A 34 días de haber intervenido Casa de Galicia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) cesó su trabajo; hasta ahora las interventoras, Alicia Rossi y Nuria Santana, estaban trabajando en conocer la situación y preveían las tareas que desarrollarían a lo largo de varios meses, que podían extenderse hasta un máximo de un año. En un comunicado publicado este jueves, el MSP anunció la decisión y enumeró las tareas hechas por las interventoras: el desplazamiento de las autoridades de Casa de Galicia ‒lideradas por Alberto Iglesias‒, “la realización de un diagnóstico objetivo y preciso, tanto de la situación económico-financiera como asistencial”, “la protección del patrimonio” de la mutualista, “la garantía del normal funcionamiento, asegurando los derechos de los usuarios, sin adoptar medidas que afectaran el vínculo laboral de los trabajadores de la salud” y, algo que no había trascendido hasta ahora, “la presentación de una denuncia penal, a raíz de múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución”.
El MSP había resuelto la intervención administrativa de la mutualista el 26 de octubre “dada la grave situación económica de la institución, y ante su inminente impacto sobre el área asistencial”, se argumenta en el comunicado, que añade que el principal objetivo fue garantizar la asistencia de los usuarios y la protección de los puestos de trabajo. La intervención del MSP se produjo cuatro días antes de las elecciones de la Directiva de Casa de Galicia ‒en las que se volvía a postular Iglesias‒, que quedaron suspendidas, y 11 días después de que Iglesias solicitara que la institución ingresara a concurso de acreedores.
El comunicado repasa que el 18 de noviembre, el juez Leonardo Méndez, del Juzgado Letrado de Concursos de 1er turno, resolvió designar como síndico a la Liga de Defensa Comercial y “desplazar de sus funciones a las interventoras designadas por el Poder Ejecutivo”. En su decreto judicial, Méndez afirmó que era necesario nombrar síndico debido a la “insuficiencia del activo en relación al pasivo concursal” y que la intervención del MSP había continuado el trámite concursal y terminado “de levantar las observaciones formuladas en la solicitud de declaración de concurso voluntario” al que se había presentado Iglesias. El juez argumentó que el MSP “no decidió la liquidación” de la mutualista y que, “al resolver continuar el trámite concursal”, “optó por no continuar la intervención administrativa”. “La intervención administrativa no puede codirigir la sociedad conjuntamente con la Sindicatura, puesto que esta última es la competente para continuar con las riendas de la concursada”, tal como establece la ley de concurso, expresó el juez, que el 18 de noviembre dio un plazo de 30 días para que la intervención del MSP traspasara la dirección a la sindicatura.
En un escrito que presentó en el juzgado el lunes, el MSP “manifestó discrepancias, tanto con lo resuelto como con los fundamentos empleados”, relata el comunicado del ministerio, que desarrolla su argumento. “Con una adecuada coordinación, la intervención administrativa no era incompatible con el régimen concursal”, afirmó, porque tienen distintos objetivos: “La intervención administrativa a garantizar el régimen prestacional y asistencial (motivo por el cual habían sido designadas dos interventoras con vasta experiencia en gestión de instituciones de salud); el concurso a cuestiones económicas, en especial, a la satisfacción de los intereses de los acreedores”, expresó. Remarcó, además, que Casa de Galicia es “un actor clave dentro del escenario mutual” y que para el MSP es “prioritario velar por el aspecto asistencial”.
En respuesta a ese escrito, el juez reafirmó su postura. En el decreto que emitió el martes, Méndez apeló, en primer lugar, a razones económicas: “Mantener ambas intervenciones (judicial, a través de la Sindicatura, y la administrativa dispuesta por el MSP) implicaría un importante perjuicio económico para la deudora y, consecuentemente, para los acreedores, puesto que se duplicarían los créditos contra la masa”, dijo. Además, esgrimió “razones de orden jurídico” al decir que es incompatible el trabajo de los dos organismos, porque de acuerdo al decreto de intervención de las mutualistas, los interventores del MSP están habilitados “para recaudar las rentas que generen los bienes de la institución”, pero la declaración de concurso “determina necesariamente el traspaso de competencias del ámbito administrativo al judicial”. Igualmente, el juez aclaró que “el MSP mantendrá incólumes todas las competencias que le acuerda la ley y la reglamentación para el ejercicio de sus potestades regulatorias y fiscalizadoras”.
El mismo día, el presidente de la República Luis Lacalle Pou y los ministros de Salud, Economía y Finanzas y Educación y Cultura, Daniel Salinas, Azucena Arbeleche y Pablo da Silveira, respectivamente, firmaron la resolución en la que dejaron sin efecto la intervención administrativa (del MSP) y ordenaron a las interventoras poner a disposición de la Justicia o de los síndicos la documentación necesaria. Pero dejó sentada su discrepancia con la visión del juez: argumentó que la intervención administrativa (dispuesta en el artículo 280 de la Ley 15.903 de 1987) no fue modificada por la ley de concurso de 2008 y que por lo tanto no existe “incompatibilidad en la coexistencia de ambos regímenes”. Recordó, además, que “el MSP no consintió la solicitud de concurso”.
En el comunicado, el MSP le agradeció “el profesionalismo, diligencia y transparencia del accionar de las interventoras y de su equipo” y afirmó que “continuará con sus funciones de regulador y fiscalizador, manteniendo como principal objetivo asegurar el derecho de los afiliados de Casa de Galicia, y colaborando desde su rol de autoridad sanitaria con el Poder Judicial y la Sindicatura”.
El último punto del comunicado lleva el tema al plano político: afirma que Salinas “solicitó personalmente ser recibido en el Parlamento Nacional” y anunció que el 14 de diciembre irá a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Salinas ya estuvo en esa comisión el 3 de noviembre, una semana después de que estuviera Iglesias y de que el ministro pidiera audiencia, a través del senador cabildante Guido Manini Ríos, para dar su versión. Fue, justamente Manini, quien anunció en la prensa, el 26 de octubre, que el MSP iba a intervenir Casa de Galicia.