La sociedad civil organizada está derribando estatuas de colonizadores, esclavistas, torturadores y genocidas en todas partes del mundo. Muchas veces lo hace de forma violenta. A partir de la revuelta social de 2019 en Chile los manifestantes tiraron estatuas y bustos de Cornelio Saavedra, el impulsor de la “pacificación de la Araucanía”, y en Argentina se han hecho innumerables escraches contra los monumentos del general Julio Roca por “genocida”.
Estos son sólo algunos ejemplos de estatuas de personajes que han caído; las de Cristóbal Colón son las más elegidas en todos los países. Estas acciones se han repetido en Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, pero también en Estados Unidos, Canadá y Europa, en medio de las protestas antirracistas por el asesinato de George Floyd a manos de un policía en mayo de 2020.
El último de los derribamientos
Si se tiran estatuas es porque “ya no se tolera que sigan vigentes los símbolos del colonialismo”, dice Martín Delgado Cultelli, activista charrúa y experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Delgado se refiere al “colonialismo global” con figuras como las de Cristóbal Colón, pero también al “colonialismo interno de las repúblicas criollas” con figuras como la de Saavedra en Chile o la de Fructuoso Rivera en Uruguay. El primer presidente constitucional de la República, en cuyo honor se erige una estatua ecuestre de bronce en una de las entradas de la terminal de ómnibus de Tres Cruces, en Montevideo, es señalado como el principal ideólogo del genocidio charrúa en Salsipuedes. Según Delgado, hace más de diez años que el movimiento indígena realiza pedidos formales para retirar este monumento, que no han obtenido respuesta.
Para el activista, “cuando el sistema político e institucional es incapaz de incorporar las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y de hacer un reconocimiento real de los crímenes del colonialismo, lo que queda es que los propios pueblos se expresen de forma genuina”. En palabras de la antropóloga e investigadora afro Fernanda Olivar, lo que el movimiento social está haciendo es “derribar un relato”. Ve el derribamiento de estatuas como “algo necesario”, “la última forma de sublevación”, “porque para llegar a eso hay que atravesar un proceso muy largo, con muchos obstáculos a derribar; es la última patada que continúa a un montón de otras patadas que les tuviste que dar a los elementos constitutivos del sistema”.
Lo que Olivar lamenta es que cuando se tira una estatua sólo se vea el acto violento, sin dejar lugar a la interpretación del mensaje. “La acción en sí es reivindicativa y no tiene que ver con un llamado a la violencia; al contrario, son actos que vienen acompañados de procesos de denuncias y demandas, que están henchidos de una plataforma política y de acciones que ponen en valor otras formas de convivencia y de construcción de la identidad”.
Ahora, cuando la antropóloga se refiere a los procesos y reclamos del movimiento social uruguayo, dice que “estamos bien lejos de poder tirar abajo las estatuas de Rivera u otros”. Para eso, primero se debe pasar por un proceso muy crítico sobre patrimonio, identidad, cultura; sobre lo que debe ser fomentado, conservado y transmitido. Y agrega: “En nuestro país lo que está faltando es la posibilidad de pensarnos local y situadamente. Este es un debate pendiente porque recién empezamos a sacudirnos el colonialismo imperante, recién empezamos a identificar cuáles son los elementos que lo producen y reproducen en la actualidad. Esto no va a pasar de acá a mucho tiempo porque no están dadas las condiciones para transitar ese proceso”.
Martín Delgado.
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Desde el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Camila Gianotti cuestiona: “¿Por qué es tan difícil romper esos discursos hegemónicos y autorizados cuando hablamos de patrimonio y de recursos indígenas en Uruguay? Tiene que ver con que fuimos educados con la idea del Uruguay único y centralizado en Montevideo, que les da la espalda a otros devenires de la historia”. Para la arqueóloga, “el debate público sobre patrimonio a nivel institucional y estatal está en el mismo punto que hace 100 o 200 años. Ha tenido varios intentos fallidos de discusiones sobre las normas del patrimonio y hasta ahora seguimos con la misma ley aprobada en 1971. Una ley que ya nació vieja. No hay intención de discutir estos temas porque al Estado uruguayo le sigue siendo útil dejar las cosas como están”.
Los pueblos, las plazas, las calles
En Uruguay la estatua de Rivera no es el único símbolo que la sociedad civil organizada demanda remover. También han habido pedidos formales, impulsados por la Asociación de ex presos políticos de Uruguay (Crysol) y las organizaciones charrúas, para cambiar el nombre del parque Rivera en Montevideo por parque Nación Charrúa. El proyecto fue votado y aprobado por los vecinos y vecinas en el marco de Montevideo Decide, pero el cambio no se ha implementado aún. Lo mismo ocurre con el cambio del nombre de la avenida Rivera. Actualmente, una organización charrúa está haciendo el pedido de cambiar los nombres de las calles Niña, Pinta y Santa María, en el barrio Colón.
