La situación que atraviesan los trabajadores de Fábrica Nacional de Cervezas (FNC) y de las distintas empresas vinculadas a Ambev volvió a trasladarse a las calles.
En Paysandú, dirigentes sindicales de distintos puntos del país realizaron una movilización para visibilizar un conflicto que, según sostienen, ya no afecta únicamente a esa ciudad, sino que involucra a toda la industria cervecera nacional.
Advirtió que las decisiones de Fábrica Nacional de Cervezas (FNC) y Ambev podrían comprometer cerca de 1.000 puestos de trabajo en todo el país y reclamó una intervención más firme del Gobierno.
Bruno Pastorino, dirigente del Sindicato de la Bebida (Pilsen), explicó a la diaria que la presencia del gremio en Paysandú responde a la necesidad de acompañar a los trabajadores locales y coordinar acciones con los demás sindicatos del sector.
“Venimos como sindicato de Pilsen, pero la idea es trabajar junto con los compañeros de Cimpay y los demás sindicatos porque esta problemática ya escaló a nivel nacional. No es únicamente Montevideo, Minas o Paysandú, lo que está en discusión es todo el negocio de Ambev en Uruguay”, señaló.
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Un reclamo que une a todos los sindicatos
Pastorino informó que el Ejecutivo Nacional del sindicato resolvió comenzar un trabajo conjunto entre las organizaciones que representan a los trabajadores de las distintas plantas de FNC.
Además del sindicato de Pilsen, participan Cimpay (trabajadores de Paysandú) y el sindicato de la planta de Nueva Palmira con el objetivo de actuar coordinadamente frente a un escenario que consideran cada vez más incierto.
“Somos sindicatos autónomos, pero entendimos que necesitamos respuestas comunes porque la situación afecta a todos los trabajadores dependientes de Ambev”, explicó.
La principal preocupación: no saber cuándo volverán a trabajar
Uno de los puntos centrales del reclamo es la falta de certezas respecto al retorno a la actividad.
Pastorino recordó que en Paysandú los trabajadores fueron informados de la extensión del seguro de paro hasta el 31 de diciembre, pero sin ninguna garantía de reincorporación.
“Lo que necesitamos son certezas. Hoy nadie puede asegurar que el 1.º de enero los compañeros vuelvan a trabajar. Esa incertidumbre es la que hoy estamos denunciando”, afirmó.
Por esa razón, la movilización tuvo como principal objetivo exigir respuestas concretas por parte de la empresa sobre el futuro de las plantas y de los trabajadores.
El dirigente sostuvo que hace aproximadamente un mes FNC comunicó al Ministerio de Trabajo que iniciaría una reevaluación de su negocio en Uruguay.
Para el sindicato, esa decisión abre interrogantes sobre el mantenimiento de la producción nacional. “Lo que está en cuestión es toda la industria nacional y la logística. Tememos que la empresa termine convirtiéndose en una gran importadora en lugar de producir en Uruguay”, expresó.
Según Pastorino, ese escenario pondría en riesgo alrededor de mil puestos de trabajo entre las plantas industriales, la producción y la distribución de bebidas.
El panorama tampoco resulta alentador para la planta de Minas. Pastorino recordó que allí fueron enviados al seguro de paro los 59 trabajadores que actualmente integran la planta envasadora de latas.
Explicó que esa planta ya había atravesado un importante proceso de reestructura en la década de 1990, cuando dejó de producir envases retornables para concentrarse únicamente en el envasado de latas.
“En un momento la empresa quiso cerrar esa planta y el sindicato hizo un enorme esfuerzo para mantenerla funcionando. Llegamos a tener 120 trabajadores y hoy quedan solamente 59”, indicó.
A su juicio, esa reducción demuestra que el sindicato ha realizado concesiones durante años con el objetivo de preservar la producción nacional.
“No está en juego un seguro de paro, está en juego la industria”
Pastorino insistió en que el conflicto trasciende la discusión sobre los seguros de desempleo. “Acá no está en juego un mes más o un mes menos de seguro de paro. Lo que está en juego es la industria nacional, desde la maltería hasta la elaboración, la producción y la distribución de la cerveza”, afirmó.
Por ese motivo, el sindicato comenzó una ronda de reuniones con distintos actores políticos para plantear la situación y solicitar una mayor participación del Gobierno.
Según explicó, esa estrategia ya permitió concretar una primera reunión entre el Poder Ejecutivo y la empresa, con participación de los ministerios de Industria, Trabajo y Economía.
Consultado sobre las razones del conflicto, Pastorino señaló que, según el sindicato, FNC busca reducir tres elevados costos: la energía, la carga impositiva y los costos operativos.
Afirmó que la empresa pretende igualar los costos que tiene en otros países de la región. “No es que el negocio no sea rentable. La rentabilidad existe. Lo que busca la empresa es tener costos similares a los de Argentina o Brasil”, aseguró. Sin embargo, sostuvo que esas comparaciones desconocen diferencias estructurales importantes.
Mientras Uruguay produce únicamente para abastecer el mercado interno —con un consumo aproximado de 30 litros de cerveza por habitante al año—, Argentina y Brasil cuentan con mercados mucho mayores, donde el consumo alcanza entre 50 y 60 litros per cápita, lo que permite distribuir los costos de producción de manera diferente.
El debate sobre los salarios
Pastorino expresó, además, su preocupación por la posibilidad de que la empresa intente equiparar los salarios del sector con los laudos del comercio. Según explicó, eso implicaría una reducción significativa de los ingresos de los trabajadores de la bebida.
“Lo que busca la empresa es que los trabajadores paguemos la diferencia de rentabilidad”, afirmó. Recordó que los salarios actuales fueron alcanzados tras más de dos décadas de negociaciones colectivas y consideró que reducirlos sería “una atrocidad”.
También cuestionó que se pretenda responsabilizar a los trabajadores por la competencia de productos importados. Según indicó, FNC argumenta que perdió participación de mercado frente a empresas importadoras cuyos costos laborales son menores porque pagan laudos del comercio.
Para el dirigente, esa situación debe resolverse mediante controles estatales y no rebajando los salarios de los trabajadores de la industria. “El Estado debería fiscalizar que esas empresas cumplan con los laudos correspondientes, en lugar de utilizar a los trabajadores como variable de ajuste”, sostuvo.
El llamado al gobierno nacional
Pastorino remarcó que el Ejecutivo tiene un papel determinante para evitar una mayor pérdida de empleo industrial. Planteó que el Estado termina financiando los seguros de desempleo cuando las empresas envían trabajadores al seguro de paro y que, por lo tanto, resulta más conveniente preservar la actividad productiva. “Si se precarizan los salarios y aumentan los seguros de paro, el costo termina recayendo sobre toda la sociedad”, afirmó.
Finalmente, el dirigente explicó que las movilizaciones buscan generar conciencia pública sobre la situación del sector. “Queremos que la población conozca lo que está ocurriendo. Esto no es solamente un conflicto salarial; lo que está en juego son los puestos de trabajo y el futuro de una industria nacional”, expresó.
Pastorino también señaló que el sindicato mantiene disposición al diálogo y espera que el gobierno, la empresa y los trabajadores puedan encontrar una salida que garantice la continuidad de la producción y preserve el empleo en un contexto que calificó como especialmente delicado para departamentos como Paysandú y Minas, donde el desempleo ya supera los dos dígitos.
