Antes de la llegada del nuevo coronavirus al país, el gobierno se encontraba con los socios de la coalición afinando los detalles para ingresar la ley de urgente consideración (LUC) al Parlamento. La emergencia sanitaria puso en pausa su estudio por unas semanas, pero este jueves el presidente Luis Lacalle Pou anunció que haría llegar a todos los partidos políticos el nuevo proyecto, para que lo estudien antes de que corran los plazos constitucionales.
Si bien la iniciativa mantiene la mayoría de los artículos del borrador, el gobierno introdujo algunos cambios. ¿Qué sugerencias de los socios de la coalición fueron contempladas en esta nueva versión?
Partido Colorado
Una de las críticas que hicieron varios integrantes de la coalición al borrador de la LUC fue sobre la limitación del proceso abreviado. El Partido Colorado (PC), el Partido Independiente (PI) y Cabildo Abierto (CA) manifestaron su preocupación por la reducción del proceso abreviado a los delitos con una pena máxima de tres años de penitenciaría, ya que actualmente rige para penas de hasta seis años. En la nueva redacción se toma este planteo y se extiende el plazo a cuatro años.
Los colorados también habían planteado la posibilidad de crear una “tercera estructura procesal” que fuera una alternativa entre el proceso abreviado y el juicio oral. Eso se contempló en el nuevo proyecto mediante la incorporación de la figura del proceso simplificado, que establece se “solicitará verbalmente en la audiencia de formalización o en su defecto hasta el vencimiento del plazo para deducir acusación o solicitar sobreseimiento”. Además, el juez podrá determinar la aplicación del proceso simplificado, incluso cuando las partes opten por el proceso abreviado, en caso de considerar que no se aplican los “requisitos” para avanzar por esa vía. Desde el PC dijeron a la diaria que es una herramienta “intermedia” que se le da al fiscal entre el proceso abreviado y el juicio oral. “El fiscal puede ofrecer el simplificado y en un mes tener sentencia”, acotaron las fuentes.
También se tomaron en cuenta recomendaciones en educación. A fines de febrero, los colorados le hicieron llegar un documento al presidente con algunos cambios en el anteproyecto. Uno de ellos refería a que se dejara el concepto de “libertad de cátedra”, dado que en el borrador se cambiaba por el de “autonomía técnica”. Desde el PC se entendía que no era “momento de dar la discusión” acerca de si la libertad de cátedra era un concepto sólo asociado a la educación universitaria o contemplaba también a secundaria o primaria.
Por otra parte, el PC planteó incluir un artículo que estableciera de forma explícita que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) garantizara la formación en educación con rango universitario y que se estableciera explícitamente el compromiso del “Estado de avanzar en la consolidación de una formación en educación de rango universitario”. En la nueva versión se incluye que el “Estado, por medio de las entidades públicas con competencia en la materia, hará todos los esfuerzos a su alcance para asegurar el carácter universitario de una formación en educación de calidad”. Esto posibilita a que intervengan en la formación en educación otras instituciones públicas además de la ANEP, como la Universidad de la República o la Universidad Tecnológica.
Otras sugerencias menores también fueron tomadas en cuenta. Los colorados solicitaron que se volviera a hablar de Consejo de Formación en Educación y no de Consejo de Formación Docente, como figuraba en el anteproyecto de la LUC. Esto también se tomó en cuenta en el nuevo proyecto.
El senador colorado Adrián Peña dijo a la diaria que valoró positivamente que se incluyeran varios aspectos en “seguridad y educación [en el proyecto], que eran materias importantes para nosotros”. No obstante, señaló que los equipos técnicos analizarán el proyecto en estos días y lo compararán con el borrador, y el lunes se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional para avanzar en esa línea.
Una pregunta sin respuesta
“En unos días lo presentaremos formalmente”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter. La ambivalencia del anuncio dejó planteada la interrogante de cuándo es que el gobierno ingresará el proyecto de ley al Parlamento. La vicepresidenta Beatriz Argimón dijo en rueda de prensa que Lacalle Pou sólo estaba trasladando la iniciativa a los partidos, “lo que no implica el ingreso efectivo para el tratamiento parlamentario”.
El diputado del PI Iván Posada opinó que el Parlamento no está en condiciones de analizar la LUC en el contexto actual. El legislador dijo a Radio Uruguay que “la urgencia que tiene el país está centrada principalmente en el aspecto social y económico, y, por supuesto, en lo que tiene que ver con lo sanitario, que es el origen de los problemas”. “El país tiene allí concentradas sus urgencias”, recalcó.
