Estas listas nunca son completas y también pueden fallar. Pero vale la pena armarlas, para imaginar procesos y delinear una agenda tentativa. Mientras los motores se calientan para un 2018 que promete ser mucho más electoral, acá presentamos una lista con temas de discusión política que seguramente ocuparán muchos titulares periodísticos en 2017.
Rendición de Cuentas
Por primera vez en lo que serán 13 años de gobiernos del Frente Amplio (FA), el Poder Ejecutivo deberá enfrentar el desafío de aprobar una ley presupuestal sin mayorías propias. Pero la Rendición de Cuentas de 2016 no será una más: se trata de una norma tanto o más importante que la mismísima Ley de Presupuesto de 2016-2020, debido a que, ante la situación de “incertidumbre” económica imperante en la región dos años atrás, el gobierno optó por asignar aumentos presupuestales sólo hasta 2017, y dejó congelados todos los incrementos a partir de ese año. La búsqueda de las mayorías en la cámara baja no ha sido fácil para el FA: a la habitual férrea oposición de blancos y colorados se le suman los reclamos de ir “a la derecha del FA” del disidente Gonzalo Mujica, los reclamos del senador del Partido Independiente (PI) por la remoción de Wilson Netto de la Administración Nacional de Educación Pública y la intransigencia programática del diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio. Hasta ahora, quien tiene más posibilidades de levantar la mano el día en que se vote la norma es el colorado Fernando Amado, pero todavía es muy pronto para saber cuál será la letra chica del contrato: la redacción del texto no está lista y recién llegará al Parlamento en la segunda mitad del año. En ella, el gobierno deberá sortear una serie de problemas que parecen contradictorios entre sí. Por un lado, debe financiar sus objetivos programáticos: “tender” a una inversión educativa de 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y ejecutar el Sistema Nacional de Cuidados; y por otro, reducir el déficit fiscal a 2,5% del PIB para 2020. Además, durante la campaña electoral, Vázquez aseguró que su administración no crearía nuevos impuestos, pero en los últimos días sólo se comprometió a que, en caso de que hubiese cambios tributarios, estos no recaerán en “trabajadores, en clases medias y en quienes lo necesitan”.
Nueva planta de UPM
El Poder Ejecutivo busca agilizar todo lo posible los procesos para concretar la instalación de la tercera planta pastera de celulosa en el país y la segunda de la empresa finlandesa UPM, consciente de que la concreción de un proyecto de estas características dinamizaría la economía uruguaya, cuyo crecimiento en los últimos años ha sido muy magro y ha bordeado el estancamiento. Durante su visita a Finlandia, el presidente Tabaré Vázquez aseguró que este mes se deberá finalizar la fase de negociación con la empresa y luego comenzará la “segunda etapa”, que implicará el desarrollo de licitaciones, autorizaciones y proyectos de infraestructura necesarios para la inversión. El gobierno ha especulado con la posibilidad de que la construcción se inicie en 2018, pero la instalación de una nueva planta que duplicaría la construcción de la pastera ubicada en Fray Bentos enciende un gran grupo de interrogantes, de todo tipo. Uno de ellos refiere a la ubicación exacta de la futura planta, que todavía no se sabe si estará en Tacuarembó o en Durazno. Otro es la forma en que su producción ingresará al puerto de Montevideo, dadas las advertencias que ha hecho el ex intendente de Montevideo Mariano Arana y las críticas de dirigentes del Movimiento de Participación Popular, entre otros actores. El problema ambiental tampoco es menor: el caudal del río Nergro es diez veces menor que el del río Uruguay, que además posee numerosos embalses, cuya retención de agua favorece la reproducción de las cianobacterias. Según Luis Aubriot y Guillermo Chalar, científicos de la sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, el río Negro ya se encuentra en una situación ambiental “crítica”.
ANCAP y la Justicia
La jueza Beatriz Larrieu avanza en la investigación de las denuncias realizadas por la oposición sobre las presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP, que apuntan principalmente contra la administración del ahora vicepresidente de la República y ex titular del organismo Raúl Sendic. La imagen pública del líder de la lista 711 ha empeorado notoriamente, y una parte del oficialismo no oculta sus diferencias con una gestión que en un quinquenio le generó pérdidas al ente de más de 800 millones de dólares. Con la denuncia, la oposición apuesta e comprobar lo que desde el FA se ha buscado negar: la constatación de irregularidades en la empresa pública más grande del país. Pero la forma en que se determinará si hubo conductas delictivas en la gestión del ente escapa a las posibilidades de los principales dirigentes políticos del gobierno y la oposición. La pelota está ahora en la cancha del Poder Judicial, que deberá pronunciarse sobre varios temas, incluyendo los gastos que se ejecutaron para el evento de inauguración de la planta desulfurizadora; los aparentes costos excesivos en la construcción de las plantas de pórtland y cal, y del transporte de la producción hacia Brasil; el proceso de contratación y pago de la agencia de publicidad La Diez, y una importación de petróleo que el ente realizó en 2011 y que no habría sido registrada en la Dirección Nacional de Aduanas.
Regasificadora
Tras la pérdida de mayorías del FA en la Cámara de Diputados, los partidos de la oposición lograron de forma conjunta torcerle la muñeca al oficialismo por primera vez, aprobando una comisión investigadora sobre el proceso de licitación y construcción de la regasificadora, ejecutado a medias por Gas Sayago. El trabajo de este cuerpo recién está dando sus pasos, pero desde la oposición las expectativas son muy altas, especialmente teniendo en cuenta que uno de los ya corrientes casos de corrupción brasileña puede enchastrar la situación: el empresario brasileño Benedito Rodrigues de Oliveira Neto aseguró ante la Justicia de su país que el ex ministro de Industria Fernando Pimentel había intercedido ante el gobierno uruguayo para que la construcción de la planta se le adjudicara a OAS. Descartado Argentina como socio del emprendimiento, el gobierno se encuentra en una etapa de negociación con la petrolera Shell para la compra de parte de la producción de gas, y ya es un hecho que la viabilidad del proyecto depende de que se llegue a un acuerdo en ese nivel, porque el Ejecutivo de Vázquez ya ha dejado en claro que no construirá una regasificadora que se dedique únicamente a abastecer al mercado uruguayo: “Este gobierno no está dispuesto a transitar aventuras que pongan en riesgo los equilibrios macroeconómicos del país”, dijo el presidente.
