El informe de 2019 del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, correspondiente a 2019 sirvió como punto de partida para una mesa llevada adelante este martes, en la que el funcionario participó junto con el rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim.
En el evento, llamado “Aportes de la Udelar para pensar la situación carcelaria”, el comisionado hizo énfasis en distintos aspectos de lo relevado el año pasado y comentó algunas de las cifras referentes a la educación: 6% de los varones privados de la libertad declara no saber leer y 12% dice hacerlo con dificultad. Según datos difundidos en la conferencia, en la actualidad hay cerca 100 privados de libertad que cursan estudios terciarios.
“En Uruguay hay una cantidad de presos para los que la prisión sólo asegura que van a tener un deterioro. Lo que debería ser el CTI se usa como puerta de ingreso”, dijo Petit. Además, aseguró que las malas condiciones de crianza y la deserción educativa temprana son episodios que se repiten en muchas de las historias de los reclusos. Dijo que la sucesión de hechos suele ser: deserción educativa, consumo, delito leve y delito grave; algo que se podría evitar con “intervenciones tempranas”. Por otra parte, aseguró que 69% de las personas en situación de calle estuvieron privadas de libertad. “Nadie dice que no son importantes los sistemas de vigilancia, pero la convivencia pacífica empieza en la cuna”, afirmó.
Sobre la educación dentro de los centros, Petit reiteró que se tiene que adecuar a la necesidad de los internos. Sostuvo que la vieja idea de tener un taller del Estado “no va a poder ser”, porque “vivimos en una sociedad competitiva”. Consideró más apropiada la creación de cooperativas de trabajo, pero para eso es necesario “un control del Estado [del trabajo en las cárceles], que hoy no existe”.
Muchos de los trabajos que hacen las personas privadas de libertad no tienen registro en la seguridad social y se llevan a cabo en condiciones insalubres. “Las cárceles se mantienen por los presos”, que son los que hacen los arreglos, pintan, construyen, sueldan barrotes y candados, y hacen la limpieza”, aseguró Petit. Según sostuvo, la falta de educación hace que la población carcelaria analfabeta salga condenada al trabajo físico.
Con relación al incremento de penas, Petit dijo que “cualquier reforma que implique aumentar la población penitenciaria debe ser tomada con muchísimo cuidado, porque tener un sistema gigante implica tener un sistema infinanciable, con muy mala calidad, con pocos contenidos, y un sistema que nos va a generar más violencia y más delitos”.
“Argumentos sostenibles”
En tanto, Arim aseguró que el debate sobre el sistema carcelario tiene que ser con argumentos sostenibles, fundados en “ciencia de buena calidad”. Dijo que hay que decidir “si organizamos la discusión basados en prejuicios, tratando de aglomerar posiciones que intenten usar el miedo como arma para generar acumulaciones políticas, o lo vamos a organizar en base a una discusión abierta”.
Afirmó que la educación terciaria en las cárceles no debe ser producto de “voluntarismo”, sino que debe sostenerse en “redes institucionales de larga data” para lo cual “se necesitan acuerdos institucionales y políticas públicas estables, profundas y fundadas”.
Arim admitió que en la Udelar hay distintas resistencias y docentes que opinan que la Universidad no debe tener el rol de educar en las cárceles, y aseguró que él no comparte ese pensamiento, pero lo “respeta”. Además, sostuvo que hay que tener en cuenta “la heterogeneidad” de las cárceles, ya que no todos los centros son iguales.
“La Universidad necesita un programa de plataforma centrado en el sistema carcelario, donde se combine la enseñanza, la extensión y la investigación para asegurar la continuidad de la educación”, aseguró. “No podemos funcionar con impulsos espasmódicos, donde hay una demanda y aparece un grupo de docentes para solucionarla, pero después no lo podemos mantener”, agregó.
Según Arim, este programa no se puede hacer de forma solitaria, sino que requiere que el Ministerio del Interior esté dispuesto a “transitar este camino”, pero esto no ha sucedido. “No hemos podido hacer que los estudiantes privados de libertad tengan los mismos derechos que los de afuera. O tenemos políticas estables, o nos vamos a quedar con esfuerzos específicos, valiosos pero incapaces de trascender”, afirmó.
Barreras para estudiar
Una resolución de la Comisión Central de Estudios en Privación de Libertad de la Udelar expresa que las “decisiones tomadas por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y sus unidades” en el marco de la emergencia sanitaria “en algunos casos dificultan la continuidad de las trayectorias educativas en privación de libertad”. En la resolución, la comisión manifiesta su “preocupación por las barreras institucionales en las cárceles que obstaculizan la continuidad de las trayectorias de quienes cursan carreras de educación superior en cárceles, pero también impiden que los/as estudiantes cumplan con las formalidades necesarias en su vínculo con la Udelar”. La declaración, que iba a ser abordada por el Consejo Directivo Central de la Udelar el 28 de abril pero no llegó a discutirse, también insta a todos los actores y “a las autoridades del INR en particular, a que se realicen los mayores esfuerzos para dar continuidad a la educación en cárceles en la modalidad virtual y faciliten el ingreso de materiales de estudio a las unidades”.