Un acto celebrado este domingo por simpatizantes del partido ultraderechista Vox en Barcelona, en el que participó su líder, Santiago Abascal, finalizó con los asistentes cantando proclamas franquistas y exhibiendo banderas nazis. De acuerdo a lo que informó el portal Público, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció que el Ayuntamiento denunciará ante la Fiscalía de Delitos de Odio los hechos acaecidos durante el acto celebrado en la plaza de Sant Jaume, una de las más emblemáticas de la ciudad.
Colau dijo en un mensaje difundido en sus redes sociales que “una cosa es la libertad de expresión” y otra “la exaltación del fascismo y el nazismo”, por lo que el Ayuntamiento, “una vez más”, llevará los hechos ante la Fiscalía. Así lo anunció en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que justifica el informe por si estas actuaciones son “constitutivas de ilícito”. “Desde las instituciones democráticas no podemos dejar el mínimo espacio a las actuaciones que puedan ser contrarias a derecho, haciendo apología del fascismo y sobrepasando la libertad de expresión”, expresó el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, en alusión a lo sucedido en el final del acto de Vox.
Este hecho ocurrió en medio de la tirante situación política en que se encuentra España. El gobierno de coalición formado por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos afronta duros embates de algunos sectores de la extrema derecha.
“Los de Vox somos estoicos, perseverantes, intrépidos, los Vox somos la resistencia. Somos la resistencia y seremos la resistencia frente a los que quieren atacar nuestra Constitución, frente a los que quieren atacar al rey, frente a los que quieren desmontar a la nación española”, dijo la diputada Rocío Monasterio durante el acto. La representante de Vox se refirió al “legado” recibido para defender la Carta Magna como “una madre coraje que se la quiere dejar a sus hijos intacta frente a los que la quieren atacar”. Monasterio dijo que están en contra de que el gobierno convierta a los medios de comunicación en “medios de propaganda de su régimen infame” y a que arrebaten a los niños “el derecho fundamental de hablar español en cualquier rincón de España”.
La Policía detuvo a dos participantes en el acto después de haberlos identificado y de descubrir que se encontraban, por orden judicial, con una suspensión de su derecho a asistir a reuniones o eventos políticos.
Estos hechos ocurridos en Barcelona tuvieron lugar apenas un día después de que se diera a conocer un manifiesto firmado por 271 militares retirados, en el que se advierte contra “el deterioro de la democracia”, “la imposición de un pensamiento único” y en el que se afirma que “la unidad de España está en peligro”. El documento, al que accedió Efe, está encabezado por el teniente general Emilio Pérez Alamán, el almirante José María Treviño y el teniente general Juan Antonio Álvarez Jiménez, y fue firmado también por generales, oficiales, legionarios y soldados.
Los que suscriben se desmarcan de otras iniciativas similares: “Los firmantes de esta Declaración quieren manifestar su completa desvinculación y desagrado con cuanto se ha expresado en un ‘chat’ privado –difundido en diversos medios– ajeno a nuestro sentir y esencia de soldados”. De este modo hacen referencia a un chat de un grupo de Whatsapp que salió a la luz la semana pasada, en el que un grupo de ex militares atacaban al gobierno y uno de los participantes llegaba a afirmar que era necesario “fusilar a 26 millones de hijos de puta”.
Sin embargo, los militares retirados firmantes de este nuevo comunicado dicen compartir “las mismas inquietudes” que sus compañeros de la XIX Promoción del Ejército del Aire y de la XXIII de la Academia General Militar del Ejército de Tierra, expuestas por cada una en sendas cartas al presidente del Parlamento Europeo y al rey de España”.
En su carta, los militares retirados acusan al gobierno que encabeza el socialista Pedro Sánchez de aceptar “los desprecios a España, las humillaciones a sus símbolos, el menosprecio al rey y los ataques a su efigie”. “Además de permitir violentas algaradas independentistas y golpistas con petición de indultos a condenados por sedición, así como conceder favores a terroristas con el consiguiente menosprecio a sus víctimas”, bordear “la legislación vigente”, buscar “el sometimiento al Poder Ejecutivo del Poder Judicial, incluida la Fiscal General del Estado”, y tratar de “imponer un pensamiento único” con leyes como la de Memoria Democrática.
Agregan que “como militares, que seguimos siendo aún en la situación de retirados, mantenemos activo el Juramento que prestamos en su día de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el orden constitucional, entregando la vida si fuera preciso”.