A pesar de los avances, todavía hay “muy malas condiciones de reclusión, algunas con insuficientes posibilidades de rehabilitación y otras de trato cruel, inhumano o degradante”, dice el informe elaborado por el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, sobre la situación carcelaria de 2019.

Según el documento, hubo una mejora con relación al cumplimiento de las Reglas Mandela -lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para garantizar principios fundamentales de las personas privadas de libertad- en comparación con 2018. En 2019, 27% de los internos tiene oportunidades de integración social, 47% tiene condiciones insuficientes, y 26% vive en condiciones de trato cruel, inhumano o degradante. En 2018, 26% tenía oportunidades de integración social, 39% tenía oportunidades insuficientes y 35% condiciones de trato cruel, inhumano o degradante.

Las malas condiciones de reclusión no sólo afectan a los privados de libertad, sino también a quienes trabajan en las cárceles. Esto hace “que subsistan todavía casos de violencia institucional hacia los privados de libertad, omisiones serias en los deberes funcionariales y prácticas corruptas”.

Sobre la rehabilitación, Petit señala que hubo avances basados en las actividades educativas, el trabajo y el respeto de los demás, “siendo remarcable el trabajo de la Unidad 6 Punta de Rieles (vieja), la cárcel de Durazno, Artigas, Salto y el Polo Industrial del Comcar”.

También se registró que el hacinamiento disminuyó, “fruto de la construcción de nuevas unidades y plazas”. Sin embargo, hay sectores de varias unidades donde estas situaciones persisten. En 2019 sigue el crecimiento de cantidad de personas privadas de libertad, por lo que se adelanta que, de seguir así, volverá a aumentar el hacinamiento.

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En el informe se reitera que la violencia en algunos centros responde a “la falta de una convivencia basada en actividades socioeducativas y oportunidades de buen relacionamiento social”, algo que sucede en particular en el Penal de Libertad, Canelones, en varios módulos del Comcar, varios sectores de la Unidad 1 y Cerro Carancho (Rivera).

En 2019 hubo 44 fallecimientos: 20 homicidios, nueve suicidios y dos accidentes y otras circunstancias violentas. “La muerte en prisión, en cualquier hipótesis, es sospechosa de criminalidad y de responsabilidad del Estado, siendo un claro indicador de las muy malas condiciones de vida que subsisten en el sistema penitenciario”, dice el texto, y señala que 2019 fue un año récord en homicidios, considerando desde 2006. “En términos relativos, la tasa se mantuvo similar a 2018, indicando 186,5 homicidios cada 100.000 personas, aproximadamente 18 veces más que la cifra nacional. Por su parte, la tasa de suicidios en cárceles fue de 83,9 cada 100.000, aproximadamente 4 veces más que la cifra nacional”.

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Salud

Con relación a la salud, el comisionado evaluó que es pobre la atención odontológica, la medicina preventiva y la psicológica. De todas formas, se señala que “son destacables las mejoras en la atención y la administración en el Centro Médico de Comcar, en el centro médico de la cárcel de Canelones dependiente de Sanidad Policial, la buena infraestructura de la Unidad 1 Punta de Rieles, el cierre inminente del sector psiquiátrico en la ex Cárcel Central y su traslado al Módulo 12 de Comcar y el inicio de una mejora en la atención oftalmológica con la atención del Hospital de Ojos”.

La salud mental es un gran debe. El informe asegura que “muchos de los internos llegan al sistema siendo portadores de patologías diversas de salud mental, habitualmente no tratadas, no diagnosticadas, subvaloradas en su entorno y que incluso pueden estar vinculadas a su transgresión. La privación de libertad agrava esas patologías y dispara las situaciones latentes, llegando incluso a psicosis, provocando que muchos internos no puedan ni adaptarse a la vida en prisión ni convivir con otras personas”.

Casi la mitad de las personas que ingresan al sistema en el área metropolitana tiene algún problema de salud mental, ocho de cada diez tienen consumo problemático de drogas, 10% fue diagnosticado con algún tipo de discapacidad y 7% presenta algún tipo de riesgo de intento de autoeliminación.

Además, Petit sostiene que no están debidamente registrados los intentos de autoeliminación fallidos ni las autolesiones. “Más ocultas están aún las conductas autodestructivas, que tienen un trasfondo depresivo y aun suicida, que pasan desapercibidas por la falta de atención psiquiátrica o psicológica personalizada y sostenida en tratamientos. Varios de los casos de suicidio que estudiamos en 2019 indicaron a las claras graves carencias y errores del personal de atención directa al manejar situaciones donde había claras expresiones suicidas”.

