El núcleo de base del Refugio Santa Elena y del Refugio de Mujeres, perteneciente a Sutiga-Fuecys, PIT-CNT, expresó su preocupación por la situación laboral y por el futuro de los dispositivos gestionados actualmente por la Universidad Claeh.
Las trabajadoras y los trabajadores del Refugio Santa Elena y del Refugio de Mujeres de Paysandú hicieron pública su preocupación por la falta de certezas sobre su situación laboral, los atrasos en el pago de salarios y el proceso de traslado de los dispositivos.
Según expresaron en un comunicado, el incumplimiento en el pago de los salarios afecta directamente a los trabajadores y sus familias, al tiempo que genera incertidumbre sobre la continuidad de sus puestos de trabajo. Profundizando en el tema, la diaria pudo saber que hoy los pagos están al día y que los atrasos han llegado a ser máximo de 11 o 12 días.
La Universidad Claeh, actual gestora de los dispositivos, comunicó que no continuará con la gestión, debido, según lo informado por los trabajadores, a incumplimientos por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
De acuerdo con el comunicado, la situación podría dejar a más de 30 familias sin trabajo después del 30 de noviembre. Mientras tanto, los funcionarios señalan que continúan sosteniendo diariamente la atención de las personas participantes y el funcionamiento de los dispositivos.
Un nuevo gestor se haría cargo, pero no se ha informado aún, y sí se contaría con los actuales trabajadores.
Los mismos advierten además que la situación no solamente tiene consecuencias laborales, sino que también puede afectar la continuidad de una política pública de protección social y las condiciones en las que se desarrollan los procesos de acompañamiento de las personas atendidas.
Rechazo al traslado y reclamo por información
Otro de los puntos planteados está relacionado con el traslado de los dispositivos hacia una zona céntrica de la ciudad. Según los trabajadores, esta decisión generó rechazo y movilización por parte de vecinos y vecinas.
En ese sentido, el sindicato rechazó expresiones que, a su entender, estén basadas en el prejuicio, la estigmatización o la aporofobia. Sostuvo que la tarea desarrollada en estos espacios está vinculada al acompañamiento de procesos y a la promoción del acceso y ejercicio de derechos.
“Las miradas estigmatizantes profundizan desigualdades que, como sociedad, debemos abordar colectivamente”, señala el comunicado, que plantea que las inquietudes de la comunidad deben ser escuchadas y canalizadas mediante mecanismos adecuados, desde el respeto y sin discursos de rechazo o estigmatización.
“Trabajar sin cobrar también es violencia”
El comunicado también cuestiona la situación desde una perspectiva de género y autonomía económica. Los trabajadores consideran “paradójico” que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se encuentre involucrado en una situación que, según sostienen, repercute negativamente en la autonomía económica de sus propias trabajadoras.
“Trabajar sin cobrar también es violencia y actualmente la ejerce Inmujeres-Mides” afirma el documento.
Finalmente, el núcleo de base del Refugio Santa Elena y del Refugio de Mujeres reclamó a las autoridades competentes “información clara, transparente y seria” sobre el proceso en marcha, la continuidad de los dispositivos y la situación laboral de quienes trabajan en ellos.
