El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) publicó este jueves un comunicado en el que señala su preocupación por la carta que el nuevo director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, envió a los medios públicos.
El miércoles, Sotelo envió una comunicación a los coordinadores de los informativos de Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y Radiodifusión Nacional del Uruguay (RNU) en la que decía que desde ahora todos los contenidos periodísticos deben ser consultados con el coordinador del Secan, Jorge Gatti, “antes de iniciarse el proceso de producción”.
Cainfo alerta sobre posibles “consecuencias negativas” de la decisión, porque “la imposición de un escrutinio previo a la elaboración de los contenidos, que proclama la intención de 'balancear las opiniones' o 'reflejar todos los puntos de vista relevantes para la comprensión de los hechos y presentarlos de forma imparcial', además de constituir un enlentecimiento en el proceso de producción que requiere prontitud y pertinencia, puede derivar en un mecanismo de intimidación, de autocensura o incluso de censura previa”.
El centro también señala que “el riesgo se agrava” porque Sotelo es candidato suplente a la Intendencia de Montevideo, apoyando a la candidata de la coalición multicolor Laura Raffo. Por esto, los senadores de la Vertiente Artiguista (VA, Frente Amplio), Enrique Rubio y Amanda Della Ventura, denunciaron ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la situación del periodista.
Cainfo señala que se debería tener en cuenta el documento “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, publicado en 2010 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Ese documento asegura que “para asegurar la autonomía de los medios públicos se debería establecer por ley la independencia de su línea editorial o informativa”, y además recomienda que “todos los medios de radiodifusión gestionados por el Estado estén supervisados por una autoridad independiente, cuyos integrantes sean elegidos mediante un procedimiento transparente y competitivo en función de la idoneidad profesional y ética”.
Ese texto dice que se debería contemplar “un régimen severo de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés”, así como “requisitos y procedimientos de designación y remoción objetivos y transparentes para los directivos de cada uno de los medios públicos de comunicación, que no deberían ser de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo”.