El secretario antilavado, Jorge Chediak, dijo que los cambios normativos en esta materia que realizó la ley de urgente consideración (LUC) impulsada por el gobierno “han dado pie a consideraciones de todo tipo, afirmaciones de que retrocedemos varios años en el sistema de controles de prevención del lavado”. El jerarca rechazó eso y dijo que contaría una historia propia “como si estuviera con mis alumnos, a los efectos de ejemplificar”.
La LUC modificó la ley integral antilavado de 2017, estableciendo que los controles que deben hacer ante una transacción los sujetos obligados del sector no financiero —escribanos, contadores, inmobiliarias, entre otros— podrán ser del menor nivel (simple, medio e intensificado) cuando se utilicen medios de pago electrónicos, es decir, cuando intervenga un banco en la operación. Esta presunción de menor riesgo, si bien fue limitada durante el trámite en el Parlamento, recibió críticas de abogados y consultores especializados, del ex secretario antilavado Daniel Espinosa y de la Asociación de Bancos Privados. Otro cambio legal de la LUC fue la modificación de la ley de inclusión financiera, elevando hasta 100.000 dólares el límite para realizar pagos en efectivo.
Este miércoles, en el evento Compliance Day, que organizó el estudio Brum Costa, Chediak defendió estos cambios y cuestionó las “valoraciones simplistas que dicen que se baja el estándar mínimo de controles”. El relato para defender su postura que hizo el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que asumió en marzo como titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), tuvo como escenario el edificio donde vive “hace más de 30 años”.
Contó que se han ido “mejorando los niveles de seguridad con el paso de los años” y enumeró: puertas blindadas; rejas, portero eléctrico, cámaras y alambre electrificado. Pero llegó “un punto de inflexión” porque “en aras de que el edificio no sea vulnerable” se decidió cambiar el portero eléctrico por una cerradura automática reforzada. “Empezaron las protestas porque viven personas de edad y decían que si llamaban a la farmacia o al supermercado debían bajar a abrir [la puerta principal] y luego caminar por todo el jardín aunque haga frío o llueva”, señaló Chediak. El resultado fue que “entre los copropietarios” decidieron “volver a la responsabilidad de que cada uno cierre la puerta principal cuando sale, corriendo un riesgo mayor que cuando se trancaba todo”.
El secretario antilavado dijo que la historia sirve de “analogía” para explicar lo que se buscó con la LUC. “Lo que ocurrió con los controles derivados de la ley de lavado de activos [de 2017] fue que de la misma manera que los propietarios del edificio, hubo críticas y quejas en el sentido de que se fue demasiado lejos en algunas áreas de cumplimiento, como pasó con la cerradura. Vimos que podíamos racionalizar los controles sin afectar demasiado el nivel de eficacia”, manifestó.
Chediak indicó que el rol de los vecinos que reclamaban por los cambios en el ingreso al edificio lo representan, en el caso de los controles antilavado, “los colectivos de contadores y escribanos” que desde que se aprobó la ley criticaron las tareas que se les asignaban. De un total de 13.000 sujetos obligados a controlar y reportar operaciones sospechosas, más de la mitad son escribanos, y unos 1.000 son contadores. El jerarca señaló que “el reclamo era por los costos y las complicaciones” que implicaba hacer “un análisis de riesgo” en cada operación.
En su opinión, en el sistema vigente previo a la LUC “había cierto control excesivo”, ya que se causaba “más molestias” a estos actores que “el beneficio que se podría obtener”. Siguiendo la analogía, dijo que así como en su edificio con el cambio en el ingreso “no se volvió 30 años para atrás, porque siguen estando la puerta blindada, las cámaras y el alambre electrificado”, en materia de controles antilavado “esta presunción simple [incorporada en la LUC] no deroga la estructura general” de la ley de 2017.
Sostuvo que “la piedra angular del sistema, que es el análisis de riesgo de la operación, continúa igual”, siendo una “responsabilidad que recae sobre los sujetos obligados”, que ahora tienen una opción “que en principio permitiría quedarse en una diligencia simple, que cae ante cualquier indicio de mayor riesgo del cliente o de la operación”. En casos como estos, subrayó, “ni antes ni ahora es admisible quedarse sólo con una diligencia simple”, que no incluye indagar en el origen de los fondos y en el beneficiario final de la transacción.
El jerarca indicó que desde la Senaclaft “no vemos a los sujetos obligados como adversarios o enemigos, ni los asumimos culpables”. En ese sentido, marcó que “la mejora” en la eficacia del sistema “debe recaer en los hombros de la Senaclaft” y no en los actores obligados a realizar la debida diligencia. “La idea es mantener los niveles de control y mejorarlos, dando la tranquilidad a los sujetos obligados de que si hay una situación que estiman que no tiene elementos de riesgo y se utilizaron medios de pago del sistema bancario, están cubiertos para hacer una diligencia simple”, concluyó.