En 2013, la campaña “No hay excusas”, llevada adelante por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) y UNICEF, popularizó una serie de imágenes en las cuales se mostraba a hombres adultos acompañados por frases como “no sabía que era menor” y “ella me provocó”, con el objetivo de desmitificar algunos de los pretextos que esgrimen comúnmente los explotadores de menores de edad. Este año, aprovechando la visibilización del problema a partir de la Operación Océano, las instituciones relanzaron la campaña, que apunta a responsabilizar al explotador y promover la condena social de este delito.
El presidente del INAU, Pablo Abdala, calificó a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes con fines comerciales y no comerciales como “una verdadera epidemia”, y señaló que “la sucesión de acontecimientos a la que asistimos todos los días nos tiene que tener azorados y perplejos”, en referencia a la red de explotación conocida a partir de la Operación Océano, por la cual ya fueron formalizadas más de 20 personas. El jerarca aseguró que “estamos frente a un fenómeno que crece y cuya magnitud a todos nos tiene que preocupar”, sin perjuicio de que pueda haber una mayor visibilización del tema y un crecimiento en la cantidad de denuncias.
“Las cifras son por demás elocuentes”, consideró Abdala. Según indicó, en el primer cuatrimestre de 2020 se registraron 63 casos nuevos de explotación sexual, que ya superan la mitad de la totalidad de los casos nuevos que Conapees debió abordar a lo largo de todo 2019. A su entender, la respuesta institucional es eficiente luego de confirmados los hechos, dado que el Estado “apoya, contiene y apuntala a las víctimas”, pero no lo es en materia de prevención. “Tenemos que mejorar la respuesta que damos en el territorio, y el directorio está trabajando en ese sentido, y también en la notificación de estos hechos cuando acontecen o ante la sospecha de que están aconteciendo”, afirmó. El titular del INAU admitió que “no todas las situaciones llegan en tiempo y forma a conocimiento de las autoridades”.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se hizo presente en el evento y aseguró que su presencia “ratifica” el compromiso del gobierno “en el apoyo a una campaña de gran significación, que la tuvo en su momento y vaya si la tiene en este contexto”. Asimismo, reflexionó que este compromiso no debe ser exclusivo del Estado, sino “de una sociedad que repudia estos episodios sistemáticamente, que debe denunciar y estar comprometida con la denuncia”. Para Argimón, hace unos años “la sociedad uruguaya prefería no ver que esto acontecía”, aunque consideró que con el paso del tiempo se comenzó a repudiar este tipo de episodios. “Pero sentimos que precisamos más, porque todavía a veces encontramos quienes llegan a justificar de alguna manera esta auténtica plaga”, aseveró.
La emergencia sanitaria que atraviesa Uruguay desde marzo también tiene su correlato en un aumento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, según advirtió la representante de UNICEF en Uruguay, Luz Ángela Melo. La abogada especializada en derechos humanos señaló que la campaña relanzada tiene “dos mensajes directos y, esperamos, contundentes”: “Uno a los explotadores: no hay excusas. Y el segundo a la sociedad, para que se sensibilice y condene esos hechos, pero además, para que los denuncie”. “Mantener relaciones sexuales con menores a cambio de dinero o de regalos, o con la promesa de recompensas, no sólo es un delito, sino que también vulnera sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, y pone en riesgo su integridad física y psicológica”, sostuvo Melo.
En la misma línea, el presidente de Conapees, Luis Purtscher, señaló que la campaña pretende “desnaturalizar la explotación sexual y posicionarla como un problema de agenda pública”, a la vez que busca “concientizar a los potenciales mal llamados ‘clientes’, a los explotadores y perpetradores del delito, y evitar o intentar disminuir la realización de estos actos sexuales pagos o con promesa de retribución”. Purtscher llamó a “dejar de invertir la responsabilidad” y “colocarla en los adultos”, en lugar de “hacer que las víctimas aparezcan como productoras del delito que en verdad padecen”.
El sociólogo indicó que se ha identificado a los hombres mayores de 30 años como el principal perfil de explotadores, y señaló que la explotación sexual de menores es un problema complejo que conjuga “formas patriarcales, factores socioeconómicos y de violencia del lenguaje”. “Genera muchas veces la sensación de que el problema desaparece cuando desaparece la noticia, pero, por el contrario, estamos ante un problema que convive naturalmente con la sociedad uruguaya y que tenemos que empezar a desarmar”, enfatizó.