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El ministro del Interior de Chile, Víctor Pérez, en una conferencia de prensa a mediados de octubre. Foto: Silvana Gajardo, Ministerio del Interior de Chile, AFP

Renunció el ministro del Interior de Chile

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Lo hizo después de que la Cámara de Diputados lo suspendiera al aprobar un pedido de juicio político en su contra.

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El ministro del Interior de Chile, Víctor Pérez, presentó su renuncia al presidente, Sebastián Piñera, a solo tres meses de haber asumido el cargo. De esta forma, el mandatario deberá nombrar al cuarto titular de la cartera desde que llegó al gobierno, en marzo de 2018. La gestión de la seguridad en Chile ha estado en el centro de las miradas, especialmente por la represión de las movilizaciones desde el estallido social de octubre de 2019, en la cual se han cometido violaciones a los derechos humanos, según Amnistía Internacional.

Pérez, que ha defendido la polémica actuación de Carabineros al igual que sus predecesores, presentó la renuncia después de que la Cámara de Diputados iniciara un proceso de juicio político en su contra. “Hemos sido testigos de un debate que está absolutamente resuelto”, aseguró después de participar en la sesión. “En el debate de hoy era imposible convencer a absolutamente a nadie, aquí había una decisión política de causarle agravio y daño al gobierno [...] y no estoy dispuesto a que a través de mi persona se dañe al gobierno”, añadió al anunciar su salida.

En la Cámara de Diputados se había aprobado una acusación constitucional presentada por un grupo de diputados opositores hace un mes, después de que un integrante de Carabineros fuera acusado por la Justicia de intentar asesinar a un manifestante. En ese entonces, como ante cuestionamientos anteriores, Piñera y su ministro respaldaron la actuación de la institución e hicieron oídos sordos ante los pedidos de que al menos se cambiara a sus máximas autoridades, lo que le ha valido al gobierno chileno críticas desde las Naciones Unidas.

La acusación constitucional fue aprobada con 80 votos de la oposición y ahora avanza al Senado, que tiene la última palabra para aceptarla, lo cual implicaría el comienzo de un juicio político.

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