Días atrás reflexionaba en este mismo espacio sobre disputas y relatos del sistema político en torno a la descentralización. Casualidad o causalidad, a pocos días de que el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, señalara textualmente que “[el presidente de la República, Yamandú] Orsi no cree en la descentralización", el primer mandatario cristalizó una serie de movimientos políticos muy relevantes.
El 9 de setiembre el presidente de la República participó activamente en el Plenario Nacional de Municipios y su recambio de autoridades, evento celebrado en el Parlamento con la presencia de representantes de los 136 gobiernos locales del país. El jueves 10 recibió a los 18 intendentes y la intendenta de San José en la estancia Anchorena, a los efectos de desarrollar una reunión de cuatro horas centrada en la coordinación ante el fenómeno El Niño. Más que gestos, más que señales; se plantearon instancias de diálogo político profundo en ámbitos donde, además, el presidente se siente genuinamente cómodo. ¿O acaso ejercer la primera magistratura inhibe tener perspectiva de gestión articulada y de cercanía?
En el Plenario de Municipios Orsi fue muy contundente; el trabajo de los municipios “es una escuela de discusión y formación política incomparable”. Valoró que la primera tarea de los gobiernos locales es ni más ni menos que resolver problemas en base a “la negociación permanente y la articulación”. En ese marco, instó a los municipios a contagiar al resto del sistema político. Más que retórica, se trató de un reconocimiento explícito a nivel local y territorial como ámbito institucional y democrático sustantivo.
En Anchorena, al día siguiente, la conversación volvió a enfatizar la necesidad de acciones coordinadas entre los niveles gubernamentales, prioritariamente abordando la prevención climática ante el más que factible impacto de El Niño. Y vaya si resultó oportuno, en la medida en que, más allá de las lluvias y las tormentas, las dinámicas comunitarias se ven afectadas enormemente por los drenajes, caminerías, viviendas, centros y comités de apoyo a damnificados y los recursos para obras excepcionales ante la emergencia. El presidente, entre distintos aspectos, se comprometió a reponer los fondos que las intendencias requieran adelantar en obras preventivas. Incluso refirió a la necesidad de favorecer mecanismos de transferencia más ágiles desde el gobierno central hacia las estructuras subnacionales.
El presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista Carlos Enciso, sintetizó y destacó en la oportunidad la relevancia de "trabajar desde ahora en la prevención, pero también establecer mecanismos para responder ante una eventual emergencia y posteriormente atender las tareas de reconstrucción". En definitiva, estos ámbitos y acciones representan bastante más que una coordinación esporádica o circunstancial sobre la emergencia climática. Son señales de alta política que el sistema todo debería abrazar, preservar y profundizar.
Sin caer en apasionamientos municipalistas ni en idealizaciones románticas, la economista Mariana Mazzucato ha desarrollado con fuerza en los últimos años argumentos que marcan la necesidad de asumir que los gobiernos locales están hoy en la primera línea de los desafíos más urgentes de las sociedades. Eso atraviesa las dimensiones ambientales y sociales del desarrollo humano, desde la crisis climática hasta las profundas desigualdades que imperan. Claro que todo eso requiere voluntad política, diálogo, coordinación, recursos y, fundamentalmente, capacidades dinámicas. Las señales y argumentos que estos días desde el gobierno nacional se han delineado hacia los elencos subnacionales de gobierno deben ser una hoja de ruta para abrir oportunidades de hacer una política con mayúsculas. Alta política.
Apuntar en esa dirección implica reconocer que los gobiernos subnacionales no son meros ejecutores de políticas diseñadas desde el centro, sino actores y motores de transformación con conocimiento territorial propio, cercanía y capacidad de generar soluciones. Por cierto, es clave mantener el foco en mejorar y aceitar los mecanismos de financiamiento y control, pero también hay que consolidar los ámbitos de diálogo político y coordinación acordes a esa realidad. Una parte del problema es que ese reconocimiento no siempre se traduce en arquitectura institucional y normativa acorde, pero nada impide avanzar.
