Luego de dos meses de trabajo, el martes llega a su fin la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur). En la sesión de este jueves la comisión se encargará de redactar el proyecto de resolución y tiene plazo hasta el último día –el martes– para redactar y entregar el informe final. Pero, dadas las diferencias sobre el tema entre el oficialismo y la oposición, seguramente se terminen elaborando dos informes –uno en mayoría y otro en minoría–.
El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, presidente de la comisión, dijo a la diaria que la propuesta de resolución que presentará este jueves la coalición de gobierno –lo que también incluye al Partido Independiente y el Partido de la Gente, que no están representados en la comisión– será el envío de todas las actuaciones a la Fiscalía. Sostuvo que esto se debe a un hecho que terminó siendo “determinante”: la denuncia penal que hicieron los legisladores del Frente Amplio (FA) sobre la gestión del exministro de Turismo Germán Cardoso, el 16 de setiembre, “luego de votada la comisión investigadora”.
“En los hechos, al momento de la creación de la comisión, esa denuncia no estaba. Luego se realizó esa denuncia, por lo tanto, entendemos de orden –y en aras de la transparencia– remitir todas las actuaciones de la comisión investigadora a la Fiscalía, que es quien tiene la competencia legal para tipificar si las conductas desarrolladas tanto por los jerarcas de la administración de Cardoso como por los jerarcas de la administración de [la exministra Liliam] Kechichian tienen la posibilidad de ser calificadas como una conducta delictiva. Si eso fuese así, serán ellos los que deberán proceder en consecuencia”, sostuvo el diputado.
Rodríguez agregó que si la denuncia penal del FA “no hubiese existido”, el Parlamento “tendría que haber tenido un examen mucho más pormenorizado de los elementos aportados”. Entonces sí, se definía “si correspondía o no la remisión a la Justicia”, pero, en los hechos, “el órgano competente”, es decir, la Fiscalía, “ya se encuentra en conocimiento de parte de lo que fue objeto de investigación” de la comisión. Por lo tanto, en opinión del diputado, “flaco favor” le haría la comisión en “no remitirle a la Fiscalía las actuaciones que a lo largo de estos dos meses ha desarrollado”.
Yendo al fondo del asunto, en base a la investigación parlamentaria, Rodríguez señaló: “De lo que se ha aportado no surgen elementos que a nosotros nos permitan afirmar que existen conductas o hechos con apariencia delictiva. Entre otras cosas, porque no tenemos las herramientas para avanzar aún más en la investigación. Con lo cual, entendemos que si la Fiscalía encuentra esos indicios, nos parece justo –y, repito, en aras de la transparencia– que cuente con toda la información que esta comisión investigadora ha recabado”, expresó.
El representante nacionalista recordó que, inicialmente, el diputado del FA Eduardo Antonini denunció una serie de hechos de la administración de Cardoso, y este último, ya de vuelta en su banca de diputado, se presentó a la comisión y dijo que “sus conductas se asimilaban a las que se venían realizando a lo largo de los últimos diez años de la administración pasada”, por lo que pidió que se investigue su gestión y la del FA.
“Lo que hemos podido apreciar con los elementos que tenemos a nuestra disposición es que, efectivamente, las conductas que a lo largo de su administración realizó Cardoso se asemejan sobremanera a las que desarrolló el ministerio durante la administración de Kechichian. Con lo cual, si la Fiscalía entendiese que durante la administración de Cardoso hubo indicios de irregularidades o de delitos, es muy probable que tenga que tomar el mismo criterio para la administración de Kechichian”, sostuvo.
Estas conductas relacionadas con las compras y gastos, aclaró el diputado, son “la compra directa, la observación por parte del Tribunal de Cuentas, la no certificación del Ministerio de Economía y Finanzas y la discrecionalidad al momento de la contratación de espacios de publicidad”.
