciones para sostener procesos de salud, fortalecer vínculos, generar ingresos y proyectar una vida con mayor autonomía. Sin embargo, la mayor parte de las respuestas dirigidas a las personas en situación de calle continúan apoyándose en dispositivos transitorios y refugios temporales. Incluso dentro de algunos programas más cercanos a la filosofía Housing First persisten requisitos vinculados a la autonomía, la convivencia o determinadas trayectorias previas.
También implica discutir cierta mirada meritocrática muy instalada socialmente: la idea de que solo merece ayuda quien responde de determinada manera, quien agradece, quien cumple con expectativas ajenas o quien logra encajar rápidamente en modelos de “recuperación” lineales. Pero las trayectorias humanas reales rara vez son lineales. Mucho menos cuando vienen atravesadas por años de exclusión, violencia, consumo problemático, institucionalización o ruptura de vínculos.
Quizás una de las preguntas más incómodas sea por qué seguimos pensando la vivienda como una meta a alcanzar y no como una base mínima desde la cual alguien pueda volver a proyectarse. Porque a veces no es que las personas no sepan sostener oportunidades. A veces simplemente nunca tuvieron desde dónde hacerlo. Y entonces la discusión deja de ser qué tiene que demostrar una persona para acceder a una vivienda y pasa a ser otra mucho más profunda: qué sociedad construimos cuando condicionamos un derecho básico a que alguien pruebe primero que merece ejercerlo.
Cristian Cayún es licenciado en Ciencia Política. Ha estado a cargo de diversos dispositivos en convenio con el Mides y la Intendencia de Montevideo, incluyendo Plan Invierno, centros de contingencia, paradores nocturnos y centros diurnos.