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Foto: Ignacio Dotti

Proponen extender seguro de paro para trabajadores de Frigorífico Casa Blanca hasta junio de 2026

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El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que busca sostener ingresos y dar margen a una salida para el frigorífico sanducero, clave para más de 400 familias.

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El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley que plantea extender el subsidio por desempleo para los trabajadores del frigorífico Casa Blanca SA hasta el 30 de junio de 2026, en respuesta a la crítica situación que atraviesa la planta ubicada en Paysandú.

En febrero de 2025, el frigorífico Casa Blanca había enviado a más de 400 trabajadores al seguro de paro y desde entonces atraviesa dificultades.

La iniciativa fue enviada días atrás a la presidenta del Parlamento, Carolina Cosse. Apunta a dar “previsibilidad” a los trabajadores y generar un margen de tiempo que permita avanzar en una solución estructural para la empresa, que permanece sin actividad desde marzo del año pasado.

Actualmente, el frigorífico cuenta con unos 420 trabajadores y constituye el eje económico y social de la localidad de Casa Blanca, ubicada a 15 kilómetros al sur de la ciudad capital del departamento.

Un impacto que trasciende la empresa

El documento subraya que, además de los empleos directos, la empresa sostiene una red de al menos 11 carnicerías en el departamento, lo que amplía su impacto en la generación de trabajo. “Se trata de una fuente laboral de superlativo valor para la zona”, sostiene el texto, al tiempo que advierte que el eventual cierre definitivo tendría consecuencias severas para la comunidad.

De la crisis financiera al cese de actividad

La situación del frigorífico se remonta a mayo de 2025, cuando ingresó en concurso voluntario de acreedores. Desde entonces, la actividad se retomó parcialmente, pero con niveles de producción muy por debajo de su capacidad.

Durante 2025 se procesaron 21.820 reses, mientras que en lo que va de 2026 —hasta el cese de actividad en marzo— apenas se alcanzaron 1.838. El factor determinante fue el fuerte incremento del precio del ganado que llevó a la empresa a operar con márgenes negativos. “En varias ocasiones se trabajó a pérdida para sostener el empleo”, señala la exposición de motivos del proyecto de ley a la que accedió la diaria.

Finalmente, la situación se volvió insostenible y derivó en la paralización total de la actividad, con la consecuente generación de nuevas deudas, principalmente con proveedores.

Dos caminos sobre la mesa

Actualmente, la interventora judicial y los accionistas evalúan alternativas para el futuro de la empresa. Una de ellas es la obtención de financiamiento externo, aunque el propio Ministerio de Trabajo advierte que presenta “complejidades”.

La opción considerada más viable es la liquidación concursal con venta en bloque, un mecanismo previsto en la normativa vigente que permitiría mantener la unidad productiva en funcionamiento bajo nuevos propietarios.

Este camino, se argumenta, facilitaría la preservación de empleos calificados, el mantenimiento de habilitaciones sanitarias y el acceso a mercados de exportación.

El seguro de paro como puente

En ese contexto, la extensión del subsidio por desempleo aparece como una herramienta clave para amortiguar el impacto social mientras se define una salida. La Dirección Nacional de Seguridad Social ya otorgó ocho prórrogas del beneficio desde enero de 2025, en función de la evolución de la crisis.

Ahora, el nuevo proyecto propone extender la cobertura hasta junio de 2026, alcanzando tanto a quienes aún perciben el subsidio como a aquellos que ya agotaron el plazo máximo. “El objetivo es brindar certidumbre a los trabajadores y un plazo razonable para concretar una solución que preserve la fuente laboral”, señala el texto.

El componente social

El Ejecutivo enfatiza que la medida no solo responde a una lógica económica, sino también social, dada la dependencia casi total de la localidad de Casa Blanca respecto al frigorífico. “Resulta indispensable evitar un impacto muy negativo en toda la comunidad”, advierte el documento.

El proyecto lleva la firma del ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, y faculta al Ministerio de Trabajo a otorgar la extensión “por razones de interés general”. La iniciativa deberá ser considerada por el Parlamento en un escenario donde el futuro del frigorífico sigue abierto y con cientos de familias a la espera de una definición.

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