Elbio y Kirma
Uno de los hechos más sonados de la gestión de Cardoso fue la contratación de la empresa Kirma Services, de Estonia, por un trabajo de publicidad digital de 280.000 dólares, que finalmente no se concretó –ni el trabajo ni el pago–. La propuesta fue presentada a la agencia de publicidad Young & Rubicam –que trabaja con el Mintur– por Elbio Rodríguez, amigo de Cardoso desde la adolescencia y su “colaborador honorario” en la cartera, según dijo ante la comisión.
Sobre este punto, el diputado Rodríguez dijo que lo que quedó “probado” en las actuaciones de la comisión es que Elbio Rodríguez “no tenía ningún vinculo con el ministerio, no era funcionario público, no estaba contratado”, que “durante unos meses estuvo colaborando” con Martín Pérez Banchero, el ex director nacional de la cartera, y que en diciembre envió por Whatsapp la propuesta de publicidad para que llegara a la agencia. “Eso es lo que está probado. Todo lo demás son especulaciones, conjeturas y opiniones”, subrayó el diputado.
Por último, sostuvo que la comisión tiene que investigar las cuestiones relacionadas con el funcionamiento del Mintur, pero “los vínculos entre Rodríguez y la agencia de publicidad son privados”.
“Cortina de humo”
Por otro lado, el diputado del FA Nicolás Viera, integrante de la comisión, dijo a la diaria que no se niegan a que pasen todas las actuaciones a la Justicia, pero quieren dejar constancia de que sobre el período de gestión de la exministra Kechichian “no pesa ninguna presunción de irregularidad ni de ilegalidad que haya sido objeto de estudio de la comisión investigadora”.
“Esto es una gran cortina de humo instalada por el diputado Cardoso, que busca empañar para poner a la misma altura de su gestión una gestión absolutamente intachable, como fue la de la exministra Kechichian. Cardoso se siente perdido, porque su gestión no colmó las expectativas de nadie, ni siquiera las del gobierno, y busca tratar de compararla con la de Kechichian, cuando son absolutamente incomparables”, subrayó.
Viera dijo que la coalición “no terminó de entender” que el FA nunca cuestionó el método de compra directa sino “el uso de la herramienta”. Puso como ejemplo que “no es lo mismo comprar 500.000 dólares a un solo proveedor que 300.000 dólares a seis proveedores”, así como no es lo mismo “incumplir” con el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera al hacer una compra directa que “seguir lo que establece” esa norma. “No es lo mismo tener asesores que buscan una forma de lucrar con el Estado a llevar adelante una gestión que busca el interés del Estado sobre lo privado. Son formas y métodos absolutamente diferentes”, subrayó.
En el último punto Viera se refiere a lo que buscaba Elbio Rodríguez cuando presentó a la empresa de Estonia. Según consta en la versión taquigráfica de la comisión del 28 de octubre, el ex “colaborador honorario” de Cardoso dijo que presentó a Kirma ajustando el presupuesto “lo más que se pudiera para poder ganar al cliente”. Su objetivo –añadió–, como “empresario”, era lograr que Kirma se convirtiera en un proveedor digital de la agencia Young & Rubicam y “que pudiera dar servicios no sólo a Turismo, sino a otros ministerios o entes del Estado”. “Es decir, quería generar una buena impresión, una buena relación costo-beneficio para la agencia, que pudiera contrastar y, a partir de ahí, mi idea era poder generar un negocio lucrativo”, agregó.
Sobre la dicho por el diputado nacionalista, en cuanto a que lo de Kirma y Elbio Rodríguez es un vínculo “entre privados”, Viera sostuvo que “la plata que está en juego es del Estado”, entonces, “deja de ser un tema entre privados”. Además, subrayó que los diputados de la comisión, a priori, no pueden “establecer cuestiones que tengan que ver con ilícitos o apariencia delictiva”, ya que “el que está en condiciones de hacerlo es la Justicia”. Por último, dijo que para la oposición lo que hay que llevar a la Justicia es la gestión de Cardoso, “que es el objeto de la denuncia presentada por el diputado Antonini”.