Mientras se discutían las leyes de presupuesto, ayer llegó al Senado una manifestación integrada por las esposas de los trabajadores de las cuencas mineras de León y Asturias. Según informó El País de Madrid, vestidas de negro comenzaron a gritar en los alrededores del edificio de la plaza de la Marina: "Tenemos ovarios, tenemos huevos, somos las mujeres de los mineros". Pese a que la Policía intentó detenerlas, desde allí se condujeron al Parlamento, donde las esperaban representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), oposición del gobernante Partido Popular (PP).
La tortilla
La mira pasó a estar inmediatamente en los legisladores del PP que representan a las cuencas de explotación minera. Si bien el partido de gobierno anunció que regiría el criterio de disciplina partidaria al votar el presupuesto, ayer el senador del PP León Juan Morano anunció que votaría a favor de una enmienda propuesta por el PSOE que contemplaba la postura de los mineros. Sin embargo, la enmienda fue rechazada por la mayoría absoluta del PP en el Senado y ningún oficialista rompió con la disciplina partidaria. La disyuntiva para el gobierno se ubicó entre mantener un gasto social que no es redituable para el Estado, y acatar recomendaciones de la UE. Dar marcha atrás ahora y ceder ante el reclamo de los obreros sería visto como una señal de debilidad de los integrantes del gobierno.
Días atrás, cuando el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, concurrió al Congreso de Diputados para comparecer a una interpelación de legisladores del PSOE, decenas de mineros irrumpieron en la sala. Exhibían remeras que decían "no al cierre de la minería" y "quieren acabarlo todo"; fueron inmediatamente desalojados por la Policía a pedido del presidente de la cámara.
Vive y lucha
El sector hizo su primer paro el 28 de mayo y reiteró la medida hasta el último día del mes. El 1º de junio, tras una reunión con las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que concluyó sin acuerdo, el paro pasó a ser por tiempo indefinido y las medidas de lucha se incrementaron con el correr de los días. El lunes, los sindicatos de las cuencas con mayor producción convocaron una huelga general que presentó grandes niveles de acatamiento en la mayoría de las ciudades, según los dirigentes. Además, la jornada fue acompañada con manifestaciones que movilizaron a miles de personas. También se anunció una "marcha negra" hacia Madrid en fecha a definir, que consiste en el recorrido por varias ciudades y provincias durante algunos días.
A diferencia de las movilizaciones registradas días atrás, las del lunes transcurrieron sin agresiones entre policías y manifestantes, en gran medida porque se apeló al diálogo entre gobernantes y representantes sindicales, quienes evitaron "nuevas batallas campales", según dijo Gabino de Lorenzo, integrante del gobierno de Asturias. Por ejemplo, el viernes se produjeron violentos choques entre mineros y fuerzas de seguridad que acabaron con cuatro policías y tres periodistas heridos.
Otra de las medidas implementadas por los trabajadores fue la instalación de barricadas, tanto en carreteras como en vías férreas, con el objetivo de bloquear accesos a distintas localidades. Por ejemplo, en Asturias fueron más de 60 los cortes en vías públicas en un día. De acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la Policía actúa "con prudencia", pese a que acusó a los mineros de utilizar bengalas como armas y lanzar cohetes, que "hasta pueden matar a una persona".
Además, en tres minas de Asturias y León, los trabajadores se han encerrado en señal de protesta. En la de la comarca El Bierzo llevan más de 25 días bajo tierra y algunos ya debieron abandonar la medida por problemas de salud.
Pozo acumulado
La minería en España es un rubro que desde hace varios años no puede autosustentarse, y las protestas obreras datan de un siglo atrás. El planteo del sector es en contra de un recorte del apoyo estatal (para hacerlo el gobierno alega que es más barato importar carbón), que terminará definitivamente con esta actividad, según denuncian los sindicatos y empresarios. Los territorios en los que la industria está más desarrollada son Asturias, León, Palencia, Teruel y Puertollano, en donde miles de obreros trabajan desde principios del siglo XIX.
La Unión Europea (UE) prohibió las ayudas públicas a las minas de carbón a partir de 2014, pero algunos años atrás el plazo se extendió a 2018. Ahora, y en el marco de las exigencias planteadas por la UE al gobierno español, se encuentra la de la reducción del déficit fiscal público, y el subsidio minero entra en la mira del Ejecutivo. De acuerdo a lo que consigna el periódico madrileño, casi la totalidad de empresas carboneras dependen de la ayuda estatal y la discusión acerca de su eliminación de la economía española data de hace 90 años, con los efectos de la gran depresión de los años 20. Los mineros reivindica que el Estado continúe apoyando al sector hasta el plazo previsto por la Comunidad Europea.
En las leyes de presupuesto que envió el gobierno de Mariano Rajoy al Parlamento se establece que se disminuirán las ayudas 63%, pasando de 301 a 111 millones de euros. Empresarios y trabajadores coinciden en que esto significaría el cierre definitivo de todas las industrias, a pesar de que también reciben otro tipo de apoyos como planes de reactivación a comarcas mineras, ayuda a empresas que consumen carbón nacional, y pagos de prejubilaciones que apuntan a disminuir la cantidad de trabajadores del sector sin generar impactos negativos.
En 1985, con el gobierno del PSOE, el rubro ocupaba a 52.910 trabajadores, pero mediante una serie de políticas se redujo a 7.900 en 2012. A partir de estos hechos el PP acusó reiteradamente al PSOE de atentar contra el desarrollo del sector, pero ahora parece haberse invertido el orden de los factores. Ya en los gobiernos del PP de la década del 90 la cantidad de obreros del carbón se había reducido por encima de lo previsto, y ahora son los legisladores socialistas los principales aliados de los mineros, e incluso despidieron con aplausos a los trabajadores que fueron desalojados del Parlamento.
Actualmente el gobierno compra carbón a otros países: importa entre 20 y 16 millones de toneladas, y produce 8,5. Puede decirse que el problema de la industria del carbón en España es estructural, debido a que por motivos geológicos no es competitiva internacionalmente. A nivel mundial se producen alrededor de 5.000 millones toneladas, pero la mayoría se consume en los mercados internos y solamente quedan 600 millones de toneladas para el comercio, y si en 2018 se suprimen los 130 millones de toneladas que produce Europa, algunos analistas estiman que el precio se disparará.
Los defensores de los incentivos al sector sostienen que la producción de carbón representa una reserva estratégica de producción nacional, que representa una garantía en el suministro y otorga un margen de soberanía nacional.