El 3 de noviembre comenzará a funcionar la comisión de expertos creada por el gobierno para estudiar una reforma del sistema de seguridad social, que cuenta con representantes de los partidos políticos y sectores sociales. Así lo anunció ayer el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en línea con la publicación de un decreto que establece las reglas de funcionamiento para el ámbito multipartidario.
Este proceso fue iniciado por la ley de urgente consideración (LUC), que definió que el método elegido por el gobierno para procesar la reforma previsional sería crear una comisión de expertos con 15 miembros, a la que se encomienda realizar un diagnóstico del sistema y luego elevar recomendaciones al Poder Ejecutivo. El plazo estipulado es de 90 días para un primer informe y otro período igual para elaborar las propuestas de reforma, que luego deben ser enviadas al Parlamento por el gobierno, que tiene iniciativa privativa en temas previsionales.
A principio de mes la diaria adelantó que tras la respuesta del Frente Amplio (FA), habían quedado definidos todos los integrantes de la comisión. El presidente será Rodolfo Saldain, ex presidente del Banco de Previsión Social (BPS) y abogado especializado en temas previsionales.
Los demás representantes del gobierno son el titular de la Dirección Nacional de Seguridad Social, el escribano Daniel García Zeballos; el economista Gustavo Michelin, asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y por el Ministerio de Economía y Finanzas el economista Hernán Bonilla, actual director de la Asesoría Macroeconómica y que pasará a ser asesor de la ministra.
En el caso de los representantes de partidos políticos, por el Partido Nacional fue designada la economista y consultora del Banco Mundial en envejecimiento y salud, Natalia Aranco; por el Partido Independiente estará Álvaro Forteza, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República; por Cabildo Abierto, el contador Alberto Lacassy, que trabajó en el Ministerio de Defensa Nacional como asesor de la Caja Militar; por el Partido Colorado, la economista Ana Inés Zerbino, referente económica del sector Ciudadanos durante la campaña electoral; y por el sector Batllistas, el abogado Renán Rodríguez, subsecretario del Ministerio de Trabajo durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti.
En tanto, el FA definió que estarán el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social y ex presidente del BPS Ernesto Murro, el ex ministro y ex subsecretario de esa misma cartera Nelson Loustanau y la economista especializada en temas previsionales Jimena Pardo. A su vez, habrá un delegado por las cámaras empresariales, que será la directora del BPS Elvira Domínguez; uno por los trabajadores, que será el economista Hugo Bai, y el también economista Gabriel Regalada, en nombre de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
En vistas de la pluralidad de visiones que tiene la integración de la comisión, cobra relevancia cómo tomará las decisiones. El reciente decreto del Ejecutivo establece que se hará “prioritariamente por consenso”, pero si en una primera instancia no se alcanza, “la decisión se aplaza a la siguiente sesión, en la que podrá adoptarse por la mayoría” de nueve votos a favor. De esta forma, el gobierno se asegura alcanzar mayoría teniendo los votos de sus representantes y de los técnicos que representan a los socios de la coalición de gobierno.
Además, el decreto indicó que los integrantes de la comisión que sean funcionarios públicos podrán solicitar “ser relevados del cumplimiento de sus tareas habituales en forma total o parcial” para dedicarse al trabajo de la comisión. También señaló que la comisión se relacionará “en forma directa” con cualquier organismo o entidad relacionada con la seguridad social, y la información que requiera “tendrá adecuada prioridad, debiendo brindarse con la máxima diligencia”.
Hace pocos días, Saldain e integrantes de la comisión adelantaron a la diaria algunos aspectos del debate que tendrán. El presidente del órgano multipartidario confirmó que se pretende abarcar a todo el sistema previsional con la reforma: no sólo el tramo administrado por el BPS sino también el que administran las AFAP y las cajas paraestatales —Bancaria, Notarial, Militar, Policial y de Profesionales—. Además, los expertos creen que no es posible eludir la discusión sobre la suba de la edad jubilatoria.