Este domingo vence el plazo legal con el que cuenta el Congreso de Intendentes (CI) para ajustar los valores correspondientes al cobro de patentes de rodados para el año próximo, y las autoridades departamentales aún no llegan a un acuerdo.
La fecha límite tiene su origen en la Ley 18.860, que creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). En su artículo cuarto, la norma determina los plazos para la renovación de los valores de aforo de los vehículos y las alícuotas que les corresponden, insumos utilizados para determinar los costos de las patentes. El artículo establece la formación de una comisión encargada de determinar los valores correspondientes al año siguiente hacia el 31 de octubre, y encomienda al CI a expedirse al respecto dentro de un plazo de 15 días.
En ese marco, el intendente de Florida y actual presidente del CI, Carlos Enciso, dijo a la salida de una reunión para abordar el tema semanas atrás que el órgano trabajaba para alcanzar un acuerdo de manera de que no hubiese “un impacto a la suba”, aunque reconoció que eso no era “tan sencillo”. Entonces, apuntó a la posibilidad de llegar a “una resolución de lo que sea lo más plausible posible de equilibrio entre un ingreso, que es fundamental, y el bolsillo de la gente, que sabemos que está complicado”.
Sin embargo, y de acuerdo a lo que informó El País en primera instancia, dicho proceso se vio trunco, ante la falta de consenso en torno a diferentes propuestas de modificaciones paramétricas al cálculo de las patentes. En ese sentido, el jueves se celebró una reunión para poder dar punto final al asunto a contrarreloj, pero ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, la instancia pasó a un cuarto intermedio, y aunque se preveía una nueva instancia este viernes, eso no sucedió. Según supo la diaria, existe la posibilidad de que las autoridades departamentales mantengan una reunión virtual este sábado.
Tampoco había un acercamiento entre las partes involucradas. Por un lado hay reticencia a incorporar cambios a los valores de las alícuotas, a pesar de una caída en el valor de los aforos que calcula la empresa encargada de tasar los vehículos que deben pagar la patente, aparejado a la poca variación interanual en el precio del dólar.
Actualmente, y según se aprobó por unanimidad el año pasado, los automóviles cero kilómetro que hayan sido empadronados este año pagan una alícuota de 5% de su valor de mercado sin IVA –siempre y cuando el valor resultante no sea menor al pago de un vehículo de igual marca y modelo empadronado en 2025, en cuyo caso se equipara–, mientras que los usados desde 1992 en adelante pagan un 4,5% –aquellos de más antigüedad pagan tarifas fijas predeterminadas según el año de fabricación–.
Los vehículos eléctricos, en tanto, pagan 3% en caso de ser nuevos y 2,25% si son usados, y los camiones pagan 1,3% sean nuevos o usados y empadronados desde 2013. Además las motos pagan un tributo equivalente al 4,5%, siempre y cuando tengan una cilindrada superior a los 500 cc. De no haber acuerdo, las referidas tasas, así como los aforos, permanecerán sin cambios, y regirán los actuales a lo largo de 2027. Esto, a su vez, podría impactar en lo recaudado por los gobiernos departamentales.
Otro aspecto en torno al que no hay un consenso hasta este momento se vincula a la incorporación de incentivos para que las personas empadronen sus vehículos en sus departamentos de residencia, en cumplimiento con la ley, en algún momento del año.
Asimismo, existen desencuentros con respecto al valor de las alícuotas que deben pagar los vehículos eléctricos, y mientras que algunas autoridades postularon una suba, esto no encontró eco entre todas las autoridades. Algo similar ocurre con el caso del valor de la alícuota que deben pagar los usados, en torno a la que tampoco hay acuerdo. Esto ya había sido adelantado por Enciso, que explicó en octubre que “muchos intendentes” no se encontraban de acuerdo con condonar un aumento para las patentes de vehículos que “están perdiendo valor”.
A las dificultades para llegar a un acuerdo se suman además una serie de manifestaciones de algunos diputados, que a lo largo de la semana se pronunciaron sobre el valor de las patentes. En un posteo en la red social X, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone afirmó que, tal como lo hizo para “poner límites a los precios exorbitantes de las multas de tránsito”, la no reducción de “los precios de los autos a la hora de fijar los nuevos precios de las patentes” obligaría al Parlamento a abordar el asunto.
Por su parte, el diputado colorado Juan Martín Jorge acusó la existencia de “vicios que deben cortarse” dentro del Sucive y solicitó una “auditoría externa completa” del organismo”. Entre otras cosas, Jorge cuestionó la metodología de fijación de precios de las patentes, denunció que dichos números “no se ajustan a la realidad” y habló de “un conflicto de interés” por parte del CI, ya que “preferirá siempre fijar el valor de la patente lo más alto posible para cobrar más por ese concepto”.
“La única forma de solucionarlo es que los precios se fijen de forma transparente y con un efectivo contralor ciudadano”, afirmó el legislador, que acotó que el sistema actual “no da para más”. Así, y además de reclamar una rebaja del 30% de los valores de aforo vehicular, propuso un sistema a través del que “el valor de cada vehículo quede fijado al momento de su compra”, con una depreciación del 5% por un período de 20 años.