El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció este viernes en conferencia de prensa que junto al Ministerio de Salud Pública (MSP) intimarán a 470 establecimientos de larga estadía para personas mayores (elepem) a avanzar en la regularización de su situación para cumplir con los requisitos de habilitación necesarios. Asimismo, informó que unas 50 personas serán trasladadas a otros lugares porque se encontraban en centros que estaban “en condiciones sumamente negativas” que serán cerrados antes de fin de año.
En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores Lema destacó que se dio cumplimiento a un fallo judicial que disponía que tanto el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) como el MSP debían intimar a las instituciones y acelerar el proceso de habilitación.
“Este ministerio está siendo muy realista, porque le surge tener una tolerancia cero a cualquier situación en la que los centros no se ajusten a las características exigidas, pero también sabemos que si de entrada nos ponemos muy rigurosos hay que ver qué alternativas y opciones tienen estas personas, porque se supone que así como tenemos que incentivar la regularización de estos centros hay que dar opciones para mejorar sensiblemente su calidad de vida”, comentó.
A fines de agosto se conoció que el Tribunal de Apelaciones Civil de 4° turno falló en segunda instancia que los ministerios tenían 30 días para regularizar aquellos establecimientos que están en circunstancias críticas y 180 días para regularizar el resto. El fallo fue similar a lo que había sucedido en la primera instancia, cuando a los ministerios se les había ordenado lo mismo, pero sin plazos. Ahora, con la sentencia firme, el MSP y el Mides no pueden volver a recurrir.
La demanda contra los ministerios fue presentada de oficio por el fiscal Daniel Gutiérrez en setiembre de 2019, cuando reclamó “protección legal de las personas internadas en residenciales o establecimientos”.
Según los últimos datos de Instituto Nacional de las Personas Mayores, hay 1.204 establecimientos, pero sólo 19 habilitados, un porcentaje que no ha variado en los últimos años. Hay 114 que obtuvieron el certificado social que otorga el Mides, pero no alcanza para cumplir todas las disposiciones. El último relevamiento constató 230 establecimientos en condiciones de funcionamiento mínimas, 537 con problemas de vigilancia y 109 en riesgo inminente, recuerda El País.