Una disposición incluida en la Rendición de Cuentas, que fue modificada en el pasaje por el Parlamento y que establece que se habilitará el teletrabajo en las zonas francas de Uruguay ‒más allá de la emergencia sanitaria, que era la propuesta original del gobierno‒, bajo las condiciones que el Poder Ejecutivo establezca en una futura reglamentación, generó críticas del Frente Amplio y advertencias por parte de Gustavo Viñales, profesor de la Maestría Tributaria de la Universidad de la República. Creen que se trata de un retroceso normativo en virtud de los estándares internacionales que pesan sobre estos territorios libres de impuestos, que exigen controles para comprobar que se realiza actividad real y no hay “empresas de papel” ‒que se instalen sólo para acceder a los beneficios fiscales‒.
Este artículo fue solicitado por la Cámara de Zonas Francas al Ejecutivo buscando atender las particularidades de las empresas de servicios, y desde el gobierno se defendió su aplicación aclarando que se trata de una “limitada flexibilidad” que estará “debidamente regulada”.
El tema estuvo en discusión el jueves, cuando una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acudió a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, que estudia la Rendición de Cuentas.
Desde el FA, el senador y exministro de Economía, Mario Bergara consideró “preocupante” cómo quedó redactado el artículo tras el pasaje del proyecto por Diputados. “Estaría habilitando a que las zonas francas contraten personal que trabaje desde afuera, desde cualquier punto del país. El artículo que proponía el Poder Ejecutivo autorizaba esto sólo en situaciones de emergencia sanitaria, y eso podría llegar a ser entendible en el contexto que se generó durante la pandemia. El problema es que esta restricción se eliminó y quedó sin límite temporal”, sostuvo.
Para Bergara, con este cambio legal “se desvirtúa muchísimo la naturaleza de la zona franca”, porque “la idea” de este régimen de nula tributación ‒“tanto la original como la que ha ido evolucionando”, aclaró‒ “no incorporaba este concepto de que uno pudiera trabajar desde cualquier lugar del país”.
En respuesta, la directora del Área de Zonas Francas del MEF, Ana Alfie, señaló que “en ninguna circunstancia estamos diciendo que la sustancia o la actividad principal no se realice dentro de zonas francas”, sino que se dispone que en algunos casos “se van a autorizar oficinas fuera de zonas francas” y se aclara actividades que “no quedan comprendidas” en la flexibilización.
“Tenemos que cumplir con los compromisos de los estándares internacionales, entonces no podríamos nunca deslocalizar la actividad”, sostuvo. En esa línea, agregó que se trata de una “limitada flexibilidad”, que quedará “debidamente regulada” en la reglamentación que hará el Ejecutivo, en la que “definirá límites, parámetros y controles de forma precisa, estricta y eficiente, considerando siempre el espíritu de la ley y los objetivos del régimen”.
Controles, espíritu y sustancia
Gustavo Viñales, profesor de la Maestría Tributaria de la Universidad de la República e investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas, opinó en diálogo con la diaria que la modificación que impulsa el gobierno es “un paso atrás” en la normativa del régimen de zonas francas, porque no habrá forma de controlar el cumplimiento.
En tanto, el abogado Leonardo Costa, profesor de Fiscalidad Internacional en la Universidad Católica y asesor de la Cámara de Zonas Francas, dijo a la diaria que la posibilidad de establecer el teletrabajo “es esencial por el cambio que ha habido en el mundo y sobre todo en las empresas de servicios globales” en el último tiempo ‒más aún con la pandemia‒. Esto porque las firmas instaladas en Uruguay “compiten [para la contratación de personal] con el exterior” al ser actividades deslocalizadas.
Para Viñales, los inconvenientes que pueden surgir no son “internos” sino “de afuera, que en la revisión de pares vuelvan a observar” el régimen de zonas francas. “La reglamentación tendría que limitar muchísimo y afinar a quién dejás [teletrabajar] y en qué condiciones. Si fuera así, perdería absoluto valor la flexibilidad”, analizó. El tributarista consideró razonable habilitar el teletrabajo en momentos de emergencia sanitaria, como establecía la propuesta inicial del Ejecutivo. “Era una cosa extraordinaria, pero dejar permanente el teletrabajo se choca de narices contra el concepto original de exclave”, subrayó.
Respecto de las críticas, Costa declaró: “Podría decirse que puede perforarse en parte el sistema tributario en Uruguay, pero no creo que sea así, por el tipo de trabajo y lo que están pensando el Poder Ejecutivo y la Cámara de Zonas Francas”. Indicó que la idea es aplicar el teletrabajo de forma limitada, con turnos escalonados por días o semana, y sin permitir que se haga en empresas que no cumplan ciertos requisitos en materia de personal.