El abogado laboralista Julio Logiurato, referente en el asesoramiento jurídico de organizaciones sindicales de Paysandú desde hace más de tres décadas, trazó en el diálogo con la diaria un panorama sobre la situación de la actividad sindical en el departamento y sostuvo que no existe una realidad única en materia de relaciones laborales.
Actualmente asesora a la Asociación Laboral de Obreros de Fricasa (Aloef), la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) y al sindicato de Azucarlito, además de haber trabajado anteriormente con otras organizaciones gremiales. Desde esa experiencia afirmó que las condiciones para el ejercicio de la actividad sindical dependen en gran medida de la cultura laboral de cada empresa. “Depende de la empresa”, resumió al comparar distintos escenarios que, según señaló, muestran diferencias significativas en el vínculo entre empleadores y trabajadores organizados.
Logiurato destacó que en algunas empresas los conflictos laborales se desarrollan dentro de los marcos previstos por la negociación colectiva, sin que ello implique un cuestionamiento a la existencia de los sindicatos. Como ejemplo mencionó a Azucarlito, donde aseguró que, pese a diferencias puntuales o litigios judiciales, nunca observó prácticas dirigidas a debilitar la organización gremial.
“Una cosa es tener conflictos o posiciones encontradas dentro de las reglas del juego, y otra muy distinta es atacar la organización sindical. En Azucarlito eso no ha ocurrido”, señaló. También recordó experiencias similares en otros ámbitos laborales donde la sindicalización forma parte de la dinámica habitual de las relaciones de trabajo.
Sin embargo, afirmó que la situación es diferente en empresas como Fricasa y particularmente en Paycueros, donde entiende que existen dificultades estructurales para el desarrollo de la actividad sindical.
“No se facilita la organización sindical”
Como asesor jurídico de la Unión de Trabajadores de Paycueros desde 1992, Logiurato aseguró haber acompañado durante más de tres décadas los distintos procesos atravesados por la curtiembre. Según reparó, si bien existen períodos sin conflictos abiertos, en momentos de reestructuración empresarial reaparece un patrón que considera preocupante.
“No se facilita la organización sindical”, afirmó, y agregó que en esos procesos “la primera variable suele ser la reducción de personal y la afectación de derechos sindicales”. A su juicio, los conflictos en Paycueros trascienden los reclamos individuales y adquieren una dimensión colectiva al impactar directamente sobre la representación de los trabajadores.
El abogado recordó que el actual conflicto comenzó en setiembre de 2024 cuando alrededor de 50 trabajadores fueron enviados al seguro de paro. Con el paso de los meses, la medida alcanzó a más empleados y se produjeron nuevas desvinculaciones. El episodio más crítico, según indicó, ocurrió en noviembre de 2025 con el despido de ocho dirigentes sindicales de la UTP. “Ahí se alcanza el máximo nivel de vulneración de los derechos sindicales”, afirmó.
Ante esa situación, el sindicato promovió una acción de amparo según la Ley 17.940, que protege el fuero sindical y garantiza la libertad de organización de los trabajadores. La Justicia resolvió favorablemente para seis de los ocho dirigentes despedidos, ordenando su reinstalación tras decisiones coincidentes en primera y segunda instancia. “La vulneración de los derechos sindicales en Paycueros está determinada por la Justicia. No es una opinión personal”, sostuvo Logiurato, destacando que el tribunal de alzada ratificó y amplió los fundamentos de la sentencia inicial.
Otro de los aspectos señalados por el abogado refiere a la información brindada por la empresa durante el proceso de negociación. Si bien reconoció que existen indicadores públicos que muestran una reducción en las ventas, afirmó que los trabajadores no cuentan con elementos suficientes para evaluar la real situación económica de la firma.
“Nosotros no sabemos cuál es la situación real de Paycueros. No sabemos si efectivamente necesita despedir trabajadores”, expresó. Según indicó, durante las instancias judiciales surgieron elementos que generan interrogantes respecto a la necesidad de las medidas adoptadas. Entre ellos, mencionó inversiones por aproximadamente 16 millones de dólares realizadas entre 2021 y 2024 en instalaciones ubicadas en Paysandú, así como beneficios fiscales otorgados por el Estado por unos ocho millones de dólares.
Asimismo, recordó que la empresa forma parte de un grupo internacional con presencia en varios países y miles de trabajadores. “De las propias manifestaciones de la empresa surge que no existe un riesgo financiero ni una situación de cierre”, afirmó.
Horas extras y reducción de personal
Logiurato también cuestionó la coexistencia de envíos al seguro de paro y despidos con la realización de unas 3.000 horas extras mensuales dentro de la planta. “Ese volumen de horas representa aproximadamente el trabajo de 15 personas. Mientras tanto, se despide a dirigentes sindicales. Es un dato que merece ser analizado”, señaló. Añadió que las medidas adoptadas han afectado principalmente al personal obrero, sin impactos significativos en otras áreas de la estructura empresarial.
Beneficios estatales y antecedentes
El abogado también planteó cuestionamientos sobre la relación entre las ayudas estatales y las decisiones empresariales. A su entender, resulta necesario analizar situaciones en las que una empresa recibe exoneraciones fiscales y utiliza mecanismos financiados por el Estado, como el seguro de desempleo, mientras reduce personal. “Los hechos hablan por sí solos”, expresó.
Asimismo, recordó que no se trata de una situación inédita. Según indicó, en 2011 la Justicia también dispuso la reinstalación de trabajadores despedidos en Paycueros por entender que se habían vulnerado derechos vinculados a la actividad sindical.
Negociación colectiva y capacidad de decisión
Logiurato aprovechó también para cuestionar el funcionamiento de las instancias de negociación colectiva dentro de la empresa. Explicó que las reuniones suelen realizarse con representantes de recursos humanos, responsables de planta y asesores jurídicos, aunque consideró que muchas veces no queda claro quién tiene la capacidad efectiva de adoptar resoluciones. “No siempre es evidente hasta dónde llega el margen de decisión de quienes participan en las negociaciones. En muchos casos, las definiciones terminan postergándose”, concluyó.