TLC con China
El gobierno apuesta con fuerza a consolidar su relación comercial con China, y ha manejado 2018 como una fecha tentativa para concretar un Tratado de Libre Comercio con este gigante asiático. La cancillería uruguaya ya le presentó al gobierno chino los llamados “términos de referencia” con los ítems que incluiría un posible acuerdo, y ahora se espera una respuesta del Ejecutivo asiático. Pero para que los planes de la cancillería logren concretarse, el gobierno deberá lograr imponerse ante dos situaciones que prometen debate. Una es la reticencia de una parte del FA ante los tratados de estas características, y en particular, al resultado que podría tener un acuerdo entre dos países de proporciones tan dispares. El otro problema hace a la propia política exterior del gobierno. El gobierno de Tabaré Vázquez buscará conseguir el apoyo de sus socios del Mercosur para negociar un acuerdo en conjunto con el resto del bloque, pero, de no conseguirlo, se verá obligado a renunciar a un acuerdo con China o a reformular su política regional, siempre y cuando el país asiático esté dispuesto a seguir adelante sin los restantes socios del Mercosur. Una reciente reunión de los cancilleres durante este mes dejó en claro, sin embargo, que la estrategia del bloque será la de una negociación conjunta con China. La canciller argentina, Susana Malcorra, confirmó la semana pasada que el bloque buscará reactivar las conversaciones con China, que habían quedado frenadas desde 2004.
Nuevo Código del Proceso Penal
Aunque en un principio estaba previsto que se aplicara a partir de febrero, el 16 de julio es la fecha que finalmente acordaron el gobierno y la Suprema Corte de Justicia para que se ponga en marcha el nuevo Código del Proceso Penal. Entre otras innovaciones, el nuevo código establece que los fiscales asumirán la tarea de indagar las circunstancias en las que se cometió un delito y luego les pedirán a los jueces que formalicen la causa si existe mérito para ello (en el esquema actual, ambas tareas recaen en los jueces). Además, el juicio penal pasará a ser público, lo que facilitará el contralor de la ciudadanía sobre la gestión de los operadores judiciales.
Marihuana en farmacias
2017 aparece como un año clave para la ejecución de la ley de regulación del mercado de cannabis. Con dos de sus tres patas en marcha, el gobierno de Tabaré Vázquez deberá encarar la venta de la marihuana en farmacias, el elemento más innovador y polémico de toda la norma. Si bien el Centro de Farmacias del Uruguay ha asegurado que para abril tendrá “todo pronto” para comenzar con la venta de cannabis, resta que el Ministerio de Salud realice la habilitación sanitaria de la sustancia; que se ponga en práctica el funcionamiento del software para el reconocimiento de los usuarios; que se abra el registro de consumidores en la Administración Nacional de Correos, y, lo más importante, que el gobierno dé su visto bueno para que el plan comience a llevarse adelante. Mientras Vázquez ha asegurado en varias oportunidades que este año comenzará la venta en farmacias (y en su reciente gira por Europa especificó que será a “mediados de año”), el Estado ya cuenta con un stock de bastante más de 200 kilos de cannabis que espera a ser vendido, y una campaña publicitaria que incluye la participación del músico Jorge Drexler está lista para salir a la cancha. Hasta el diseño del paquete está definido, pero lo cierto es que la ley tiene más de tres años de vigencia y la forma más masiva de consumo que propone todavía sigue en deuda.
Congreso Nacional de Educación
El primer Congreso de la Educación se llevó a cabo en 2006 y homenajeó al maestro Julio Castro; el segundo se hizo en 2013 y sirvió para recordar a la maestra Reina Reyes. El tercero, convocado también en el marco de la ley 18.437, se desarrollará desde abril y durante todo 2017, con instancias locales, un encuentro final y un documento de cierre. En noviembre del año pasado se presentó una comisión organizadora, integrada por unos 30 representantes de instituciones, sindicatos, y el Congreso de Intendentes. El gobierno espera que desde este ámbito se trasciendan los diagnósticos y se elabore propuestas que sirvan como insumos para un Plan Nacional de Educación, que se proyecta definir en 2018, según informó en aquella oportunidad Edith Moraes, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. El congreso determinó cuatro ejes temáticos: educación para todos en todo el país; universalización y calidad; diversidad y diversificación, y los desafíos de la educación.
Las actividades preparatorias y el lanzamiento de la tercera edición del Congreso de Educación no estuvieron alejados de la polémica política: tanto el PI como Unidad Popular (UP) fueron invitados a integrar la comisión organizadora pero resolvieron no participar, aunque por razones distintas. El PI envió una carta a Moraes en la que sostenía que el Congreso “no brinda insumos concretos para la mejora del sistema educativo, que urgentemente necesita una reforma para salir de su crisis actual”; mientras que la UP concluyó que “la gente puso mucha esperanza en el primer Congreso Julio Castro y después todas sus conclusiones fueron encajonadas”. El Partido Nacional y el Partido Colorado sí integrarán la comisión: el primero representado por el profesor Pablo da Silveira, y el segundo con la participación de la diputada Susana Montaner.