Para el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, una de las iniciativas más preocupantes del anteproyecto es la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera. “Con la ley de urgente consideración se van a incrementar los malos modales”, ironizó Murro, al ser consultado por la diaria sobre el borrador que presentó el miércoles el gobierno electo. El titular de Trabajo aludía de esa manera a una crítica que le hizo Luis Lacalle Pou, quien le reprochó la “falta de modales”, luego de que el ministro advirtiera que en el próximo período los Consejos de Salarios “van a cambiar, para peor”.
Murro considera que una de las iniciativas más preocupantes del anteproyecto es la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera y la consecuente negociación entre trabajador y patrón respecto de la forma de pago. “A mí me preocupa mucho que a los trabajadores se les pague el salario como quiera el patrón. Eso es desformalizar, es evadir, es pagar cuando quiero y lo que quiero, sobre todo a los trabajadores más desprotegidos”, señaló Murro, en referencia al artículo 177 del capítulo “Libertad financiera”. “Eso es muy grave. Dice que entre el empresario y el trabajador se decide cómo se paga, y eso supone que hay una igualdad de poder, que en la mayoría de los casos no es tal. Eso perjudica particularmente a los trabajadores más pobres, más humildes: a las trabajadoras domésticas, a los trabajadores rurales. Va a significar más desprotección para la gente y más informalidad”, advirtió el ministro.
Murro lamentó que el proceso de formalización “más notable” en la historia de Uruguay empieza a ser “desformalizado”. “Estos temas hacen mucho a las relaciones laborales y a los derechos de los trabajadores. Uruguay vivió el proceso de formalización más notable de su historia en estos 15 años, período en el que se incorporaron a la seguridad social 500.000 personas y 75.000 empresas”, destacó. Asimismo, cuestionó las iniciativas incluidas en el borrador que buscan reglamentar el derecho de huelga, restringiendo los piquetes realizados en espacios públicos y habilitando la detención de manifestantes. “Lamento que la propuesta que hicimos en marzo de 2017 sobre prevención de conflictos [que regulaba los piquetes dispuestos como medida gremial] no fuera aceptada. Era una propuesta razonable, equilibrada para todas las partes en casos de exceso de cualquiera de las partes. Ahora tenemos estas consecuencias”, manifestó el jerarca.
Respecto del apartado con modificaciones al sistema previsional, que incluye la creación de un Comité de Expertos en Seguridad Social para trazar una reforma del sistema, Murro apuntó: “El problema es el tijeretazo que le van a meter a la gente en el bolsillo con las jubilaciones y las pensiones. Una reforma de la seguridad social hecha por esta gente es tijera”.
“El que avisa no traiciona”
El ministro de Trabajo designado para el próximo período, Pablo Mieres, habló en VTV Noticias sobre las modificaciones que introducirá la ley de urgente consideración, en caso de ser aprobada, a las ocupaciones de los lugares de trabajo. El ex candidato del Partido Independiente indicó que si bien no se descarta la derogación del decreto 165/006, que regula las ocupaciones como una extensión del derecho de huelga, el artículo 349 del borrador presentado ayer lo dejaría sin efecto. “Ninguno de los partidos que formamos la coalición entendemos la ocupación como una extensión del derecho de huelga, y lo adelantamos. El que avisa no traiciona”, afirmó Mieres. “Este artículo está diciendo eso: la huelga es un derecho legítimo pero tiene límites y uno es que no puede prohibir que los trabajadores que no están adheridos a la huelga puedan trabajar o que los dueños ingresen al establecimiento. Esto lo tomamos de la Organización Internacional de Trabajo”, sostuvo.
Por otra parte, Mieres se refirió a los cambios introducidos en los artículos 448 al 450, en los que se declara ilegítimos a los piquetes que afecten la libre circulación. El futuro ministro aclaró que “el piquete no tiene que ver con las relaciones laborales, es una actividad que desarrolla un grupo de personas organizadas, que puede ser una ONG, un grupo de vecinos o un sindicato, pero no necesariamente”. Mieres remarcó que la presente legislación contempla las manifestaciones públicas, siempre y cuando se soliciten los permisos correspondientes. “En los casos en que son autorizadas, la autoridad pública colabora y ayuda para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible”, afirmó. “El piquete es una actividad sin autorización, que lo que busca es generar una dificultad en la circulación pública con el afán de llamar la atención sobre algún tema”, subrayó.
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