Delgado cuenta que en el barrio La Teja han habido varias iniciativas de los vecinos para cambiarle el nombre a la plaza Samuel Lafone, que homenajea al empresario británico que fundó el barrio (originalmente conocido como Pueblo Victoria en honor a la reina Victoria I de Reino Unido), instaló un establecimiento saladeril modelo y se dedicó al “tráfico de personas esclavizadas traídas de África” y de “inmigrantes europeos” que le quedaban debiendo el viaje hasta una década después, cuenta Delgado. Y agrega: “El tipo era como el dueño del barrio, por eso le pusieron su nombre a la plaza. Se ha propuesto cambiar el nombre por referentes del barrio como Raúl Bebe Sendic o Tabaré Vázquez”.
Otro de los cambios propuestos por los movimientos indígenas y afro es un proyecto de ley para cambiar el nombre del 12 de octubre, el Día de la Raza, por la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. “El feriado del 12 de octubre es una iniciativa que comenzó en España bajo el régimen dictatorial de Miguel Primo de Rivera a comienzos del siglo XX, que por intermedio de la diplomacia del Estado español logró que la totalidad de los estados de las Américas fijaran ese día como fecha patria. Es parte de una proyección política internacional de los sectores más reaccionarios de España”, explica Delgado. El proyecto de ley, que proponía llamar al 12 de octubre “Día de la Resistencia Indígena y Afrodescendiente”, fue rechazado dos veces. El Día de la Raza, para el antropólogo, hace referencia a la “raza hispana” como un “homenaje a los colonizadores”, cuando en realidad se “debería reconocer a las principales víctimas del colonialismo”.
Monumento a Rivera en Tres Cruces.
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Es interesante analizar en qué momentos históricos y contextos se crearon o aprobaron estas representaciones. El monumento a Bernabé Rivera en la ciudad de Tacuarembó fue instalado en 1977 mientras se afianzaba el último régimen dictatorial en el país. Una estatua que homenajea con la espada en alto al militar que dirigió el genocidio charrúa en Salsipuedes, y ubicada en las proximidades de la terminal de ómnibus de uno de los departamentos con más presencia indígena del país. En este sentido, Delgado dice que en 1975, el “Año de la Orientalidad”, le cambiaron el nombre a Pueblo Charrúa, en Salto, por Pepe Núñez, un almacenero de origen español que vivía en la zona, y a Pueblo Yacaré (Artigas), por Bernabé Rivera. “Pero mucha gente en Artigas le sigue diciendo Pueblo Yacaré. Y hace no muchos años un grupo de vecinos juntó firmas para que la Intendencia de Salto vuelva a nombrar Pueblo Charrúa [a Pepe Núñez], pero la Intendencia, nada”, agrega.
Delgado cuestiona: “Muchas veces se habla de que la revuelta que derriba monumentos está borrando la historia, pero ya han habido estas iniciativas de borrar la historia local, afro e indígena, siempre desde el desconocimiento de los usos y costumbres locales e imponiendo una visión de las élites que dominan el Estado central. La discusión historiográfica que hay detrás de esto es: ¿qué historia queremos narrar? ¿A quiénes debe representar la democracia o el Estado?”.
Buen convivir
Olivar defiende la idea de que “coexistan las memorias”: “Cuando se emprenden acciones hacia la reivindicación de un legado invisibilizado, no estamos pidiendo que se borre o que haya un epistemicidio del eurocentrismo como hubo con nuestras memorias y nuestras visiones. La solicitud es a volver a mirarnos y a reinterpretarnos de alguna forma”. La antropóloga no cree que con el derribo de estatuas se esté intentando borrar la historia, sino que la intención es la de “incomodar o interpelar”. Ella agrega: “No hay una solicitud de ‘tiremos abajo un libro de texto’; el pedido siempre es la incorporación de estas temáticas en el currículo oficial y de la representación en ciertos espacios. En la construcción de la memoria en Uruguay vemos que no hay un diálogo equitativo entre quienes habitamos el país, de poder generar estas interpelaciones y que sean válidas para el resto de la sociedad. Ahí está el mayor problema”.
Los especialistas coinciden en que el patrimonio es una “forma más de colonialismo”, que genera discursos homogéneos, autorizados. El patrimonio en Uruguay es “eurocéntrico” porque “reafirma el discurso oficial que tiene la posibilidad de afirmar qué es y qué no es cultura, cuáles de esos elementos tienen valor y cuáles deben ser conservados”, explica Olivar. Desde su área, Gianotti rescata del olvido a los cerritos de indios, los sitios sagrados para las poblaciones indígenas de Uruguay que “no están reconocidos como patrimonio, ni siquiera sabemos dónde están la mayoría”.
Olivar cree que una mirada más justa a lo que la sociedad considera patrimonio sería quitándole “la mirada evolucionista de aquello que fue, en algún momento, prístino, aquel estadio previo a lo que somos”. Porque desde su mirada afro “el patrimonio es pensar en las tecnologías y elementos que dan sentido y valor a la experiencia de vida de las poblaciones”. También se lo puede considerar un derecho humano, y un elemento con el que propiciar la buena convivencia entre los pueblos.