En medio de cambios en la directiva del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa), idas al Parlamento por problemas de gestión y conflictos en los centros, la directora por el Frente Amplio (FA), Andrea Venosa, señaló que la población adolescente privada de libertad cada vez permanece más tiempo en reclusión. En dialogó con la diaria, habló sobre la interna en la dirección del instituto, los problemas por la decisión de la presidenta Rosanna de Olivera –de Cabildo Abierto (CA)– de “no tener un equipo de evaluación” y los efectos de la ley de urgente consideración (LUC).
Cuando se discutía en el Parlamento el Presupuesto Nacional, en conjunto con la presidenta del Inisa y la directora por el Partido Nacional (PN), Sandra Etcheverry, habían elaborado una alternativa presupuestal para presentar, pero una hora antes de que comenzara la sesión Etcheverry le comunicó que finalmente no acompañarían ese proyecto. ¿Fue un punto de inflexión en la relación del directorio?
Esa fue una de las diferencias públicas que tuvimos, pero hubo otras anteriores con respecto a decisiones que había tomado la presidenta antes de que asumiéramos con Etcheverry –ella [De Oliveira] asumió en abril de 2020 y nosotras en junio–. Una de esas decisiones fue el haber desmantelado la evaluación y derivación de los adolescentes. A partir de la evaluación se derivaba al centro de permanencia donde iba a estar el adolescente. Es una decisión nefasta, porque hoy en día se están dando conflictos dentro de los centros justamente porque se juntan bandas o chiquilines que en el afuera han sido víctimas o victimarios, o han tenido algún problema entre las familias.
Otra de las decisiones fue hacer cambios en las compras de alimentación: redujo los costos y cambió la carne por carne porcina, por ejemplo. Eso también fue discutido por nosotros en el directorio, porque entendemos que los adolescentes están en una etapa de desarrollo en la que necesitan tener una alimentación variada, saludable, que incluya frutas, verduras y carne. La otra decisión que también discutimos, y fue otro punto de inflexión, fue el haber rescindido [el contrato] con Serpaj [la organización Servicio Paz y Justicia Uruguay] por un tema económico. A eso se le sumaron las faltas de educación formal, porque era el año de la pandemia y algunos no tenían los dispositivos adecuados [para seguir las clases]. Todo eso perjudicaba a los adolescentes y sumaba más horas de encierro.
A nivel público, de desencuentros entre las tres integrantes del directorio se pasó a hacer foco en Etcheverry y De Olivera, con la solicitud de CA para que se destituyera a la directora blanca. ¿Qué sucedió en el proceso?
Venimos de partidos distintos y tenemos distintos enfoques sobre cuáles deberían ser las políticas que debería implementar el instituto. Si bien tenemos la planificación estratégica que está aprobada para este quinquenio, con los recortes presupuestales se está haciendo muy difícil cumplirla. Hay algunos enfoques que llegaron desde el oficialismo, miradas más empresariales de los costos de la educación, de los talleres, de no poder hacer convenios con organizaciones sociales porque no hay dinero. Eso dificulta muchísimo llegar a los objetivos. En el oficialismo también hubo discusiones porque tenían distintos enfoques, y este proceso, en mi opinión, no se bajó a tierra: eso de poner las cartas sobre la mesa y decir: “Vamos a continuar”. Habría que haber puesto un poco más de paños fríos y no continuar con las diferencias en la prensa, porque eso no le hace bien ni a la discusión, ni a los jóvenes, ni a las políticas de Estado que tenemos que desarrollar.
Finalmente, a pedido del presidente Luis Lacalle Pou, Etcheverry no estará más en el Inisa y pasará a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. ¿Creés que hubo alguna negociación entre el presidente y CA?
La verdad es que no sabría decirte, porque es una decisión que se toma en la coalición de gobierno. Creo que el lugar de la secretaría es de suma relevancia, porque tiene que ver con el monitoreo de las políticas que se llevan a cabo para la garantía de los derechos humanos de la población en Uruguay. Para Etcheverry es un muy buen lugar y es una salida hasta decorosa. No sé si es lo que ella quería, porque había empezado en el Inisa y le estaba gustando mucho la temática. Es una salida que deja expectativa, vamos a tener que volver a conocernos.
En la comparecencia de hace pocos días, De Olivera apuntó a la herencia frenteamplista, sobre todo en relación a la situación edilicia, que dijo que ya está encaminada. ¿Cómo se está efectuando?
No se están haciendo cambios estructurales sino mantenimiento y pintura en los edificios existentes. Los edificios de la Colonia Berro datan de 1900; son edificios muy viejos que eran antiguos orfanatos y su disposición no es la adecuada para las medidas socioeducativas. No es un tema de hacer un lavado de cara y pintar, sino que el problema es la disposición de los edificios, que ya no son útiles. Tenemos una asignación de 60 millones de pesos por año, que apenas alcanza para esto que la presidenta menciona: hacer revoques y arreglar algunas humedades.
“Hay una situación crítica en términos de conflictividad y sostenibilidad institucional” en el Inisa, manifestó en la sesión la diputada del FA Bettiana Díaz. De hecho, ese mismo día hubo conflictos en distintos centros del instituto. ¿Ha aumentado la conflictividad?
