El Partido Colorado (PC) divulgó el documento que entregó al presidente electo, Luis Lacalle Pou, con los cambios que proponen al anteproyecto de ley de urgente consideración (LUC). Se proponen cambios en varios capítulos y, según destacan, “con fuerte tono social”. En educación, al cambio ya anunciado respecto de que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) elabore en conjunto con las autoridades del Codicen el plan de política educativa, de forma de “respetar” las autonomías de los entes de la enseñanza, se le suman varios aportes. Robert Silva, ex candidato a vicepresidente por el partido, será el futuro presidente del Codicen.

Por un lado, los colorados plantean un nuevo artículo que establezca que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) podrá brindar carreras de formación en educación de rango universitario y consideran “importante establecer a texto expreso en la Ley el compromiso del estado de avanzar en la consolidación de una formación en educación de rango universitario”, algo que eliminaba el anteproyecto.

Además, plantean mantener el concepto de “libertad de cátedra” y no cambiarle su denominación a “autonomía técnica” como propone el Partido Nacional (PN). En el documento se dice que “puede ser compartible” el argumento manejado de que la libertad de cátedra es un concepto asociado a la universidad y no a secundaria y primaria, pero consideran que “no es el momento de dar la discusión” e incluso citan el Estatuto del Funcionario Docente de la ANEP, que en su artículo 4º consagra la libertad de cátedra a favor de los docentes.

Al igual que los sindicatos de la educación, los colorados piden que se vuelva a incorporar la disposición de no suscribir acuerdos que consideren a la educación “como un servicio lucrativo”, algo que el anteproyecto de LUC eliminaba de la Ley General de Educación, y también plantean reincorporar el artículo 33 de esa ley, que refiere a la obligación de “garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación”, con especial consideración “a la educación en el medio rural, la educación de personas jóvenes y adultas y la educación de personas con discapacidades”, que el borrador pretende derogar. “Consideramos que es muy inconveniente derogar dicho artículo y recomendamos enfáticamente mantenerlo”, señala el texto.

Otros cambios hacen énfasis en la primera infancia. En educación proponen que se reconsidere que el tramo desde el nacimiento hasta los 36 meses de edad quede por fuera de la educación formal, y plantean eliminar la aclaración del anteproyecto que establece que la educación a los tres años no es obligatoria. “Esta es una oportunidad que se pierde para otorgarle a la primera infancia la jerarquía que en los discursos políticos se dice merecer, sabiendo que la calidad de desarrollo y educación de los primeros años de vida son los que podrán sostener o no, la continuidad de los aprendizajes futuros”, argumentan en el documento. Además, proponen crear una Defensoría Pública de la Primera Infancia, para “proteger y velar por los derechos de los niños desde su nacimiento hasta los tres años de edad”.

Otros cambios que hacen los colorados es volver a la denominación del Consejo de Formación en Educación (y no de Formación Docente, como plantea el PN), y en lugar de habilitar al Codicen a crear un nuevo estatuto para los funcionarios habla de “regímenes especiales aplicables a determinados proyectos o programas”.

Seguridad, empresas públicas e inclusión financiera

En relación a la seguridad, los colorados consideran que el diseño del proceso penal previsto en el anteproyecto puede “llevar a la saturación de la Fiscalía”, por lo que proponen ajustes al proceso abreviado para evitar esa situación y la creación “de una tercera estructura procesal que sirva de alternativa tanto al proceso abreviado como al juicio oral”. Como explicó el senador Adrián Peña, también plantean la creación de un órgano colegiado en la conducción de la Fiscalía General de la Nación.

En materia de empresas públicas, los colorados se oponen a la desmonopolización de los combustibles y proponen cambios sobre las unidades reguladoras, “dándoles un poder real de acción”. El PC tampoco está de acuerdo con las modificaciones que establece el anteproyecto de LUC sobre la inclusión financiera, y en cambio buscan que sea “cada trabajador el que tenga la posibilidad de optar por el pago en efectivo de su salario, eliminando así la obligatoriedad de la inclusión financiera y fomentando el derecho de los trabajadores a elegir”.