La Justicia Especial para la Paz (JEP) acusó por primera vez a la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC por crímenes de guerra. El órgano, creado por medio de los acuerdos de paz de 2016, acusó en particular a ocho personas que solían integrar el Secretariado de la guerrilla por secuestro y otros delitos.
Algunos de estos ocho excomandantes de las FARC son actualmente dirigentes del partido que se formó tras la disolución de la guerrilla, que recientemente cambió su nombre a Comunes. Entre los acusados están Rodrigo Londoño, último jefe de las FARC y presidente de Comunes, y los senadores Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada) y Pablo Catatumbo. La lista la completan los exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape, Rodrigo Granda y Juan Ermilo Cabrera, que falleció el miércoles.
La JEP formuló estas acusaciones después de investigar durante dos años y medio los secuestros llevados adelante por las FARC. Lo hizo en el marco de lo que se conoce como el macrocaso 01, con la revisión de documentos, computadoras, informes públicos y de organizaciones civiles, y testimonios de cientos de víctimas y excombatientes, incluidos los acusados. Están acreditadas 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública, informó la agencia de noticias Efe.
“El secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos. Sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona”, escribió Comunes en su cuenta de Twitter, donde volvió a compartir un comunicado emitido en setiembre con la firma de los ocho acusados. En ese documento, considerado histórico en su momento, los excomandantes de la extinta guerrilla pidieron perdón por “un error gravísimo” y se comprometieron a revelar toda la información en sus comparecencias ante la JEP.
El presidente de la JEP, el juez Eduardo Cifuentes, se refirió indirectamente a ese documento en una conferencia brindada el miércoles después de que se anunciara la acusación: “[Los secuestros] no fueron errores en la guerra sino que son crímenes de guerra, y crímenes de lesa humanidad”.
El macrocaso 01 derivó en la acusación a los excomandantes por las “retenciones ilegales de personas por parte de las FARC, principalmente entre 1993 y 2012”, pero también fueron responsabilizados por los malos tratos que estas recibieron en cautiverio y delitos vinculados, como torturas, desplazamientos forzados, abusos sexuales y homicidio.
En un comunicado, la JEP señaló que esta es la primera de varias acusaciones. Como forma de trabajo, las causas se dividieron en varios macrocasos, en cada uno de los cuales se investiga un grupo de delitos (por ejemplo, otro está vinculado al reclutamiento de menores de 18 años).
El sistema de la JEP establece que cada uno de los excomandantes tiene ahora 30 días para aceptar, o no, su responsabilidad en los crímenes de los que es acusado, recordó el diario colombiano El Espectador. En caso de que alguno de ellos acepte, un órgano de la JEP definirá una pena no carcelaria de entre cinco y ocho años. En caso de que la rechace, habrá un juicio. Durante ese proceso, el acusado puede reconocer su responsabilidad, y podría ser condenado a entre cinco y ocho años de prisión, o esperar a ser declarado inocente o culpable, en cuyo caso será condenado a una pena de ocho a 20 años. En todos los casos las penas se acumularán a las que se deriven de las otras investigaciones de la JEP.