Hace varias semanas que en la discusión política está el proyecto de ley presentado por los senadores de Cabildo Abierto (CA) para otorgar prisión domiciliaria a los reclusos mayores de 65 años. Esta iniciativa beneficiaría a más de 20 represores que violaron derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado y se encuentran recluidos en la Unidad 8 Domingo Arena. Dentro de la coalición todavía no hay definiciones sobre el proyecto.
El secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, dijo a la diaria que “en términos generales” cree que una ley que establezca la prisión domiciliaria “tanto para civiles, como para militares, como para quienes sean”, es “algo humanitariamente razonable”; por lo tanto, “en principio, la sustancia del tema” le parece “adecuada”.
“Lamento que se haya planteado de este modo singular que, como consecuencia, genera un debate inoportuno, en momentos en que estamos discutiendo todos los asuntos referidos a la LUC [ley de urgente consideración]”, agregó. Sanguinetti subrayó que “más allá del detalle del proyecto”, la idea “es humanitaria”, por lo cual “en general” no cree “que nadie pueda estar demasiado en desacuerdo”.
En cuanto a las diversas críticas y advertencias que se han levantado sobre el proyecto, por el beneficio para militares condenados por delitos de terrorismo de Estado, Sanguinetti indicó que la iniciativa “también puede ser para muchos que no son militares”, lo que pasa es que “el tema lo planteó un grupo muy cercano al mundo militar”, entonces, “naturalmente, sesga el debate” hacia ese lado y establece “cierta inoportunidad”.
El jueves se reunió la Mesa Política de CA. Consultado el senador Guido Manini Ríos por la diaria acerca de los dichos del secretario general del PC, sobre lo “inoportuno” de presentar el proyecto de ley ahora, el líder de CA se limitó a decir que “es la respetable opinión del doctor Sanguinetti”.
En declaraciones publicadas este jueves por el semanario Búsqueda, el senador de CA Raúl Lozano expresó que esperan que el proyecto se apruebe antes de final de año, y que la expectativa inicial era que fuera presentado por el Ejecutivo. Esto no ocurrió, pero, según el legislador, la respuesta desde el gobierno fue “que lo presentáramos nosotros y que ellos lo iban a apoyar”. Sobre el beneficio para militares, Lozano respondió: “Las leyes se hacen con carácter general, no con nombre y apellido. Este proyecto responde al pedido de un trato humanitario justificado en el principio de humanidad sujeto a los organismos internacionales, al informe del comisionado parlamentario penitenciario y a la enfermedad del covid-19”.
“Un delito permanente y continuado”
En la línea de las críticas al proyecto, este jueves organizaciones integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron. En un comunicado que difundieron colectivos como la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, la federación Fucvam, la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la asociación de ex presos políticos Crysol y Memoria en Libertad, entre otros, indicaron que se pretende “sustituir las penas de prisión efectiva, a las que han sido condenados varios criminales de lesa humanidad, por penas de prisión domiciliaria”.
“Tal sustitución supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión, para la generación de las imprescindibles garantías de no repetición de tales delitos”, señalaron los colectivos.
Agregaron que de acuerdo a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que fue ratificada por Uruguay, “el crimen de desaparición forzada constituye un delito permanente y continuado”, por lo cual “sus perpetradores siguen delinquiendo y cometiendo este crimen, en el mismo momento en que se pretende trasladarlos a sus domicilios”.