Las señales y argumentos que estos días desde el gobierno nacional se han delineado hacia los elencos subnacionales de gobierno, deben ser una hoja de ruta para abrir oportunidades de hacer una política con mayúsculas.
Lo que queda identificado con estos últimos eventos es la ventana de oportunidad de avanzar, sin necesidad de discursos rimbombantes ni calificativos entre partidos, pero con acciones concretas. En columnas anteriores he planteado la necesidad de marcar una agenda ambiciosa en lo que implica profundizar el proceso de descentralización y municipalización. El inventario de pendientes es muy amplio y no está exento de dudas y preguntas, complejizadas, además, con posturas que no necesariamente tienen consensos a la interna de las distintas colectividades políticas. Eso explica, en buena medida, que exista una legislación nacional en materia de descentralización y participación que registra más de 12 años de estancamiento, sin revisiones ni adecuaciones de ningún tipo. Y vaya si los procesos territoriales han sido dinámicos.
¿Es acaso que faltan pistas para avanzar? No necesariamente. Solo por enunciar algunos ejes que requieren discusión y decisión podría apuntarse la viabilidad de municipalizar todo el territorio nacional, ya que es insostenible tener dos categorías de ciudadanía política (los que tienen derecho a votar autoridades locales y los que no). Otro eje posible sería el de analizar, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo en proceso de diseño, la armonización de una propuesta que permita pensar el país en clave regional (más allá de las comarcas departamentales). ¿O acaso no hay vocaciones regionales, productivas, económicas y sociales que trasciendan la división administrativa departamental?
En el inventario de propuestas también sería positivo dejar de evadir la discusión sobre una verdadera transformación de la matriz histórica de diseño e implementación de las políticas públicas en Uruguay. Esa que tradicionalmente es resuelta y definida desde los centros sectoriales decisionales hacia los territorios. La agenda de puntas y puntos podría seguir. Vaya si hay margen y necesidad para producir innovación de la política y de las políticas con un componente fundamental ligado a la participación y apropiación de las comunidades.
El Poder Ejecutivo debe leer estos movimientos recientes como un enorme capital político que no necesariamente es circunstancial. Sobre esa base, convencerse y convencer de que este diálogo político amplio, abierto y por lo alto siempre pagará mejores resultados que la dinámica del vértigo algorítmico a la que nos tienen bastante mal acostumbrados los reels parlamentarios. Esa es una arista de la política que lamentablemente ha tendido a desprestigiarse, porque suele centrarse en los epítetos y los calificativos. Nos hemos acostumbrado a asistir a performances mediáticas que nada tienen que ver con el escenario de acuerdos que el país y sus habitantes necesitan. El nivel de debate legislativo contemporáneo es chato y se parece demasiado frecuentemente a un diálogo de sordos.
La inmensa incertidumbre global y regional requiere discutir en profundidad los temas que hacen a la propia sustentabilidad social, económica y ambiental del país. Para eso hay que tener una institucionalidad a la altura, ya que el abordaje requiere perspectiva de Estado y relacionamiento intergubernamental de calidad. Los gobiernos subnacionales están (a veces directamente y siempre indirectamente) atravesados por los profundos retos estructurales que afectan nuestra cotidianidad: mejorar la calidad y cantidad del empleo, reducir la pobreza infantil, combatir las violencias territoriales con sus inmensos sesgos de género y generaciones, evitar la erosión de los recursos naturales, avanzar en la conexión entre oferta y demanda en materia de salud, educación, el acceso a la cultura, la recreación y el deporte. Todo eso afecta a las personas y se expresa en las comunidades.
La política y la dinámica del territorio hoy está bien lejos de las barras del Poder Legislativo y sus ecos; tampoco son las que pretenden contarse por redes sociales con sus hashtags y algoritmos. La política del territorio es la única que puede poner en el centro a las personas; porque las conoce, puede escucharlas y mirarlas a la cara.
Martín Pardo es politólogo, magíster en desarrollo local y regional, doctorando en estudios territoriales.
