Hace varias semanas, un senador de la República afirmó en el pleno de su cámara que las decisiones del gobierno del Frente Amplio (FA) favorecen o facilitan la actividad del narcotráfico. Hace pocos días, el mismo legislador hizo otra afirmación semejante y sostuvo que los allanamientos nocturnos no serán apoyados por el FA, partido al que acusa de renunciar al combate del narcotráfico.
Tan grave aseveración no se acompaña de fundamentos o evidencias, y esto resulta muy lesivo contra todo el sistema de partidos políticos.
Sobre los allanamientos nocturnos no vamos a extendernos, pues, a nuestro juicio, el tema se agota con la columna “El ʻsucio secretoʼ de los allanamientos nocturnos”, publicada en Búsqueda por Gabriel Pereira en enero de 2024.
Pero en estas circunstancias parece necesario preguntarle al senador denunciante sobre un acto de su gobierno, relativo al pasaporte exprés entregado a Sebastián Marset, considerado el “rey del sur” del narcotráfico.
Es bueno recordar que las normas nacionales sobre expedición de pasaportes establecen que “no se dará curso a ninguna solicitud de pasaporte sin la comparecencia personal del interesado”, según establece el artículo 5 del Decreto 129/2014, firmado por el exvicepresidente Danilo Astori y no por José Mujica. Esta es una norma general, de carácter prohibitivo, para todo tipo de pasaportes, que no admite excepciones.
Esto es obvio, porque se trata de un documento de identificación y de carácter internacional: no se puede pedir online o a través de un apoderado. La autoridad competente exige en forma expresa en su sitio web: “Una vez confirmada la audiencia, debe presentarse en la oficina correspondiente para tramitar el pasaporte; esta gestión debe ser realizada únicamente por el titular, quien deberá presentarse con la documentación habilitante en el día y hora acordado en la oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil que corresponda”.
El expediente administrativo respectivo expresa textualmente: “que se recibió ‘una comunicación del Dr. B. solicitando se inicie trámite de pasaporte de forma urgente’ mientras Marset ‘se encuentra en prisión en Abu Dhabi con proceso judicial en curso’ y que la Sección Consular ‘entiende que debido a que el Sr. M. está imputado por falsificación de pasaporte de origen paraguayo, salvo mejor opinión en contrario de la Superioridad, resultaría prudente aguardar a que el proceso judicial finalice para oportunamente tramitar el documento de viaje’”. Igual se entregó el pasaporte.
Y para mayor claridad, el fiscal penal interviniente expresó: “teniendo en consideración que la presente investigación tiene su origen en la interpelación a dos ministros de Estado llevada adelante por la Cámara de Senadores en sesión extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución de la República, no podemos soslayar la actitud asumida por los jerarcas en dicha instancia”. En tal sentido, concluyó que “los ministros de Estado así como sus respectivos subsecretarios faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y, en definitiva, a la ciudadanía que estos representan en oportunidad de celebrarse la sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022”.
Los ministros de Estado y sus subsecretarios faltaron a la verdad y ocultaron información al Senado y a la ciudadanía. ¿Dónde estaba el senador en esa ocasión?
Marset no compareció personalmente ni en Montevideo, ni en el consulado en Dubái. Entonces, esto se transforma en una excepción, en un favor o en otra cosa. ¿Quién se hace cargo?
Hace pocos días, un senador sostuvo que los allanamientos nocturnos no serán apoyados por el FA, partido al que acusa de renunciar al combate del narcotráfico. Tan grave aseveración no se acompaña de fundamentos o evidencias, y esto resulta muy lesivo contra todo el sistema de partidos políticos.
El interesado estaba preso (en la cárcel de Dubái), ya que fue arrestado porque estaba trasladándose con un pasaporte paraguayo falso. Por tanto, no hubo “comparecencia personal” para el trámite que se comenta y este no está autorizado por tercera persona. El 28 de octubre de 2021 se inició el trámite. ¿Quién lo inicia? ¿Quién hace la solicitud de pasaporte? ¿Quién la recibe? Y para no buscar excusas, desde el 21 de setiembre de 2021 se sabía que Marset era un narcotraficante, tanto en el Ministerio del Interior como en la cancillería.
Las conclusiones son obvias: este trámite exprés se manejó por “la excepcionalidad de esta solicitud”, violando la norma fundamental. Nunca hubo comparecencia personal del solicitante, ni en Montevideo ni en Dubái, pero igual le extendieron el documento de viaje. Un favor, no un trámite. ¿Quiénes son los responsables de esta grave situación?
Con estos antecedentes, el senador no tenía las credenciales cívicas y morales para realizar las aseveraciones comentadas.
Julio Vidal Amodeo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
