Los partidos que integran la coalición multicolor se reunieron en la mañana de este lunes para comenzar a definir en el Senado la votación del proyecto presupuestal que se está analizando en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esa cámara. “El consenso fue superior a las diferencias”, evaluó el coordinador de bancada del Partido Nacional (PN), Gustavo Penadés, quien explicó que cada socio presentó sus propuestas alternativas y se buscará llegar “a un acuerdo interno” para la próxima semana.
En esa instancia, los senadores de Cabildo Abierto (CA) transmitieron al resto una fórmula para financiar un mayor aumento salarial para los militares y destinar dinero extra a la Universidad de la República (Udelar) para becas, que consiste en que ingenieros militares trabajen en la construcción de la ruta 6 para reducir lo asignado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Además, CA presentó una propuesta para laudar el tema de las certificaciones médicas, que implica mantener el régimen vigente y crear “una oficina de control centralizada, que abarque a todo el Estado”. También adelantó que no prevé votar un artículo del presupuesto que permite que ANCAP arriende su infraestructura.
El viernes volverá a reunirse el oficialismo y “tendremos la respuesta del resto de la coalición” a estos planteos, informó a la diaria el senador de CA Raúl Lozano. “Incluimos algunas propuestas que son sin costo”, comentó. Una es que se vuelva a sumar un artículo que la Cámara de Diputados quitó del presupuesto que inhabilita los pases en comisión desde personas públicas no estatales a organismos públicos.
A su vez, Lozano dijo que CA pretende que sea “excluido” el artículo 296, defendido por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que permite que ANCAP arriende su infraestructura. “Con la ley de urgente consideración [LUC] se creó una comisión que está estudiando la problemática del precio de los combustibles, y entendemos que lo ideal sería que dentro de esa comisión se incluyera esto. Que se vea por separado [del presupuesto]”, explicó.
El senador Guido Manini Ríos había adelantado el jueves esta idea al ministro de Industria, Omar Paganini, cuando le consultó: “Me gustaría saber cuál es la urgencia de incluir este tema, justamente cuando estamos en vísperas o a poco tiempo de considerar una iniciativa sobre combustibles que abordará el tema de manera integral”.
Otro pedido de CA es que se extienda la regulación dictada dentro de la LUC para que la Prefectura Nacional Naval, que depende de la Armada Nacional y del Ministerio de Defensa Nacional, pueda disolver piquetes, como el Ministerio del Interior, para equiparar así la legislación “en tierra y costa”.
Certificaciones médicas y militares construyendo rutas
Uno de los asuntos del presupuesto que más diferencias vienen generando a la interna del oficialismo son los cambios al régimen de certificaciones médicas. En Diputados ya se modificó la redacción enviada por el gobierno, y en el Senado se procura una nueva fórmula que genere consenso a toda la coalición, informó días atrás el senador blanco Sergio Botana. Lo que pretende CA es que no se modifique el sistema vigente para los funcionarios públicos, pero que se intensifiquen los controles a través de una nueva oficina que tenga potestades sobre todo el Estado.
“A nadie escapa que suceden irregularidades o casos de falsas enfermedades. Entendemos que de alguna manera se tendría que penalizar, hasta con una destitución con cierta celeridad del funcionario y, si corresponde, del médico actuante que dio el certificado”, pero sin descontar los primeros tres días a quienes se certifican por enfermedad –como salió el proyecto de Diputados–, explicó Lozano. “Entendemos que no se debe [descontar]. Más en tiempos de pandemia, por ejemplo si una persona tiene fiebre”, agregó, y dijo que podría analizarse un descuento para funcionarios con “ciertas enfermedades sin control, como estrés o pánico”.
Por otra parte, la manera que propone CA de tener más recursos y responder con eso a los pedidos de distintos organismos es que los ingenieros de las Fuerzas Armadas trabajen en la refacción de la ruta 6, retomando una propuesta que ya había realizado su líder, Manini Ríos, cuando era comandante en jefe. De esa forma habría un ahorro de dinero en el MTOP que podría redistribuirse.
Penadés adelantó este lunes que cualquier reasignación de dinero será “muy pequeña”, porque “el margen es muy acotado” y “en la coalición hay acuerdo de que el gasto no puede ser aumentado”. Además, en referencia a la propuesta de CA el senador blanco pidió “separar los temas”, porque aceptar que militares trabajen en rutas implicaría rediscutir el rol de las Fuerzas Armadas.
Lozano detalló que según los cálculos de CA el Estado podría gastar 30% menos de lo proyectado en la ruta 6 si los ingenieros militares se sumaran al trabajo. Con ese dinero se atenderían los reclamos de la Junta de Transparencia y Ética Pública y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente –ambos con presidentas designadas por CA–, se daría una partida extra de 20 millones de dólares al año a la Udelar destinada a becas, y se podría realizar una suba salarial a varios funcionarios militares.
El senador de CA comentó que el mensaje del gobierno incluye “un aumento de 600 pesos para el personal de baja jerarquía de las Fuerzas Armadas [soldados]”, y la pretensión es que sea mayor y se incluya también a cabos, sargentos, suboficiales, tenientes y capitanes. Ya los senadores de CA habían manifestado sus discrepancias con la asignación presupuestal para Defensa al ministro Javier García. En rueda de prensa, Manini Ríos dijo este lunes que los ingenieros militares “trabajaron toda la vida” en la construcción de rutas a través “de convenios con las intendencias”, y que esa alternativa puede significar “un ahorro que sirva para financiar las propuestas con costo que estamos haciendo”.