La discusión de los artículos 63 y 64 del proyecto de ley de presupuesto generó tensiones entre las bancadas de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, y también diferencias en la propia coalición de gobierno durante la sesión del martes, cuando comparecieron las autoridades de Presidencia y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
En el proyecto enviado por el gobierno se plantea que en los 60 días posteriores a la aprobación del presupuesto –y luego periódicamente cada año– todos los organismos deberán informar los bienes que tienen en propiedad o posesión al Registro de Inmuebles del Estado, que funciona en la Contaduría General de la Nación, indicando si lo consideran imprescindible o no. A su vez, se crea en la órbita de Presidencia el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, que buscará identificar propiedades que sean prescindibles para traspasarlas al Ministerio de Vivienda o disponer su enajenación.
El director de la OPP, Isaac Alfie, explicó que el artículo 63 pretende “lograr una concentración en la venta [de inmuebles propiedad del Estado] para evitar la dilapidación de recursos en ventas pequeñas, porque los costos administrativos en ventas de a uno” son elevados, llegando a significar hasta “30% del ingreso total” por la enajenación. Como complemento, el artículo 64 dispone que los bienes inmuebles “puedan ser vendidos sin expresa disposición legal”, ya que hoy se requiere una ley autorizante para cada venta. “Se trata de facilitar el mecanismo”, señaló.
El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera dijo que la oposición tiene “muchas dudas jurídicas y constitucionales” sobre estas disposiciones. A su entender, el gobierno no tiene “competencia legal” para decidir sobre los bienes de entes autónomos y servicios descentralizados, y señaló que “preocupa que se amplíen las competencias” de Presidencia, que son “cerradas a lo previsto por la Constitución y no pueden ser ampliadas por ley”.
Para el legislador opositor, “lo correcto” sería que el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado remita “un pedido de habilitación al Parlamento para que otorguemos o no la autorización” para vender un inmueble público. “Existe un mecanismo legal para la prescindencia” de propiedades que son del Estado y no puede cambiarse, sostuvo.
Alfie respondió que se trata de “una ley [la de presupuesto] que sustituye a otra ley [que estableció el procedimiento para prescindir de un inmueble público]”, por lo que “desde el punto de vista constitucional no hay ninguna objeción” respecto de estos artículos. Explicó que luego de tener la lista completa de inmuebles, “la declaración de que sea prescindible la hace el Poder Ejecutivo en acuerdo” con el organismo propietario, y que para los casos de entes y servicios descentralizados se promoverá un “cambio de los convenios” para contemplar esta posibilidad.
“La idea es homogeneizar los productos y sacarlos en paquetes de ventas, de manera de reducir sustancialmente los costos de comercialización”, subrayó el director de la OPP. Lo que también establece el presupuesto es que hasta 75% del monto obtenido por la enajenación puede destinarse al Programa de Mejoramiento de Barrios –que el gobierno pretende pasar a la órbita de Presidencia, aunque no logró todos los votos de la coalición en la Cámara de Diputados– y el resto al organismo que tenía la propiedad.
Críticas del FA, dudas de Domenech y una “advertencia” del PN
Andrade dijo que eliminar el procedimiento vigente para la venta de inmuebles “genera una discrecionalidad no para este gobierno, sino para cualquiera y quita garantías”, ya que el tema dejará de pasar por el Parlamento. Dijo que no hubo casos en donde el Poder Legislativo haya frenado enajenaciones, y que con la normativa actual es posible hacer una venta común de varios inmuebles, siempre que los legisladores lo aprueben.
“Evitar controles parlamentarios cuando hablamos de bienes públicos, hace que una mala venta, un negocio o un elemento no suficientemente ponderado o entendido termine deslegitimando a todo el sistema político. ¡Creo que es más lo que se pierde que lo que se gana!”, manifestó Andrade.
Por su parte, el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto (CA) —ex escribano de la Presidencia— dijo que “existe un problema jurídico, realmente muy difícil de resolver” en torno al tema, “que es quién tiene derecho a vender un inmueble”, porque, por ejemplo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo no son personas jurídicas independientes.
Además, Domenech señaló que “de esta disposición no surge claro, una vez declarado prescindible el inmueble, quién es el que enajena”. También dijo que su “experiencia práctica” al intervenir como escribano de Presidencia en enajenaciones de inmuebles públicos, “demuestra que no es precisamente lo más conveniente vender en paquete” porque “cada inmueble tiene su comprador”.
Para resumir su posición, el senador de CA manifestó: “Encuentro que en la aplicación práctica de estas normas va a existir una dificultad, además de resistencia. Así como está redactada, me crea interrogantes, y creo que deberíamos trabajar” en una nueva redacción.
En tanto, el senador del Partido Nacional (PN), Sebastián Da Silva, expresó que quería dejar constancia de “una advertencia”: “Si por medio de esta norma se produce una megaventa estatal, los propietarios de inmuebles en Montevideo se verán afectados porque el precio del metro cuadrado variará. Entonces, si el Estado, que incide mucho, sale a vender todo lo que tenemos, que es muchísimo, naturalmente, va a determinar que la propiedad de los tenedores de inmuebles urbanos cambie de valor sustantivamente”.
Seguidamente, el colorado Coutinho apuntó a las críticas del FA a la propuesta: “Lo que hay aquí es un espíritu político de la coalición y del gobierno de dar eficiencia a los espacios públicos, que son muchísimos y que hoy no son eficientes”, dijo, y lo contrastó con “una oposición que aspira a generar dificultades para lograrlo”. En ese sentido, añadió: “¿cuál es el problema? ¿Qué se haga caja? ¿La redacción? Bueno, la podemos mejorar con algunos aspectos que den garantías reales. Lo que no veo aquí son soluciones”.
Las palabras de Coutinho provocaron que Andrade pidiera responder una alusión: “Tenemos que hacer el esfuerzo para no llevar la discusión al barro. No se trata de adjudicar intenciones. Yo no digo que el gobierno corrupto quiere vender el país y que nosotros estamos para evitarlo. ¡No! Quiere resolver un problema que es más difícil, complejo, y estamos discutiendo el instrumento para resolverlo”.
Esto derivó en un debate entre Andrade y Coutinho por la no aprobación recientemente de un proyecto de la oposición que preveía que los inmuebles rurales sin uso pasen el Instituto Nacional de Colonización.
Finalmente, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, informó a los legisladores que la delegación se lleva “algunas ideas para estudiar en la interna del Poder Ejecutivo” algún cambio en la formulación, lo que también había sido planteado por el senador oficialista Jorge Gandini. De todas formas, Delgado subrayó: “El Poder Ejecutivo está convencido de la constitucionalidad, de la legalidad y de la pertinencia de estos artículos”.