Sí, hay varias áreas en conflicto hoy en el Inisa: Salud, Locomoción, Seguridad y Jurídica. Yo entiendo que es porque no se están generando los ámbitos adecuados con los trabajadores y las trabajadoras. Este directorio los recibe muy poco. Sí se realizan las bilaterales con el Suinau [Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Inisa], pero se requiere tener más trabajo en mesas, con los trabajadores por área. Hace poco tuvimos una mesa de trabajo con el área de seguridad; entre otras ideas, nos propusieron ajustar el protocolo de contención. Esto requiere afinar algunos aspectos después de la conflictividad que se ha dado en los centros, que llevó a que muchos trabajadores estuvieran heridos, lesionados, y tuvieran que ir al Banco de Seguros [del Estado]. Incluso nos dijeron, con mucho acierto, que habían pedido un montón de indumentaria, como cascos, chalecos y guantes, solicitamos que las compraran y todavía no les llegó, por lo cual muchos de ellos se tuvieron que comprar [esos implementos] por su cuenta para trabajar y no salir lesionados.
¿Y la conflictividad específicamente entre los y las adolescentes y el funcionariado?
Tenemos bastante conflictividad y entiendo que es porque hay más horas de encierro. Según un informe que pedí al observatorio del Inisa, en comparación con la actualidad, en 2019 había menos horas de encierro y más actividades socioeducativas. En dos años bajaron las horas de medidas socioeducativas: educación formal, no formal, todas las actividades fuera de la celda. A su vez, no tener un equipo de evaluación que estudie correctamente la situación de cada adolescente también hace que haya conflictos en el centro.
En julio de este año, la Guardia Republicana comenzó a cumplir tareas de capacitación en mediación dentro del Inisa, una contratación que fue criticada por el Suinau y por usted. ¿Su presencia recrudeció la violencia?
La Guardia Republicana no tiene especialización en adolescentes en conflicto con la ley, sino en adultos en privación de libertad. Entonces, le pidieron a la presidenta ingresar a los centros para ver cómo era la dinámica y la presidenta los autorizó, sin pasar el asunto por el directorio. Junto con Etcheverry nos opusimos a la realización de esos cursos; sin embargo, la presidenta los hizo de todas maneras. Esto provocó todo un conflicto innecesario en el centro de mayores de 18 años, pero no es que ese sea el causante. Este centro tiene alta conflictividad porque, además de ser mayores de edad, tienen más horas de encierro: en cada turno hay dos o tres funcionarios, es imposible trabajar con todos. No te da para hacer actividades, cumplir con los horarios de alimentación, llevarlos al juzgado, a terapia, al médico.
Se había alertado sobre la posibilidad de que, con algunas de las medidas establecidas por la ley de urgente consideración (LUC), la población adolescente privada de libertad iba a aumentar. ¿Sucedió?
Hace poco se publicaron los indicadores de penalidad juvenil y se ve claramente el impacto de la LUC. Hay adolescentes sentenciados por más de cinco, siete u ocho años, y hay mayores tiempos de privación de libertad en los adolescentes más pequeños, de 13 y 14 años. En consecuencia, pedimos al área de medidas socioeducativas que había que elaborar un protocolo o un programa que vea cómo va a trabajar con esos adolescentes que estarán tanto tiempo, pero no han escrito nada sobre el tema, y eso tiene que ser cuanto antes. Por otro lado, la LUC también derogó la suspensión condicional del proceso, que era un mecanismo muy utilizado por los fiscales. Por el momento hay una estabilidad en cuanto a la cantidad de adolescentes y hay un aumento de las medidas no privativas de libertad.
Hace unos pocos meses, el INAU le inició un sumario por 171 expedientes que el oficialismo denuncia no tramitó cuando era la directora de Jurídica en el INAU. ¿En qué quedó esta investigación?
Se dijeron muchas cosas. El presidente de INAU [Pablo Abdala] salió a la prensa a prejuzgar cuando, en realidad, ni siquiera se me había informado de las actuaciones. Recién hace poco pude comparecer en el expediente y ver de qué se trataba. Cuando salí de Jurídica del INAU, en abril de 2020, se me hizo una inspección en mi despacho y no había expedientes en trámite ni de tanto tiempo para atrás. Yo me fui tranquila del cargo por eso, pero posteriormente a que me fui, cuando la directora de sumarios fue a denunciar para su jubilación, a ella le hicieron una inspección de la que surgieron todos estos expedientes que ella no había tramitado. Son expedientes que nunca pasaron por mi dirección: los tenía ella. Por lo tanto, ahora está en investigación administrativa del INAU y es parte de las defensas que estoy esgrimiendo, porque a la funcionaria le permitieron jubilarse y ya no es funcionaria pública.
¿Qué balance hace de este período de gestión del Inisa y qué proyecta con la conformación de la nueva dirección?
Estamos bastante lentos. Creo que el Inisa ha tenido un desarrollo muy bueno en la administración anterior, pero ahora hay muchas políticas y acciones que no se terminan de completar, tanto por lo presupuestal como a veces también por voluntad del directorio. El egreso de los jóvenes, por otro lado, se está dificultando muchísimo y hay que poner más énfasis ahí articulando de forma interinstitucional con todos los demás organismos. Espero que esta nueva integración depare que se pueda lograr las cosas más eficazmente, que podamos trabajar realmente para los adolescentes en conjunto con los trabajadores y trabajadoras, y que se implemente el plan estratégico que aprobamos.