La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) envió una carta al fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien pidió explicaciones sobre la llamada que recibió el fiscal Diego Pérez por parte de la institución, expresando su preocupación por el estado de salud mental de Cristino.
El director Juan Faroppa dijo a la diaria que la funcionaria que llamó lo hizo a pedido de la directora Josefina Plá, responsable del área de salud mental de la INDDHH. Faroppa señaló que la conversación fue grabada por protocolo y transcurrió en muy buenos términos, y que por eso “sorprendieron” las declaraciones de Pérez, en las que cuestionó que el organismo no haya actuado de la misma forma en casos similares.
El director explicó que la institución tiene competencias por la ley de salud mental en la protección de los derechos de las personas usuarias de dichos servicios y se le notifica de toda internación involuntaria. “Nosotros no investigamos esos casos, simplemente recibimos las notificaciones y le damos un seguimiento para ver que la persona que nos dicen que está en una situación de salud mental crítica sea tratada adecuadamente”, afirmó.
En ese marco, la institución recibió el viernes pasado una comunicación del Hospital Vilardebó en la que se informaba que Cristino tenía una citación de la Fiscalía y no estaba en condiciones para ir a declarar.
A pedido de Plá, la funcionaria mandó un mail al fiscal Pérez y luego lo llamó: “No llamó para saber sobre qué se estaba investigando, ni por qué se le estaba investigando, sino para ver si estaba en condiciones de comparecer en una audiencia judicial. La conversación fue sumamente amable, cordial, profesional. No hubo ningún tipo de reacción por parte del fiscal; la funcionaria le consultó y Pérez le contestó todo”, dijo Faroppa. En la carta, la INDDHH agrega que en esas comunicaciones, que fueron registradas, se desarrolló “un intercambio profesional, correcto y colaborativo entre ambos profesionales”, y se aclara que “en ningún momento se solicitó, por parte de la INDDHH, información reservada referente a los hechos por los cuales una persona se encuentra en situación de indagado en una investigación penal”.
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En cuanto a las declaraciones posteriores, en las que el fiscal dijo que en 25 años nunca había recibido una llamada de ese tipo, Faroppa expresó que la institución se creó en 2012 y que la ley de salud mental, que otorgó las competencias en base a las que se actuó, es de setiembre de 2017.
En su misiva, la INDDHH detalla las distintas instancias en las que interactuó con organismos judiciales y subraya que en esta ocasión “cumplió con sus cometidos de protección y defensa de los derechos humanos definidos en el marco de la Ley de Salud Mental”. Además, la institución lamenta que haya llevado a esta situación “un manejo equivocado de las circunstancias que rodearon el caso del Sr. Cristino, tal vez originado en el impacto mediático del mismo por causas que son ajenas a la INDDHH”, que “vulnera seriamente el derecho de toda la población de ser debidamente informada de las acciones u omisiones de los organismos públicos”.
Por este caso, las senadoras del Partido Nacional Graciela Bianchi, Gloria Rodríguez y Carmen Asiain convocaron a los directores de la INDDHH para que den explicaciones sobre el hecho ante la Comisión de Derechos Humanos y Peticiones de la Asamblea General.
El caso también fue discutido en el directorio de la institución, dado que la presidenta, Mariana Blengio, reclamó abrir una investigación administrativa para conocer los pormenores del caso, y la iniciativa fue rechazada por el resto de los integrantes del directorio.
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