En las horas previas a la Marcha del Silencio, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos realizó este martes una conferencia de prensa en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Además de presentar los detalles de la convocatoria, hubo planteos políticos.
Alba González, una de las integrantes de la organización, recordó que el presidente Luis Lacalle Pou se comprometió a continuar con la búsqueda de detenidos desaparecidos y que “encontrarlos no es solo mantener el presupuesto para excavaciones”.
La activista exigió que la información debe venir de la institución que “cobijó” a los perpetradores directos de la tortura, asesinato y desaparición de personas, y en sentido, remarcó que los responsables son el comandante en Jefe del ejército y las autoridades del Ministerio de Defensa.
En relación a la negativa del presidente de conceder la cadena nacional a la organización, González dijo que fue una “mala decisión” porque era la oportunidad de dar “una señal simbólica y política sobre la importancia permanente de afianzar el sistema democrático”.
A su vez, consideró que esta determinación tomó más peso cuando “un senador que integra la coalición de gobierno, hace una reivindicación de los criminales de estado y se extiende en el menosprecio del poder Judicial”, en referencia al senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y sus dichos sobre Lawrie Rodríguez. “No es novedoso, pero sí una alarma que nadie debería ignorar”, agregó González.
La posición de Naciones Unidas
“Conocer el paradero de las víctimas, así como esclarecer la forma de su desaparición, es un derecho de las familias y de la sociedad uruguaya en general”, sostiene la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Mireia Villar, en un comunicado difundido ayer.
Recuerda que Uruguay ha recibido “diversas recomendaciones” de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre “la búsqueda de desaparecidos y el esclarecimiento de los delitos de desapariciones forzadas”, con el fin de “asegurar las condiciones para que esto no vuelva a suceder”.
Además, explica que el derecho a la justicia y a la reparación está contemplado en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que fue ratificada por Uruguay en 2009.
“Reafirmamos que la verdad y la justicia es clave para profundizar el estado de derecho y saludamos todos los esfuerzos que el Estado en su conjunto, con la Institución de Derechos Humanos, está realizando para lograr conocer el paradero de las uruguayas y uruguayos desaparecidos”, concluye el comunicado.