El origen del planteo surge del análisis del proyecto de presupuesto departamental enviado por el Ejecutivo a la Junta. En el artículo 29 de esa iniciativa se proponía la creación de tres cargos: prosecretario, coordinador de gabinete y director general de descentralización. Para el abogado Federico Álvarez Petraglia, constituye una actuación irregular desde el punto de vista administrativo. Señaló que la Junta Departamental rechazó la creación de esos cargos, una decisión que contó con votos tanto del Frente Amplio como de un sector del Partido Nacional.
“Cuando está el presupuesto, la Junta decide rechazar la creación de estos cargos. Sin perjuicio de eso, el intendente termina creando estas funciones y designando como prosecretaria a Mariana Mazzili y como coordinador de gabinete a Manuel Appratto”, afirmó en diálogo con la diaria Álvarez Petraglia. El abogado indicó que la información surge de una respuesta oficial a un pedido de acceso a la información pública que realizó.
Según dijo a este medio, la propia intendencia confirmó que ambos son funcionarios de carrera dentro de la administración departamental y que perciben un complemento salarial cercano a los 49.000 pesos mensuales por las funciones asignadas.
Álvarez Petraglia cuestionó tanto la creación de las funciones como la decisión política que las acompañó. “Hay un claro desprecio hacia la opinión de la Junta. Si se envía un proyecto para que sea considerado, corresponde respetar la decisión que adopte el órgano legislativo”, sostuvo.
Además, afirmó que las tareas atribuidas a los cargos creados ya forman parte de las responsabilidades históricas de la Secretaría General de la intendencia. “Si se leen las respuestas al pedido de acceso a la información pública, todas las funciones que cumplen estas dos personas son funciones que tradicionalmente cumple el secretario general” aseguró.
En ese sentido, consideró que la medida constituye un beneficio político para dirigentes vinculados al oficialismo departamental. “Termina siendo un premio a dos operadores políticos del Partido Nacional”, expresó.
Consultado sobre si la situación podría implicar una infracción legal, Álvarez Petraglia respondió que, en su opinión, la intendencia “excede sus potestades” al crear funciones que no contaron con la aprobación de la Junta Departamental. No obstante, aclaró que no visualiza una vía de impugnación directa, aunque entiende que el legislativo departamental podría convocar al intendente para solicitar explicaciones sobre la decisión adoptada. “Que la Junta le pida explicaciones de por qué creó estos cargos sin su anuencia sería una posibilidad, aunque es difícil que ocurra con una mayoría tan amplia del Partido Nacional”, señaló.
El abogado cuestionó lo que considera una contradicción entre el discurso de austeridad estatal y la creación de nuevas funciones remuneradas. “El Partido Nacional habla permanentemente de achicar el Estado y, cuando tiene la oportunidad, crea cargos o funciones para operadores políticos y destina recursos públicos para financiarlos”, afirmó.
Respecto a la respuesta de la intendencia a los pedidos de informes y solicitudes de acceso a la información pública, Álvarez Petraglia evaluó que, en términos generales, la administración responde a los requerimientos, aunque reconoció que en algunos casos las contestaciones llegan fuera de plazo o con información incompleta. También recordó que en determinados asuntos fue necesario recurrir a la Justicia para obtener documentación.
la diaria consultó a la prosecretaria Mazzilli, quien negó lo afirmado por el abogado. “La diferencia que hoy percibo por mi rol no llega a los 2.000 pesos de cuando era directora de Jurídica”, aseguró. “Los cargos no existen, tenemos asignadas funciones de prosecretaria y coordinador de gabinete, respectivamente, por resolución. Son tareas encomendadas. Nuestros cargos presupuestales son asesor III, presupuestados al escalafón A (profesional) grado 8. Y se nos paga una diferencia de sueldo al grado 12”.
