Tres artículos de la Constitución (de 112 a 114) establecen lo que se conoce como fueros parlamentarios, aunque no existe esa denominación en la normativa uruguaya. El espíritu del mecanismo es proteger a diputados y senadores de la actuación de la Justicia, entendiendo que puede existir un manejo político del Poder Judicial, incluso a impulso del Poder Ejecutivo, que afecte el funcionamiento del Poder Legislativo. Desde el año pasado está sobre la mesa la posibilidad de que la Cámara de Senadores apruebe el desafuero de Guido Manini Ríos.
Dentro de su libertad para legislar, diputados y senadores no pueden ser responsabilizados por “los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”, establece el artículo 112 de la Constitución. Tampoco pueden ser arrestados, excepto que estén atrapados infraganti cometiendo un delito (artículo 113). “Ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente (...) sino ante su respectiva Cámara”, establece el artículo 114. Compete a la cámara a la que pertenezca el legislador decidir lo que se conoce como el “desafuero”, que implica retirarle la protección dispuesta por estos tres artículos para que quede a disposición de la Justicia.
Un ejemplo de la aplicación de estos artículos es el del caso de Daniel Bianchi. Siendo senador, Bianchi chocó estando alcoholizado en enero de 2019 en Punta del Este. La fiscal Silvia Naupp no pidió su detención porque era senador y el Juzgado de Paz Departamental de Maldonado pidió su desafuero a la Cámara de Senadores para convocarlo a declarar. La Constitución establece que la cámara debe resolver “si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”. La Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta definió que sí había lugar para el proceso judicial y el Plenario aprobó su desafuero en abril.
La aprobación del desafuero no implica que la cámara se pronuncie “sobre culpabilidad o inocencia” del diputado o senador, “sino que se trata de una habilitación al accionar del Poder Judicial”, aclaraba en ese entonces el senador nacionalista Carlos Camy. La consecuencia directa es la suspensión del legislador, que puede ser levantada una vez concluido el proceso judicial. Así sucedió en el caso de Bianchi: después de que cumpliera una condena a 20 días de trabajo comunitario la Cámara de Senadores votó su restitución, en julio de 2019.
El desafuero de Manini Ríos por el caso Gavazzo
En noviembre de 2019 el fiscal Rodrigo Morosoli pidió a la jueza penal Graciela Vargas que pida el levantamiento de los fueros parlamentarios de Manini, quien en ese entonces ya era senador electo -la Constitución precia que los fueros parlamentarios entran en vigor a partir del momento en que una persona es electa-. La solicitud fue enviada por la jueza a la Suprema Corte de Justicia, que la redirigió al Parlamento pocos días después.
Durante la campaña electoral Manini aseguró que enfrentaría el proceso judicial sin ampararse en sus fueros, pero estrictamente esa decisión no es de él ya que se considera que son las cámaras las propietarias de los fueros y, por tanto, retirarlos depende de la votación en ellas.
La solicitud de desafuero ingresó a través de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. En ella, Morosoli plantea que hay elementos para imputar a Manini por omisión de denuncia, ya que no comunicó a la Justicia que el represor José Nino Gavazzo confesó crímenes contra la humanidad ante un tribunal militar. En particular, Gavazzo dijo que durante la dictadura, en 1973, se encargó de hacer desaparecer el cuerpo de Roberto Gomensoro, que arrojó al río Negro.
La posición del FA: “Desafuero o complicidad”
El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio difundió el último día de agosto un comunicado titulado “Desafuero o complicidad” en el cual destaca “lo que se avanzó en la lucha contra la impunidad” durante sus tres gobiernos y señala que “el ocultamiento de la información contenida en las actas del Tribunal de Honor”, por lo cual Manini es señalado, “es consistente con la práctica sistemática que han tenido desde siempre los partidarios de la impunidad”.
Con ese argumento, el FA señala que “el mantenimiento de los fueros constituiría un obstáculo en el camino de la verdad y justicia y un debilitamiento del sistema republicano de separación de poderes”.
“Hoy, no votar el desafuero es complicidad”, concluye el comunicado.
La negativa del Partido Nacional a votar el desafuero
La Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta comenzó a analizar la solicitud de Morosoli en abril. Los informes jurídicos presentados por los tres senadores del Partido Nacional que la integran señalaron falta de mérito para el desafuero. De la aprobación o negativa en la comisión depende que el asunto pase al Plenario.
Sin embargo, el debate fue mayoritariamente político y dentro de la coalición de gobierno los distintos partidos adoptaron posiciones diferentes. También el propio Manini cambió de posición: pasó de pedir que su desafuero se aprobara rápidamente a dar a conocer que se retiraría de sala y que tiene “justificadas dudas sobre la imparcialidad y la verdadera justicia que inspirará el proceso que se pretende iniciar”.
Los puntos suspensivos sobre el anuncio los puso el Partido Nacional el martes 8 de setiembre, cuando anunció que no daría los votos para que el proceso avance más allá de la Comisión de Constitución y Legislación y propuso postergar el tratamiento del tema hasta el 29 de septiembre, después de las elecciones departamentales.