En diálogo con la diaria, Posada agregó que el foco tiene que estar en el “impacto social y económico” de la emergencia sanitaria y, en ese sentido, planteó que el plazo máximo legal para que ingrese la Rendición de Cuentas es el 30 de junio y se puede aprovechar “esa oportunidad” para establecer cambios. “Esa sí debiera tener un trámite rápido, de urgencia”, afirmó. A su entender, si la Rendición de Cuentas se aprueba rápidamente en ambas cámaras, podría “permitir al gobierno la aprobación de determinados elementos para enfrentar la recesión económica y el impacto social”.
Por su parte, Peña dijo a la diaria que “aparentemente” la LUC no ingresaría la próxima semana. En ese escenario, si el proyecto ingresa luego del 20 de abril, “hay que ver toda la película”. “En junio ingresa la Rendición; si se dilata demasiado, se van a solapar. Son dos comisiones con los mismos miembros. Quizás teniendo las previsiones del caso, cumpliendo con los protocolos, el Parlamento puede ir funcionando. Hay que ver qué momento de la pandemia estamos, que no contribuya a bajar la guardia”, acotó.
Cabildo Abierto
“Hay que hacer un análisis más a fondo, pero a grandes rasgos no se tuvieron en cuenta varias modificaciones que propusimos”, dijo a la diaria una fuente de CA, y adelantó que entre el domingo o el lunes se reunirán para analizar en profundidad el nuevo texto. Una de las propuestas que no prosperó ‒impulsada tanto el PC como CA‒ fue la creación de un órgano colegiado para la conducción de la Fiscalía General de la Nación. El líder de CA y senador, Guido Manini Ríos, dijo en una entrevista a La República el 14 de febrero que la Fiscalía tendría que tener “tres o cinco miembros, al estilo Suprema Corte de Justicia, porque creemos que hay demasiadas atribuciones en una sola persona”. Sin embargo, esa solicitud no fue contemplada en el nuevo proyecto de ley.
Además, CA se opuso al artículo que elimina la obligatoriedad de habitar el predio para los colonos propietarios y sus familias. Sin embargo, el artículo en cuestión no fue modificado y se habilita a los colonos propietarios a no residir en el predio, cuando la “adjudicación expresamente establezca la excepción”, la colonia esté organizada “bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados, o por razones justificadas de salud, estudio o trabajo de algunos de sus integrantes”.
A principios de febrero, el semanario Búsqueda informó que Roque Moreira, padre de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, figuraba como director junto a ella de Palomar SA, una empresa propietaria de un campo del Instituto Nacional de Colonización (INC) en Artigas. Según el semanario, el padre de la ministra había sido intimado por el INC a residir en el campo en 1974 y este nuevo artículo lo beneficiaría. En Twitter, la ministra escribió que CA no apoyaba ese artículo y adelantó que propondrían retirarlo del proyecto.
La propuesta que sí fue incorporada en el nuevo proyecto fue la de reducir los plazos para que la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que será creada por la LUC, realice un “informe de diagnóstico preliminar” sobre la situación de la seguridad social. El anteproyecto establecía que la comisión podría presentar en diciembre de 2020 una primera versión y el plazo máximo para el informe final era diciembre de 2021.
En la nueva versión, en cambio, se establece que deberá presentar el informe de diagnóstico en un “plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de su constitución y un informe con recomendaciones en un plazo de 90 días siguientes a la presentación del informe preliminar”. Por otra parte, se habilita al Poder Ejecutivo a prorrogar los plazos.
Partido Independiente
Además de proponer modificar la limitación del proceso abreviado, el PI manifestó su discrepancia con algunas medidas sobre el eventual accionar de la Policía. El anteproyecto proponía modificar el artículo 54 del Código del Proceso Penal que establece que la Policía deberá anunciar “inmediatamente” al fiscal sobre la detención y derogar el artículo 55 que determina que “en ningún caso” el límite para informar al fiscal podrá ser mayor a las dos horas. En la nueva normativa se mantiene la extensión del período de dos a cuatro horas. Integrantes del PI, en su momento, plantearon que esto “viola las garantías constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado Uruguay”.
Al igual que el PC, el PI planteó su discrepancia con la eliminación de la obligatoriedad de pagar los salarios por medios electrónicos. Sin embargo, el artículo se mantiene sin modificaciones.
El jueves se conoció la reacción del Frente Amplio, que consideró que presentar ahora la LUC ante el Parlamento es un “profundo error” que “atenta contra el esfuerzo necesario para enfrentar la crisis sanitaria”.