Petit señala que no existe un Programa de Prevención del Suicidio ni un Protocolo de actuación para los funcionarios, que defina pasos concretos a seguir cuando se detectan riesgos. Tampoco existen programas de trabajo con las familias o allegados de las personas presas, lo que dificulta la reinserción. “Es particularmente llamativa la ausencia de despliegue de programas del Ministerio de Desarrollo Social, máxime teniendo presente que la población privada de libertad y su entorno constituyen un conjunto altamente vulnerable y apto para una intervención estratégica de resultados directos”, señala.

Educación y trabajo

Hay 20% de personas privadas de libertad que no pueden leer, escribir o hacer cálculos con fluidez, pero se estima que casi 24% estudia en algún curso de educación formal. “Es muy pobre la enseñanza de oficios y el despliegue de ámbitos de capacitación laboral del tipo escuela-taller productivo”, afirma Petit.

En relación con el trabajo, el informe señala que 36% de la población privada de libertad tiene algún tipo de empleo, con situaciones muy variadas: fajina de patio, corredores, mantenimiento, construcción, cocina o limpieza. Algunas de estas actividades son realizadas en muy malas condiciones de seguridad e higiene laboral.

“Dado que el sistema penitenciario es una suerte de 'sub Estado' que vive fuera del tiempo, muchos de los dispositivos tecnológicos habituales que existen en todo el Estado uruguayo y sus servicios no están presentes dentro de las cárceles, ya sea para la gestión administrativa, la comunicación interna, la educación y la vigilancia”, concluye Petit en el informe.

Algunas recomendaciones

  • Adecuar los espacios internos de las unidades a un funcionamiento social que refiera a la vida en libertad, generando espacios de uso común, plazas, calles, expresiones culturales, realizando para su construcción convenios con las intendencias.

  • Establecer lazos con las autoridades locales, en particular las empresas públicas, intendencias, empresas privadas, sindicatos y referentes sociales.

  • Reformar los espacios de ingreso a las visitas, haciendo más eficiente el ingreso y generando lugares amigables para los niños y las familias.

  • Cursos de pre-egreso con redención de pena.

  • Establecer como obligatorio que todo director de una unidad de internación deberá tener al menos una entrevista con cada interno que llega a su establecimiento a los efectos de conocerlo y transmitirle las pautas generales de funcionamiento.

  • Entregar a cada interno/a que ingresa a una unidad y a sus familias una guía informativa de derechos y obligaciones y recursos sociales.

  • Crear un centro de atención telefónica (call center) para informar a las familias sobre emergencias ocurridas a sus allegados.

  • Establecer un dispositivo para que las familias que se enteran que un familiar ha sido derivado de una cárcel a un hospital, ya sea por enfermedad o por agresiones sufridas, puedan tramitar eficientemente su visita a los nosocomios

  • Explicitar a todas las unidades que las autolesiones de los internos, según la normativa vigente y salvo prueba en contrario ante situación singular, no deben ser motivo de sanción sino de atención socio educativa.

  • Favorecer acciones de desarme voluntario en las unidades, realizando acciones simbólicas, como la destrucción masiva de las armas y cortes incautados y convertirlos en objetos culturales que favorezcan el cuidado de la vida.

  • Distribuir formularios entre los internos para la presentación de quejas, denuncias y trámites.

  • Implementar un protocolo para medir, en acuerdo con el Poder Judicial, la real reincidencia de los liberados.

  • Proveer de tratamiento odontológico a todas las unidades

  • Verificar que la entrega de medicación psiquiátrica sea efectuada de manera personal e in situ

  • Favorecer el acceso en todas las unidades a materiales informativos y culturales, facilitando la instalación de bibliotecas bien provistas, la circulación de libros y estimular la lectura

  • Aumentar las horas docentes disponibles en el Codicen.

  • Promover la instalación de escuelas de oficios en los macro penales metropolitanos.

  • Relevar y corregir las condiciones de trabajo insalubre y de alto riesgo.

  • Implementar un programa de entrega de tablets a los internos que estén prontos a egresar o al momento del egreso, en el que cuenten con información, orientación y aportes para su vida en libertad.